Hace un mes falleció el doctor Carlos Pedro Blaquier, quien será recordado como una de esas personalidades poco frecuentes cuyas trayectorias dejan una profunda huella.

A partir de 1970 y durante 43 años, Blaquier presidió el ingenio azucarero Ledesma, convirtiéndolo en una de las principales empresas del país. Para lograrlo, no solo transformó la empresa triplicando su capacidad de producción de azúcar merced a su modernización y tecnificación, sino que diversificó su producción agregándole valor a la caña de azúcar, con la elaboración de alcohol y bioetanol, cítricos, edulcorantes, papel y actividades agropecuarias.

Ledesma se ha destacado también por el cuidado del medio ambiente mediante la generación de energía de fuentes renovables, preservando más de cien mil hectáreas de bosques nativos en Jujuy en el área de las Yungas, y procurando la protección de especies en peligro de extinción como el yaguareté y otros felinos como el ocelote y el margay, y también otras como los tapires, corzuelas , coatíes y osos meleros.

Blaquier fue también una persona respetada por sus opiniones, influyente en el mundo de la política, un profuso escritor y conocedor de filosofía y un gran coleccionista y mecenas de las artes, reconocido además por una proverbial generosidad no solo material sino con su tiempo, en favor de personas e instituciones, de la que pueden dar fe todos aquellos que lo han tratado. En suma, una personalidad tan completa como multifacética.

Desafortunadamente, Blaquier tuvo que sufrir el resentimiento y la persecución política e ideológica, que desde hace décadas viene ensombreciendo nuestra convivencia civilizada, castigando en particular a quienes han trabajado para el desarrollo y la modernización del país.

Como en muchos otros casos, su nombre fue utilizado por activistas de derechos humanos con el velado propósito de ir tras los bolsillos del empresariado local.

Blaquier fue infundadamente acusado y perseguido en el contexto del frenesí por la reivindicación de la lucha armada de las organizaciones terroristas de la década de 1970 por parte de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Se lo acusó como partícipe de delitos de privación ilegal de la libertad de 31 personas que habían sido detenidas por fuerzas de seguridad en los meses de marzo, abril y julio de 1976. La acusación partió de la hipótesis, nunca probada, de que habría facilitado vehículos de la empresa Ledesma para la detención ilegal de esas personas.

Desde un comienzo, la causa estuvo sesgada por manifiestas motivaciones ideológicas y plagada de irregularidades que vulneraron los más elementales derechos constitucionales. El expediente se inició a partir de relatos inconsistentes de unas pocas personas que dijeron haber visto una camioneta con el logo de la empresa Ledesma participar en operativos de las fuerzas de seguridad, contradiciendo una mayoría de testimonios que afirmaron haber visto solo vehículos militares. Luego, se comprobó que la inmensa mayoría de las personas detenidas no eran ni jamás habían sido empleados de Ledesma.

Ante la renuncia del juez que debía hacerse cargo de la investigación, se manipuló la designación de su sucesor, con cuya anuencia se desplazó de hecho al fiscal actuante, designándose como fiscal especial para el caso a un abogado que hasta el día anterior había representado a varios querellantes en esas mismas causas, lo que configuró otra grosera burla a la imparcialidad de la investigación y al debido proceso.

La declaración indagatoria de Blaquier también estuvo rodeada de irregularidades, pues se creó una situación de encerrona al vehículo en que se lo trasladaba al juzgado, que terminó con un ataque que pudo haberle costado la vida.

Luego de muchas instancias, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los procesamientos y dictó su falta de mérito por concluir que no existían pruebas acerca de que Blaquier hubiese tenido conocimiento ni participación alguna en la supuesta utilización de vehículos de la empresa para la detención de personas. Recurrida esa decisión ante la Corte Suprema, y sin cuestionar la conclusión de la Cámara de Casación acerca de la referida ausencia de pruebas, el tribunal revocó la falta de mérito dictada por dicha Cámara sobre la base de argumentos meramente procesales en los que subyace la idea de que el apartamiento de su jurisprudencia tradicional de no revisar sentencias que no sean definitivas se justificaría, porque en el caso se imputaban delitos de lesa humanidad.

Ello motivó que Blaquier pasara sus últimos años teniendo que defender su inocencia no obstante su muy delicado estado de salud producto de su avanzada edad.

Este injusto maltrato, lejos de afectar su figura, la engrandece como la de otros argentinos que han tenido que sufrir el escarnio y la persecución producto del resentimiento, el odio y la ceguera ideológica.

A un mes de su fallecimiento, vale reconocer entonces a Carlos Pedro Blaquier como el gran empresario argentino que fue, un hacedor y luchador incansable que apostó con éxito a la industrialización y al progreso del norte argentino, con un profundo amor por nuestro país.

LA NACION