A medio siglo del 24 de marzo.
Por una justicia que no sea venganza.
Al cumplirse cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia considera imperativo dirigirse a la ciudadanía. No nos convoca hoy la reivindicación de un quiebre institucional, sino la denuncia de una degradación jurídica y moral que, lejos de cerrarse, se ha profundizado durante las últimas décadas.
Hace más de veinte años que la República Argentina asiste a una persecución implacable y sistemática contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta acción no se ha guiado por el examen riguroso de la conducta individual de cada hombre, sino por un estigma de origen: el haber combatido y vencido a la subversión que pretendía asaltar el poder por las armas.
La instrumentalización del dolor.
La fecha es emblemática. Sin desconocer el dolor sembrado en aquel tiempo de tragedia – dolor que aún persiste en toda la sociedad -, observamos cómo ciertos sectores que se autodefinen como víctimas han desvirtuado una causa que podría haber sido atendible. En su lugar, han diseminado el encono y la retaliación, transformando la bandera de los derechos humanos en un instrumento de enriquecimiento escandaloso a expensas del erario público.
Este proceso no habría sido posible sin la complicidad activa de sucesivas administraciones gubernamentales y la indiferencia – temerosa o pusilánime – de otras. Bajo un relato de supuesta ética, se ha construido un andamiaje de privilegios y prebendas que nada tiene que ver con la verdadera justicia.
El fracaso de las instituciones.
Como abogados, denunciamos una vez más, con pena e indignación, la claudicación y el prevaricato serial del Poder Judicial. Salvo pocas y muy honrosas excepciones, la magistratura no ha estado ni está a la altura de su misión moral y constitucional. Gran parte de los jueces se ha comportado como instrumento servil del poder político, permitiendo la vulneración de principios básicos como la irretroactividad de la ley penal, el debido proceso y el plazo razonable.
Esta calamidad se ha extendido a todos los fueros e instancias: el Poder Judicial se encuentra hoy en una paupérrima y triste condición, demostrando a diario que no está en condiciones de impartir justicia, esto es, haciendo que la ley se cumpla con eficacia y en tiempo oportuno.
Acompaña este escenario un periodismo que, en su mayoría, opta por mirar hacia otro lado, omitiendo el debate profundo y silenciando las arbitrariedades que se cometen en nombre de una memoria torcida y plagada de cinismo y falsedades.
Un llamado a la superación.
Una nación, si no carece de fortaleza, puede superar cualquier tragedia que le sobrevenga. Pero le será imposible si se muestra incapaz de hacer justicia. Siglos atrás lo expresó San Agustín con palabras certeras: “Arrebatada la justicia, ¿qué son entonces los reinos sino grandes robos? Acaso la justicia es la diferencia clave entre un reino y una banda de ladrones y, por lo tanto, solo si un reino busca la justicia en sus leyes, estas adquieren autoridad.”
La Argentina se encuentra por esto degradada. No existe justicia cuando la ley se aplica con asimetría y quienes atentaron contra el orden constitucional desde la insurgencia no encontraron tiempo, durante medio siglo, para esbozar siquiera una autocrítica. Nadie se hace cargo de la sangre vertida fuera del relato oficial; nadie agradece el sacrificio de quienes preservaron la integridad de la Nación.
Es hora de superar esta etapa de nuestra historia. La concordia no es olvido, sino el restablecimiento del imperio de la ley para todos, sin excepciones. Es momento de clausurar definitivamente las heridas mediante el reconocimiento de la verdad completa y la restauración de las leyes. Solo así la Argentina evitará que se la conozca como una banda de ladrones.
Alberto Solanet
Juan Antonio Vergara del Carril
Presidente
Secretario