24 DE MARZO

24 DE MARZO

Declaración de la Asoc. Civil Abogados por la Justicia y la Concordia 

 

El 24 de marzo, el relato, impuesto a macha martillo en nuestra sociedad y en el mundo, lo denomina “Día de la Memoria, Verdad y la Justicia”. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que lo ocurrido ese día del año 1976, no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada, provocada por un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos. Pocos hechos políticos en la historia argentina fueron tan previsibles, esperados y hasta impulsados por la gran mayoría de la sociedad y casi la unanimidad de la dirigencia política, como aquél golpe militar.

Desde entonces, aquí y en el mundo, fue instalada la mentira, con el concurso de medios ideologizados, ONG’s internacionales cooptadas por la izquierda y sembradoras de venganza y odio, gobiernos corruptos, dirigencia política en parte también ideologizada y en parte temerosa, jueces prevaricadores y protervos y un largo etcétera. En definitiva se ha logrado que hoy no se lo recuerde como a cualquier otro golpe de estado, debido a que este simbolizaría la derrota militar del terrorismo marxista y la guerrilla subversiva.

La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de la dirigencia de aquel entonces que no supo estar a la altura de las circunstancias, determinó como último remedio que las fuerzas armadas asumieran el poder. Recordamos, entre otros antecedentes, la irresponsable y ominosa ley de amnistía de mayo de 1973, que votada por aclamación en el Congreso, liberó a más de 2000 cabecillas del terrorismo, condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces intachables. Los amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero baño de sangre.

Si de memoria se trata podemos recordar que la guerra de los setenta fue una guerra cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones y bombas, que con otros hechos vandálicos suman un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo proclamado era alcanzar el poder para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Así también lo señaló la Cámara Federal en la sentencia dictada en la causa 13/84 por la que condenó a los Comandantes. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la orden de aniquilar el operativo terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales, en un combate muy difícil, debido a la metodología no convencional planteada por el agresor.

Si de verdad y justicia se trata, podemos verificar que la inmensa falsificación de la verdadera historia se acentuó cuando Néstor Kirchner, un presidente que, en razón de la debilidad extrema con que inicia su mandato, cimentada en poco más del 20% de los votos, hizo alianza con Horacio Verbitsky, un oscuro personaje de origen montonero, que se convirtió en uno de los ideólogos más influyentes del matrimonio Kirchner. Con él celebró un pacto espurio destinado a la colonización ideológica y material del Poder Judicial. Con la necesaria anuencia del Congreso y de muchos jueces, comenzando por la nueva mayoría de la Corte Suprema, se demolieron sistemáticamente los principios más básicos del derecho, apartándose groseramente del orden constitucional, para posibilitar la reapertura de las causas judiciales que habían fenecido quince años antes, en pleno gobierno democrático, por virtud de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, verdaderas amnistías, que fueron luego acompañadas por los indultos presidenciales. Todos habían sido declarados constitucionales en la década del 80 por la Corte Suprema.

La ley de “Punto Final”, fue declarada inconstitucional por la nueva mayoría de la Corte Suprema, eso si, únicamente para los delitos imputados a quienes defendieron al estado, mediante sentencias que además de violar el principio de legalidad, dejaron sin efecto fallos firmes del Alto Tribunal afectando además la cosa juzgada y con ello la seguridad jurídica. Se produjo entonces la más brutal ruptura del orden jurídico, desatándose una persecución implacable, vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, en todo caso, todos corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” y mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, casi todos sin condena, cuyo promedio de edad supera los 75 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos con más de 16 años en esa situación. Ya han muerto 635 en cautiverio, de ellos 529 sin condena, es decir inocentes. Hay decenas de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de una sociedad que ha optado por olvidarlos después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica. Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.

En consonancia con estas reflexiones la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a esta parodia de juicios. También hace dos años un grupo de los más destacados juristas argentinos, casi todos ellos académicos, manifestaron, entre otras afirmaciones que… “En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones. Esta asimetría hiere la conciencia y reclama urgente reparación. De lo contrario lejos de hacerse justicia se habrá incurrido en una grave arbitrariedad”.

El aludido pacto, celebrado en las sombras hace 17 años entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, origen de la escabrosa estrategia de dominación del Poder Judicial argentino en provecho de intereses espurios, que tanto daño hace a la República, tiene entre otros, dos objetivos, por un lado, el de su colonización para ponerlo al servicio de un proyecto ideológico totalitario y de persecución a opositores, y por el otro para ser utilizado como herramienta que garantice la impunidad por el enriquecimiento ilícito producto de la corrupción de funcionarios y personas cercanas al poder. Se puede conocer en detalle en el libro “El Pacto” recientemente editado por esta Asociación.

El plan se encuentra hoy en sus últimas etapas de ejecución. Entendemos que conocer cómo y cuándo comenzó y cuáles son los pasos que le siguen, resulta indispensable si queremos evitar que el alevoso objetivo se cumpla para ruina de nuestra Nación. Celebrar el 24 de marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni justicia, simplemente hipocresía.

Por Alberto Solanet y Carlos Bosch
Presidente y secretario de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

 

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