Causa ESMA: “Show must go on…”

Causa ESMA:
“Show must go on…”

Por Lara Ronín

 

(Bs. As.)- Luego de cinco años de juicio y un costo millonario, el 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral N° 5 de CABA integrado por el kirchnerista Daniel Obligado, Jorge Bruglia y Adriana Paliotti dictaron sentencia en el tercer tramo de la causa ESMA unificada.
Todos saben que los testigos faltaron a la verdad, y que sus testimonios fueron armados especialmente para la ocasión con intención punitiva, de probarlo se encargó el minucioso trabajo de las defensas prolijamente soslayado por el tribunal. También saben que los principios del derecho que aplicaron, violan aquello que la Constitución Nacional ordena. A nadie le importa.
En este aspecto la impronta del kirchnerismo sigue igual, jueces federales y secretarios continúan violando la ley como si fuese algo normal, y el Estado continúa acusando dos veces. Los responsables parecen que están genuinamente convencidos de que la ley
penal debe aplicarse retroactivamente y ordenan al resto de los agentes del Estado que también quebranten la ley, manteniendo privados ilegalmente de la libertad a miles de viejos, de los cuales más de 450 murieron en cautiverio.
Pablo Bertuzzi, el cuarto juez, llegó a manifestar en privado que más de un testigo debería salir esposado de las audiencias. Bertuzzi se destacó por formular preguntas orientadas a la búsqueda de la verdad, hasta que fue silenciado por los otros tres jueces, proclives a sostener incondicionalmente el relato de los testigos como verdad revelada.
El gobierno está condicionado por el examen que Mauricio Macri habrá de rendir ante los países del G-20, en noviembre del año próximo, en buena medida parte del futuro de la Argentina depende de ello. Por lo que al contrario de lo que hizo Kirchner en la cumbre de Mar del Plata, cuando comenzó a explicarle a George Bush cómo debía ser la política de los EE.UU. Macri tratará de mostrar una Argentina en claro proceso de saneamiento republicano luchando contra el narcotráfico y la corrupción con miras a la integración internacional y lograr el apoyo de inversiones extranjeras.
Para lograrlo, aprovechó el disciplinamiento y subordinación de los jueces federales a los dictados de Lorenzetti impuesto como políticas de Estado durante el gobierno anterior y pactó su permanencia en el cargo, impunidad y manejo de los procesos de lesa humanidad, a cambio de poner a la justicia federal ─inmovilizada durante el kirchnerismo ─ a trabajar y dar resultados en casos de narcotráfico y corrupción.
En este contexto fueron estériles todas las denuncias de “Lilita” Carrió en contra de Lorenzetti. Era evidente que el presidente de la Corte había logrado la protección de la conducción del PRO y “Lilita” se llamó a silencio. Por su parte, al iniciar el año judicial en 2016, Lorenzetti lanzó la nueva política de Estado: dar batalla al narco y a la corrupción de los agentes del Estado, con excepción de Odebrecht.
Al comenzar el juicio ESMA unificada en 2012, el Ministerio Público Fiscal, representado por Mirna Goransky, quien había participado en el tramo anterior, pareció tomar conciencia de las barbaridades jurídicas que se cometieron, y advirtió al Tribunal acerca de la nulidad de este juicio.
Naturalmente Goransky fue reemplazada y el proceso se continuó sustanciando, pues nada detiene este tipo de debates.

Los juicios de lesa humanidad deben celebrarse a como dé lugar, porque un show se organiza para el inicio y otro para celebrar el final. Además, estas causas continúan bloqueando la justicia federal de manera de asegurar la prescripción de las causas de corrupción de los funcionarios kirchneristas, eso es parte de la política de Estado creada por Lorenzetti para satisfacer las necesidades de Kirchner y del pacto corporativo de los jueces federales.
El obrar de la militancia judicial no es una actividad desconectada de los intereses de los tribunales, aún pervive el poder remanente de los “comisarios políticos” de los tribunales federales, que funcionaron durante el kirchnerismo encargados de filtrar información a los medios, anticipar las sentencias o las medidas que va a tomar el Tribunal, deslizar la dirección de un domicilio para uso de los escraches de la agrupación H.I.J.O.S. o coordinar las actividades para estigmatizar a los imputados, entre otras actividades ejecutada en violación a los derechos de éstos.

