Juicio a las Juntas

La versión cinematográfica del Juicio a las Juntas da a entender por omisión que los militares un día resolvieron salir a matar, secuestrar y robar a un sector de la población que solo luchaba por sus ideales. En consecuencia solo ellos merecieron el castigo que esos jueces resolvieron en la sentencia, expuesta como una gesta. Nadie puede aprobar los excesos cometidos. Sin embargo no debe omitirse que defendieron al Estado ante el despiadado ataque del terrorismo subversivo, un ejército armado, entrenado y armado en Cuba, Libia y El Líbano, decidido a tomar el poder para imponer un estado marxista. Tampoco se puede ignorar las miles de víctimas inocentes que estos produjeron mediante bombas, asesinatos, tomas de unidades militares y secuestros. La sentencia menciona la existencia de más de 21.000 atentados. Los mismos jueces afirmaron que se trató de una guerra revolucionaria en la cual el Estado se vio agredido, pero la película nada dice de las aberrantes acciones y víctimas que produjeron quienes la provocaron e hicieron necesaria la intervención de la Fuerzas Armadas por orden del gobierno constitucional que ordenó la aniquilación del enemigo.

Con las leyes de amnistía sancionadas por el Congreso y avaladas por la Corte Suprema, más los indultos posteriores dictados por el presidente Menem, pareció que se habían dado las condiciones para la tan necesaria como urgente comunión de anhelos de paz y justicia, premisas indispensables para alcanzar la concordia política entre los argentinos. Pero no fue así. Se conoce fehacientemente el pacto celebrado entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky para posibilitar la instalación de una falsa política de derechos humanos, declarada como “política de estado”. Para la concreción de esa política era necesario “remover los obstáculos jurídicos” que impedían la reapertura de los juicios, como lo sostuvo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte. Ello se materializó pasando por encima de los principios básicos del Derecho, empezando por el de legalidad, pilar de las libertades en el mundo occidental, al aplicar una categoría de delito, el de “lesa humanidad” que no se encontraba legislado al momento de los hechos. Se desconoció la aplicación de la ley penal más benigna, y los institutos de la cosa juzgada, de la prescripción y del plazo razonable de juzgamiento, y se declararon inconstitucionales los perdones emitidos por la legislatura y el ejecutivo, mediante medidas pacificadoras que no son revisables por el Poder Judicial. La Corte Suprema y los jueces del fuero Federal, salvo algunas excepciones, cometieron ese gigantesco prevaricato.