La película Argentina, 1985 tiene una precuela. Y la primera escena de esa precuela transcurre en Friburgo, Alemania, donde dos filósofos del derecho todavía jóvenes conviven bajo el mismo techo, convocados por sendas becas de estudio. Fue allí donde Carlos Nino habló con Jaime Malamud Goti de la necesidad de juzgar a los militares responsables del terrorismo de Estado durante una dictadura que por entonces, principios de 1982, empezaba a languidecer.

Hoy Malamud Goti, que fue fellow de la Fundación MacArthur y varias veces de la Harry Frank Guggenheim, recuerda aquella convivencia por dos razones. La primera, las charlas apasionadas sobre los fundamentos teóricos de un juicio que entonces parecía difícil de llevar a la práctica. La segunda, apunta con humor, el hecho de que Nino solía monopolizar el único baño que los amigos compartían. “La idea de los juicios fue de él y yo me entusiasmé. Nos convencimos de que había que ponerlos en marcha”, cuenta Malamud Goti, doctor en Derecho por la UBA, profesor universitario y miembro del consejo académico de Cadal.

Meses después, ya en Buenos Aires, ambos participaron de la idea al jurista Martín Farrell y a Genaro Carrió, respetado hombre de derecho que sería presidente de la Corte Suprema con la vuelta de la democracia. El grupo se reunía en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (Sadaf). Decididos a que la democracia asumiera el compromiso de llevar la teoría al terreno de los hechos, los cuatro juristas plantearon su inquietud a referentes de los partidos políticos más representativos. “Hablamos con Antonio Cafiero, con Ítalo Luder, con Raúl Alfonsín. Hay que tener en cuenta que los militares todavía tenían poder”, rememora Malamud Goti, que luego, como asesor de Alfonsín, tendría una actuación relevante en la implementación del Juicio a las Juntas.

–¿Cómo les fue con los políticos?

–El único que se entusiasmó de entrada fue Alfonsín. Tomó la idea enseguida. Era por naturaleza una persona abierta, receptiva, inteligente. Nos sentimos muy escuchados. A diferencia de los demás políticos, que habían reaccionado con bastante indiferencia. No eran partidarios de juzgar a los militares, especialmente Luder.

–¿Qué se hablaba en las reuniones con Alfonsín?

–Una cuestión era cómo reaccionaría el Ejército y qué problemas podrían sobrevenir. Nino fue siempre optimista y yo más bien era pesimista. El tema era hasta dónde se podía juzgar. Al principio la idea era juzgar a las Juntas y a algunos generales. Carlos quería juzgar a unos 200 militares. Yo pensaba en unos 20 o 30, me parecía que los juicios tenían que tener un carácter simbólico. El gabinete de Alfonsín estaba en contra de los juicios, con la excepción de Carlos Alconada Aramburú, ministro de Educación y Justicia. En esas reuniones estaban Raúl Borrás, que sería ministro de Defensa, Antonio Tróccoli y Dante Caputo, entre otros. Primero se discutían los juicios, y después tuvimos discusiones fuertes sobre hasta dónde llegar.

– Quizá quienes estaban en contra de los juicios anteponían el pragmatismo político en una democracia que al principio sería frágil…

–La nuestra era una idea moral, pero también política. Tenía que ver con la realidad de un país que de alguna manera debía empezar de vuelta. De todos modos, había que tener en cuenta que buena parte del país había apoyado a los militares. La sociedad argentina está siempre con el ganador, y eso me recuerda a Borges, cuando decía que un peronista es alguien que se hace pasar por peronista para sacar ventaja. Muchos se “hicieron militares” para sacar ventaja. Entonces mis temores iban más allá de los militares. Cuando empezaron los juicios hubo reacciones a favor y en contra. Como asesor del presidente, yo me reunía con militares en actividad para ver qué pensaban. Todos decían que los juicios eran viables, siempre que apuntaran a grupos que no tuvieran nada que ver con aquel al que ellos pertenecían o comandaban. Incluso dentro de las fuerzas, siempre los culpables eran los otros.

–¿Y qué percibió en la sociedad una vez comenzado el Juicio a las Juntas?