En el caso del TOF N°5 el “comisario político” es su presidente y juez de ejecución Daniel Obligado, quien opera en favor de los procesos de lesa humanidad más allá de sus obligaciones como Juez, gracias a su vinculación con querellantes como el ególatra y mitómano Carlos

 

Lordkipanidse, “la formoseña” María Bourdín (protegida de Lorenzetti), quien se esmera en producir contenido de los juicios de lesa humanidad para el sitio WEB de la Corte -CIJ-, así como con periodistas, entre otros, Alejandra Dandán puesta por la ex SIDE kirchnerista como relatora de los juicios de lesa humanidad en Página12 cuya existencia depende de la financiación otorgada por
el gobierno de Macri.
De perfil histérico, obsesivo y manipulador, Obligado está buscando el favor de Duhalde para ascender a juez de casación o al TSJ de la CABA, si el gobierno designa a la jueza Weinberg de Roca como jefa de fiscales, según las “gargantas profundas” del tribunal que lo desprecian por sus manipulaciones con el personal. Recientemente fue denunciado por la extraña e ilegal manera de lograr la libertad de Esteche poco antes de la muerte de Nissman. Esteche, condenado a una pena de 4 años, dictada también por el TOF N°5, tuvo la afortunada intervención de Obligado, quien organizó junto con Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, un curso telefónico que le permitió a Esteche, titular de la agrupación “Quebracho”
impulsada por la ex SIDE, acogerse a los beneficios de reducción de pena. El inusual hecho no llamó mayormente la atención de los otros jueces del tribunal y naturalmente pasó desapercibido para la investigadora de Página 12 y María Bourdín.
Con el cambio de gobierno, los jueces Bruglia y Paliotti, quien llegó a esta posición a “fuerza de romances”, comenzaron a consolidar posiciones más favorables a los principios del derecho y a imponer penas más acorde con las

 

 

