Es por plata

Es por plata

Editorial

 

“…los integrantes de esos grupos terroristas se mantienen impunes y han recibido cuantiosas indemnizaciones, e incluso han llegado a ocupar cargos de gobierno, pese a la enormidad de sus repudiables conductas. Entre 2011 y 2016, las indemnizaciones sumaron algo más de 4000 millones de dólares. Se estima que en total, desde el inicio y hasta que se satisfagan todos los reclamos, alcanzarán 11.200 millones de dólares. Para continuar lo que alguien denominó “el curro de los derechos humanos”, aún hay varios miles de solicitudes bajo análisis.

   Mientras tanto, desde que se llevó a cabo la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se impulsaron y se continúan abriendo cientos de causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como también civiles.”

 

Con estos párrafos finales, concluía su nota editorial el diario La Nación del viernes 16 de diciembre de 2017. La administración Macri acababa de lanzar su Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2020 que daba por tierra, definitivamente, con la promesa de campaña de “terminar con el curro de los DDHH”.

Nada ha cambiado desde entonces, con excepción de dos actos de involución manifiesta por parte de la Corte Suprema de la Nación, ambas negando derechos constitucionales a los juzgados por causas de “lesa humanidad”.

Está debidamente demostrado que a pocos importa que el propio sistema judicial argentino funcione precariamente y – en especial contra quienes se enfrentaron a las bandas terroristas que sembraron el caos y la muerte desde 1964 a 1989 – contra los propios derechos y garantías establecidos claramente en nuestra Constitución Nacional. Tampoco parece preocupar al argentino común, que por imperio de ese injusto, perverso y silenciado sistema, más de medio millar de militares, gendarmes, prefectos, policías, penitenciarios, funcionarios judiciales, civiles y sacerdotes hayan muerto en paupérrimas condiciones de arresto, sin la debida atención médica, olvidados por sus conciudadanos, por sus pastores y por sus propios camaradas y colegas. Ni los cientos que soportan prolongadísimos excesos de prisiones preventivas, aguardando juicios que – como modernas miniseries – se entregan por capítulos, transformando en costosas pesadillas los últimos años de veteranos que son indagados, acusados y procesados por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, sin pruebas suficientes, con testigos preparados en institutos y organismos oficiales, con recursos públicos.

Todo eso lo conocemos muy bien. Forma parte de la anomia, el desinterés y el individualismo que caracteriza a esta etapa de la vida de los argentinos.

¿Pero conoce el ciudadano de a pie cuánto le está costando y le seguirá costando al país este mamarracho jurídico donde se mezclan las ideologías, el espíritu de venganza y la codicia más vil? Los casi u$s 12 mil millones son restados a la educación, a la salud, a la seguridad. Pocos reparan que esa cifra es superior a la recibida hace horas desde el FMI, como un salvavidas de último momento para frenar el aumento del dólar y su consiguiente efecto inflacionario. Ese caudal de dinero sale de las arcas públicas: lo pagamos todos.

No se trata ya de darnos lo mismo que un miembro de una monarquía lejana y desconocida, tire flores al Río de la Plata en un acto infame – por su esencial estafa – en el que casi nadie se detiene a observar. Es ni más ni menos que un enorme negociado que va mucho más allá de los dementes objetivos terroristas de los 70’. Ahora les ha gustado nuestro dinero. Es mucho más atractivo que poner bombas o matar a un vigilante para quedarse con su placa y su pistola.

¿Sabrán eso los organismos financieros internacionales? ¿Conocerán en qué se gasta el dinero argentino quienes pretenden invertir en el país? No es gratis el incumplir promesas de campaña. Más cuando está en juego la vida de los compatriotas y el patrimonio nacional.

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