“ESTALLIDO DE CONTAGIOS”
Tal como lo advirtiera esta Asociación desde el inicio de la pandemia, mediante reiteradas notas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal, reclamando la urgente remisión a detención domiciliaria de los adultos mayores detenidos por delitos de lesa humanidad expuestos a la muerte encerrados en cárceles que carecen de las instalaciones mínimas para atender urgencias, han estallado los contagios de COVID 19 en la Unidad 34, Cárcel de Campo de Mayo. Hay 28 infectados, uno de ellos fallecido el día de ayer, mientras se esperan los resultados de hisopados realizados al resto de este grupo de detenidos, cuya edad promedio es de 74 años.
Mientras tanto, para permitir su alojamiento en el hospital penitenciario central de Ezeiza, todos los presos perseguidos por los mismos delitos que estaban allí internados, han sido trasladados a la cárcel común. Once ancianos de los cuales tres están en silla de ruedas, los restantes usan bastón o pañales, o ambos, han sido llevados a un pabellón sin baños para discapacitados, sin atención médica, sin asistencia de ningún tipo.
El artículo 18 de nuestra Constitución hace responsables a los jueces por la salud y la vida de los detenidos a su cargo. Pero en este caso, la catástrofe de enfermedad y muerte, perfectamente evitables, que se ha permitido que caiga sobre este grupo vulnerable, pese a las reiteradas advertencias realizadas, también será responsabilidad de la Procuraduría de Lesa Humanidad: su titular la Fiscal Angeles Ramos, al pedido de prisión domiciliaria para un preso de 91 años detenido en el Hospital Penitenciario Central dijo: “Sacarlo de ese ámbito, donde no se han reportado casos, para ponerlo en otro respecto del cual no podemos asegurar nada, ni siquiera la atención de dolencias básicas por el colapso general del sistema sanitario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Por el contrario, el aislamiento respecto del resto de la población puede resultar beneficioso”. Una respuesta cínica ya que esa Procuraduría se opuso desde siempre a todas las domiciliarias, excarcelaciones o libertades condicionales de todos estos presos, sin antecedentes, que estan acusados de delitos ocurridos hace 50 años. El trato ilegal e inhumano que sufren estos detenidos, es producto del odio ideológico inspirado en la política de derechos humanos de la Nación desde hace 17 años, enfocada en un pasado que se empecinan en deformar con el objeto de justificar las discriminaciones y atrocidades que cometen en el presente.
Buenos Aires, 24 de julio de 2020.
Alberto Solanet.
Presidente
Carlos Bosch
Secretario