sentencias de tribunales internacionales en la materia.
Así llegaron a consolidar una lista que puso en evidencia los montos desproporcionados impuestos por Obligado, siguiendo los criterios punitivos del kirchnerismo, que duplicaban y triplicaban las penas impuestas por los otros jueces.
Obligado maniobró hábilmente, y Alejandra Dandán advirtió en una nota de Página12, inspirada por Obligado y publicada el domingo anterior a la lectura del veredicto, que la causa vuelos se caería.
La estratagema del presidente del Tribunal logró su efecto, las absoluciones pensadas en un primer momento fueron revisadas y restringidas por Bruglia y Palliotti, con la finalidad de rechazar las absoluciones de los pilotos de Prefectura acusados por vuelos, así como la cantidad de prisiones perpetuas.
El destino de los pilotos de la Prefectura Naval quedó sellado a la pena de prisión perpetua, pese al detallado trabajo de la defensa que probó, más allá de toda duda razonable, que el vuelo por el que fueron imputados no fue tal, por lo cual surge evidente que Mirian Lewin y el mitómano del ex piloto de LAPA, Enrique Piñeyro faltaron a la verdad.
Los organismos de DDHH necesitaban que el veredicto de la causa ESMA estuviese jalonado con más del 50% de sentencias a prisiones perpetuas, lo que se puso en evidencia por la cantidad veces que las querellas contaron a los condenados a esa pena, en una planilla con las fotos de todos los imputados, cada vez que el tribunal anunciaba una nueva prisión perpetua durante la lectura del veredicto.
La necesidad de que en la ESMA se dicten severas condenas busca contrarrestar la tendencia a la baja en los montos de las penas que vienen imponiendo los tribunales del interior del país.
Empero los jueces del TOF N°5 no estaban dispuestos a verse en la obligación de absolver a los pilotos de Prefectura y tener que pedir, falso testimonio a testigos como Piñeyro y Miriam Lewin quienes se encargaron mediáticamente de difundir el engaño de sus afirmaciones, así como exponer al Juez Federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, por acusar falsamente y a sabiendas a un
imputado en causa criminal.
El problema se originó en la extrema debilidad de la acusación realizada por el Juez Federal Sergio Torres quien pese disponer de abundante información de marinos que podrían tener alguna vinculación directa con el tema objeto de investigación optó, gracias a un impedimento de origen radical, por acusar a pilotos notablemente desvinculados de los hechos, tal el caso de Julio Poch acusado por haber realizado un comentario relacionado a los vuelos durante una posta en la isla de Bali, lo que le valió al juez Torres un viaje a la
paradisíaca isla para comprobar “in situ” el escenario de los acontecimientos y analizar los manjares gastronómicos que habría probado el acusado.
Lo curioso es que otro marino que también resultó absuelto por los mismos hechos, llegó a debate por dichos de terceros acaecidos en Bariloche, empero ello no movilizó al juez a una  comprobación “in situ”, poniendo de manifiesto la preferencia del juez por los
destinos internacionales. Torres, ya había realizado un periplo por diferentes lugares de Europa a fin de recoger testimonios de testigos que permitiesen imputar a diferentes marinos. Este juez no fue el único viajero con cargo al costo del juicio, en el tramo anterior conocido como ESMA 1270, los secretarios Mariano Carcione y Victoria Soiza Really viajaron “muy juntos” a Miami y Madrid para recibir testimonio de testigos que no quisieron viajar a Buenos Aires.
También Obligado suspendió el juicio para realizar un viaje de “trabajo” y acompañar a su amada Massimino, a quien pretendió hacer ingresar a la familia judicial bajo su dominio, a exóticos seminarios allende Oriente Medio, para luego regresar a su colección de gatitos que observa obsesivamente durante las audiencias de los juicios, mientras los testigos deponen intentando llamar la atención del ocupado
juez mientras, los otros jueces, corregían sentencias que le alcanzaban la “novia” de uno de ellos o chateaban por teléfono, porque si hay un tribunal cariñoso sin duda es el TOF nro. 5 de CABA, todos ellos tienen romances prohibidos. Por supuesto ninguno escuchó los alegatos de las defensas y dictaron sentencias según sus necesidades políticas, cobardías o veleidades, como en los juicios estalinistas primero pusieron la pena y luego crearon los fundamentos que la justifican.

 

El inicio de la lectura del veredicto, como en casos anteriores, tuvo su irrupción fotográfica para garantizar la estigmatización de los imputados pese al pedido de las defensas de que se respete la obligación del Estado de sustraer a los imputados de la curiosidad pública, el show se materializó tal como fue programado.
Con la anuencia de Obligado se ubicó a los acusados que habrían de ser estigmatizados en primera fila y se lanzaron sobre ellos tres oleadas de quince fotógrafos. Tan agresiva fue la situación que Obligado, para disimular, improvisó una actuación manifestando su supuesto descontento con lo que estaba ocurriendo.
La sentencia de la causa ESMA fue un verdadero “esperpento”, si por justicia se entiende darle a cada uno lo que le corresponde, el veredicto claramente fue una venganza instrumentada por Obligado como un golpe escénico final de su elección por el kirchnerismo y la adhesión a las causas de derechos humanos, porque hace rato que quiere ser recusado para apartarse de lo que ya fue. Su gran “finale” dejó muchas familias desoladas que ingenuamente esperaban justicia del gobierno de Macri.

 

 

 

 

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