–Yo venía de un mundo de algún modo “pituco”. Y de allí recibía muchas críticas. Así como después recibí críticas del otro lado, cuando me tocó desarrollar y escribir la idea del punto final. Creo que en ambos casos quienes me criticaban creían en lo que decían. No eran deliberadamente hipócritas. En la Argentina, de acuerdo a la situación la gente va creyendo distintas cosas. A mí, en ciertos ámbitos me criticaron por defender a presos políticos. “Vos en el fondo estas apoyando a los Montoneros o al ERP”, me decían, y la verdad es que yo no tenía ninguna simpatía ni por Montoneros ni por el ERP.

–¿Cómo se gestó la implementación del Juicio a las Juntas?

–Mi obsesión era observar la prohibición constitucional de crear comisiones especiales para juzgar. Había que respetar las leyes del Código Penal. Todos los jueces de la Cámara Federal, menos uno, fueron nombrados por recomendación mía, tras conversarlo con Nino. Esa Cámara había que conformarla con cuidado. Debían ser jueces o miembros del Poder Judicial nombrados por los militares, pero de reconocida postura democrática. Y la combinación de estos jueces funcionó. Creo que la sentencia del tribunal fue muy buena.

–¿Qué sintió cuando arrancaron los juicios?

–Yo soy pesimista y miedoso. De entrada tiendo a pensar en los peligros que acechan. Mucho antes de los juicios un comodoro que era abogado me había dicho: “Si ustedes siguen pensando en los juicios no habrá elecciones o no va habrá traspaso de poder”. Después, un edecán de Alfonsín me dijo que en esos juicios iba a caer mucha gente que había hecho lo que tenía que hacer.

–¿Pensó que la democracia podía estar en peligro?

–Sí. Alfonsín, que era un hombre cauto, una vez dijo: “Mi pesadilla es despertarme un día y encontrarme con militares en mi habitación, decididos a tomar el poder”.

–¿Cómo seguía Alfonsín el desarrollo del juicio?

–Alfonsín era absolutamente prescindente, lo mismo que nosotros. A los jueces no se les imponía ni indicaba nada. Una vez nos juntamos en la casa de Nino con los jueces de la Cámara y con Alfonsín. El presidente solo les pidió que nos hicieran saber cuándo iban a tomar medidas relevantes, para estar preparados para los efectos políticos y militares.

–¿Con el fiscal Strassera tuvo algún contacto durante ese tiempo?

–Sí, tuve contactos con él. Yo le pedí a Alfonsín que nombrara a Moreno Ocampo, que había sido abogado de la Procuración, como su ayudante. Strassera era un tipo muy serio, lo menos simpático que había. Yo le tenía mucho respeto.

–En campaña, cuando hizo pública su intención de juzgar a los militares, Alfonsín habló de distintos grados de responsabilidad. ¿Cómo se llega a las leyes de punto final y obediencia debida?

–En el Ejército y la Armada crecía un malestar cada vez mayor de los subordinados hacia sus altos mandos. Sentían que no los defendían. Los principios de la obediencia debida habían sido muy pensados, pero en el Congreso se metieron políticos de quinta categoría, entre ellos Sapag, que agregaron a la ley que el principio no corría cuando se tratara de “hechos atroces y aberrantes”. Pero todos lo eran.

–¿Los mismos que antes se habían negado a juzgar a las Juntas ahora querían ser más duros que quienes habían impulsado los juicios?

–Sí. Con Petracchi y Bacqué, entonces jueces de la Corte Suprema, pensamos en darle una definición más precisa a esos “hechos atroces y aberrantes”, pero era imposible.

–¿Y el punto final, cómo llegó?

–El punto final vino por Moreno Ocampo, curiosamente. Yo salía de la Facultad de Derecho y él me dice “hay que consolidar lo hecho”, ante un Ejército que empezaba a movilizarse. Tiene razón, pensé. Y le llevé la idea de la ley a Alfonsín. Me parecía que no se podía seguir con esto para siempre.

–Esas leyes fueron muy criticadas en su momento.

– El otro día declaré ante el Tribunal Supremo de San Juan. Había cabos y sargentos presos por los hechos de aquella época. Eso me parece una violación de los derechos humanos.

–¿Y qué piensa de la reapertura de los juicios durante el kirchnerismo?

–Un disparate. Son juicios inconstitucionales, porque hubo un perdón presidencial y leyes de punto final y obediencia debida que no se pueden derogar.

–¿Qué pensó cuando Carlos Menem dictó los indultos?

–Me pareció inapropiado para ese momento. Quizá no lo hubiera sido cinco años después, antes de terminar su mandato.