Existen más de 40 denuncias de hechos graves protagonizados contra vecinos y turistas en el sur.

Muy poco tiempo antes, miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) habían quemado el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, con total impunidad. Allí además usurparon tierras y su permanencia ilegítima en el lugar se prolonga ante la inacción oficial.

Los incendios fueron muchos, incluso con familias dentro de las viviendas, como ocurrió en Chile con el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes murieron cuando su casa fue quemada.

También en Chile, esas organizaciones terroristas incendiaron quince iglesias, del mismo modo que en la zona del lago Mascardi prendieron fuego a tres cabañas pertenecientes al Colegio San José, en el complejo Ruca Laquen. Además, violentaron el ingreso de las cabañas Hueche Ruca, del obispado de San Isidro, y robaron cientos de elementos para el hospedaje.

A pesar de aquellos hechos vandálicos contra iglesias y propiedades de instituciones católicas, así como de la irrupción de un grupo mapuche durante una misa en la catedral de San Carlos de Bariloche, el obispo de esa diócesis, monseñor Juan José Chaparro, intercedió en más de una ocasión en favor de los grupos violentos, con pedidos de esperas y diálogos que ellos solo utilizaron para ganar tiempo.

La situación más indignante se produjo con la toma de tierras en Villa Mascardi, un lugar paradisíaco junto a uno de los lagos más bellos del sur. Según la versión de los propios usurpadores, la ocupación comenzó cuando la joven Betiana Colhuan declaró haber recibido un mensaje extrasensorial que le decía que ese lugar era sagrado para ellos. Así de fácil.

Seguramente Colhuan no habría tenido la misma suerte si el mensaje extrasensorial le hubiera señalado como sagrados los lugares de ciertos hoteles en El Calafate, una zona que también caería dentro de las pretensiones de la Resistencia Ancestral Mapuche.

Para contribuir al absurdo, apareció un señor Luis Pilquiman, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que encabeza Magdalena Odarda, manejando una camioneta de la provincia de Río Negro, que aparentemente habría sido transferida al INAI. El vehículo transportaba a miembros de la comunidad mapuche a la toma de Mascardi, por lo que las fuerzas de seguridad promovieron una causa ante la Justicia.

Según declaró a quien escribe esta nota Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, el propio Pilquiman proveería de víveres a los usurpadores todos los fines de semana en vehículos oficiales.

Frutos sufrió ya seis ataques de los mapuches, uno de los cuales le provocó heridas de consideración, además de haber padecido el incendio de su casa, que resultó destruida en su totalidad.

Luis Pilquiman es hermano de Claudina Pilquiman, denunciada por falso testimonio en el caso Maldonado y una de las que estuvieron en aquel momento en el predio usurpado en Chubut. Por su lado, Luis Pilquiman mantuvo una participación activa en la coordinación de reclamos mapuches. Si se cumpliera con el Código de Conducta para Funcionarios, no debería estar ocupando ese cargo, ya que lo afecta un claro conflicto de intereses. Las propias comunidades mapuches que poseen tierras pacíficamente han declarado que el lago Mascardi no tiene relación alguna con posesiones vinculadas con esa etnia.

Quienes sí tienen vinculación con la Resistencia Ancestral Mapuche y con la Coordinadora Arauco Malleuco son algunas organizaciones terroristas de diversa procedencia, fundamentalmente la Guerrilla Internacionalista Kurda, por lejana que parezca. Los enlaces locales responden al ciudadano turco Abdullah Öcalan, condenado en Turquía a prisión perpetua por actos de terrorismo y separatismo de la región del Kurdistán. Los vínculos alcanzan a organizaciones de izquierda en la Argentina, tales como Quebracho o la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), entre muchas otras, con apoyo financiero palestino.

A propósito de apoyos palestinos, no podía faltar en el juego Roberto Cirilo Perdía, uno de los tres líderes de la conducción de Montoneros.

Montoneros recibió en los 70 entrenamiento de la Organización para la Liberación Palestina en Libia, Siria y El Líbano. En un gesto de gratitud hacia el terrorismo islámico, la cúpula montonera proveyó a la OLP de una fábrica de explosivos plásticos de esos que se usan para atentar contra edificios, y que se instaló en Beirut. Ahora Perdía brinda apoyo jurídico a las organizaciones mapuches que cometen actos de terrorismo.

En el portal Mapuche-Nation, perteneciente a la organización Mapuche International Link, con oficinas en la ciudad británica de Bristol, y manejado fundamentalmente por un señor Reynaldo Mariqueo, puede verse el mapa con las pretensiones de ese grupo, que abarca nada menos que la totalidad de la Patagonia.

No tiene sentido detenerse en el carácter absurdo de semejante reclamo, porque todas las reivindicaciones mapuches carecen de sustento desde el comienzo. Los mapuches, en realidad “araucanos”, porque proceden de la región chilena de Araucanía, no eran originarios del sur argentino. Habitaban en Chile y, a partir del siglo XIX, hacían incursiones vandálicas, lo mismo que ahora, en nuestra Patagonia, donde mataban pobladores, tomaban mujeres cautivas y robaban ganado. En la región de Cuyo, sojuzgaron a los huarpes, que sí constituían una etnia originaria, con una cultura propia del lugar.

Los araucanos o mapuches fueron combatidos por militares con pensamientos muy distantes entre sí, como Juan Manuel de Rosas y Juan Facundo Quiroga, por un lado y, años más tarde, Julio Argentino Roca, por otro.

Si los actuales mapuches son argentinos, deben someterse a la ley, o bien la Justicia debe actuar contra ellos con ayuda de las fuerzas de seguridad. Si no se consideran argentinos, como quieren demostrarlo al quemar nuestra bandera, desconocer la jurisdicción nacional y actuar coordinadamente con fuerzas del exterior, lo que están llevando a cabo son actos de hostilidad bélica que habilitan una respuesta propia de las leyes de la guerra, con las correspondientes garantías de las convenciones internacionales. Pero la realidad es que con las fuerzas de seguridad bastaría si los jueces cumplieran su deber.

En cuanto a los funcionarios del Ejecutivo, resultaría deseable que algún fiscal investigara si los hechos guardan alguna correspondencia con el delito de traición a la patria, previsto en nuestra Constitución y recogido en el Código Penal, que prevé hasta la prisión perpetua para quienes se unieren a los enemigos de la nación o les prestaren ayuda o socorro.