LA NACION

El ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 19, de Formosa, el 5 de octubre de 1975

La Cámara Federal revocó un fallo del juez Daniel Rafecas y le ordenó seguir investigando la denuncia sobre el pago de indemnizaciones fraudulentas a herederos de militantes de la organización Montoneros que murieron cuando atacaron un regimiento militar en Formosa, el 5 de octubre de 1975, que intentaron ocupar durante la vigencia de un gobierno constitucional.

Rafecas había desestimado la denuncia “por inexistencia de delito”, al considerar que “distintas autoridades administrativas avalaron el acceso a los beneficios” y valoraron el cumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes reparatorias (24.411 y normas ampliatorias). La apelación fue presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –admitida como querellante–, según la cual el pago de las “indemnizaciones fraudulentas” ascendió a unos $307 millones, a valores actualizados.

El tribunal que ordena al juez federal Rafecas seguir las investigaciones está integrado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. La denuncia había sido presentada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, uno de los conscriptos que había intentado repeler el ataque al cuartel, al grito de “¡Acá no se rinde nadie, carajo!”. Fue ultimado por los Montoneros y su hermana dedicó el resto de su vida a intentar lograr el reconocimiento de los caídos, hasta que murió durante la pandemia, en 2021. El periodista José D’Angelo, autor delos libros Mentirás tus muertos y La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, aportó, también, datos a la Justicia.

En el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa, murieron 13 militantes montoneros y, según la denuncia, existen constancias de que se pagaron indemnizaciones a familiares de nueve de ellos, cuyos nombres fueron incluidos en los registros oficiales de víctimas de la represión ilegal del Estado y son recordados también como tales en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.

En cambio, no percibieron ningún resarcimiento los deudos de los militares y policías que cayeron en defensa del cuartel y del orden constitucional: un subteniente, un sargento, diez conscriptos y un policía provincial. El operativo de los Montoneros incluyó el secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas para facilitar la fuga de los guerrilleros.

Responsabilidades

La apelación fue presentada por los doctores Ricardo Saint Jean y Laura Olea, por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que preside el doctor Alberto Solanet, ante “la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que habrían convalidado “la registración oficial de presuntos casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el fin de que sus causahabientes cobraran indemnizaciones en forma indebida”.

La denuncia procura determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos que avalaron el pago de las indemnizaciones. Principalmente, quienes se desempeñaron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En los trámites administrativos intervienen la citada repartición, que hoy conduce Horacio Pietragalla Corti –distintas versiones coinciden en que su padre participó de la planificación del ataque al regimiento de Formosa– y el Ministerio de Economía.

Se impugnaron en la presentación judicial los pagos recibidos por los familiares de José Daniel Graziano ($59,1 millones), Reynaldo Ramón Briggiler ($69,1), Juan Sebastián Hernández ($37,5 millones), Saúl Mario Kobrinsky ($54,8 millones), Jorge Alberto Livieres ($47,7 millones) y Luis Carlos Morero ($38,8 millones), a valores actualizados.

Los denunciantes indicaron que las leyes reparatorias (24.411 y ampliatorias) “no amparan la conducta de los funcionarios públicos que aprobaron indemnizaciones en casos que no encuadraban en las mencionadas normas o cuando una mínima indagación histórica, bibliográfica, judicial o documental hubiera llevado a una decisión contraria al otorgamiento del beneficio”.

“Como administradores del patrimonio común de los argentinos, su obligación consistía en verificar la causal invocada antes de autorizar la erogación al Estado”, se argumentó en la denuncia.

Rafecas había determinado en su fallo que, en los casos de Briggiler, Graziano, Hernández, Kobrinsky, Livieres y Morero, el beneficio fue otorgado “por los funcionarios intervinientes, en apego a las disposiciones normativas que regulaban el trámite” y que los actos de la administración pública gozan de “presunción de legalidad”.

Entre los fundamentos, el juez Bruglia dijo que en los casos impugnados “no hubo una declaración judicial de ausencia por desaparición forzada” y que se les concedió “el beneficio de la duda” a favor de los causahabientes, en orden al “principio de la buena fe”. Por esa razón, pidió “medidas probatorias” y determinar, a partir del expediente en el que se investigó el ataque en la Justicia de Formosa, las circunstancias en que murieron los atacantes del cuartel.