¿EN QUÉ QUEDAMOS GARAVANO?
El ministro de Justicia Garavano no ha dejado de decir, a quien lo quiera escuchar, que este gobierno y él mismo, como poder político, no puede interferir en ningún asunto que esté en manos de la justicia. En eso precisamente se ha excusado frente a los continuos requerimientos de nuestra Asociación a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de su ministerio, para que actúe frente a las barbaridades que la justicia federal comete contra los hombres ya ancianos que se encuentran encarcelados en prisiones que por su sólo carácter de prisiones implican un riesgo cierto de muerte para quienes pueden requerir atención urgente ante los achaques repentinos propios de la edad.
La respuesta ha sido siempre la misma. No podemos interferir en lo que está en manos de los jueces.
Respuesta falsa, como se lo hemos hecho notar muchas veces. Pero además de falsa, cínica. Para concluir lo cual basta recordar la reacción del Sr. Garavano cuando la Corte Suprema de Justicia admitió la aplicación de la ley del 2×1 a los acusados de los llamados crímenes de lesa humanidad. No dudó el ministro, y el gobierno entero, en ponerse a la cabeza de grupos vociferantes en las calles contra la decisión del máximo tribunal de justicia del país.
Hoy, viernes 14 de diciembre de 2018, La Nación publica otra manifestación del ministro Garavano cuyo título reza: “Garavano: hace muy mal a la imagen de la Justicia”. Allí se explica que ante la decisión judicial de liberar de la cárcel al Sr. Boudou en razón de no estar condenado, el ministro manifiesta que eso es un retroceso y que la justicia debería “tener en cuenta la mirada de la ciudadanía”.
Más allá del tremendo despropósito de que un hombre que preside el ministerio de justicia diga muy suelto de cuerpo que los jueces deben resolver conforme lo que indica la ciudadanía, cosa que pone de manifiesto que Garavano no tiene la menor idea de lo que significa la justicia, esto muestra además que lo que hemos dicho antes, la notoria falta de seriedad de un ministerio y de un gobierno que por un lado nos dice que no puede interferir en el desempeño de la justicia, y por otro sale a criticar a los jueces cuando estos no se pronuncian como quiere.