La justicia federal recibió hoy un pedido para la reapertura de la investigación de uno de los atentados más crueles de la organización Montoneros, que 45 años después sigue impune. Se trata del ataque con una bomba de alto poder explosivo colocada el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que mató a 24 personas y causó más de 60 heridos y mutilados. Fue el atentado más sangriento en nuestro país hasta la voladura de la AMIA, en 1994.

La acción judicial apunta a lograr que los crímenes de los Montoneros y de otras organizaciones armadas de los años 70 sean declarados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e imperdonables. Es impulsada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto con otras entidades civiles, familiares de víctimas y el respaldo de unos 400 abogados.

A esta primera presentación seguirán más reclamos judiciales que buscarán el esclarecimiento de otros ataques de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Incluso, habrá denuncias contra el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó copar el regimiento de La Tablada en 1989, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.

Los abogados argumentan que la Cámara Federal, en la sentencia que condenó a los comandantes de las Juntas Militares tras la recuperación de la democracia, contabilizó 21.000 atentados, 5215 mediante el uso de explosivos, y más de 500 asesinatos que las organizaciones guerrilleras denominaban “ajusticiamientos”.

“No se trató de un hecho aislado, sino de uno más de los miles de crímenes cometidos por la organización terrorista, muchos de ellos mediante la colocación de bombas en lugares públicos y privados”, dijo a LA NACION Ricardo Saint Jean, hijo del exgobernador de la dictadura Ibérico Saint Jean y uno de los letrados que procuran reabrir la causa contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el edificio de la calle Moreno 1417.

La bomba explotó a las 13.20, en el horario del almuerzo, con presencia de mujeres y niños en un ataque facilitado por un infiltrado en la Policía Federal, que colocó un artefacto explosivo con nueve kilos de TNT y bolillas de acero.

En la denuncia se considera que la colocación de bombas es “la huella digital del terrorismo” y se recuerda que el 26 de junio de 1972 los Montoneros hicieron detonar más de 100 bombas en un solo día. “Cinco años después, la propia organización reportaba la colocación de 85 cargas explosivas en distintos puntos urbanos y de la red ferroviaria”, indican los abogados en el escrito.

También se incluye el pedido de detención de los principales líderes de la organización, como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Entre los que cumplían funciones estratégicas ubican a Emilio Pérsico, actual líder del Movimiento Evita y funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Señalan que son integrantes de “una asociación ilícita terrorista que actuó con apoyo de los gobiernos soviético, cubano y palestino, entrenados y armados por organizaciones terroristas y fundamentalistas islámicas”.

Otras causas que más adelante se pedirán reabrir son las del ataque al regimiento de Azul, el 19 de enero de 1974, en el que murieron el coronel Arturo Gay y su esposa, Hilda Casaux de Gay, el soldado Daniel Osvaldo González y el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal (secuestrado y ejecutado diez meses después), y el intento de copamiento del regimiento Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, que provocó la muerte de doce militares y un policía provincial.

Se intentará lograr, además, la reapertura de las investigaciones de crímenes cometidos por Montoneros en las llamadas Contraofensivas Estratégicas de 1979 y 1980, como los atentados con explosivos contra José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y Juan Alemann (todos miembros del equipo económico del gobierno militar) y el asesinato del empresario Francisco Soldati, a pocas cuadras del Obelisco.

Crímenes de lesa humanidad

El reclamo para la reapertura de la causa por la bomba al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fue presentado ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, porque allí se había tramitado el proceso.

Asimismo, se pide en el escrito que se deje sin efecto la resolución 158/2007 de la Procuración General de la Nación, firmada por Esteban Righi durante el gobierno de Néstor Kirchner. En esa disposición se instruye a los fiscales a adoptar el criterio de que “no corresponde aplicar” las categorías de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en casos como el del secuestro y posterior asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, por entender que esas figuras penales estaban formuladas “solo para ilícitos cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él”.

Las asociaciones que firman la presentación denuncian a la organización Montoneros, piden la nulidad de los sobreseimientos dictados y exigen que no se apliquen la prescripción de los crímenes, la ley de punto final y los indultos dispuestos por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

Y, en nombre de las víctimas, reclaman “la reapertura de los procesos formados por los atentados y homicidios perpetrados por los Montoneros, como reconocimiento del derecho a la verdad”.

La doctrina de la Corte

En el escrito se aclara que algunas de las asociaciones firmantes sostienen que tanto los delitos cometidos por las fuerzas estatales como los de los grupos terroristas guerrilleros en los enfrentamientos armados de los años 70 están prescriptos y amnistiados. Y entienden que los crímenes que se les imputan “no estaban contemplados como delitos de lesa humanidad en ninguna norma escrita”, dado que el Estatuto de Roma, que tipifica esos delitos, entró en vigencia para la Argentina en 2003 y en su artículo 24 prohíbe su aplicación retroactiva.

Sin embargo, observan que todos los tribunales federales adhieren a la doctrina sentada por la mayoría de la Corte Suprema, en el sentido de que tales delitos no requerían tipificación por escrito previa, por cuanto se tratarían de crímenes de lesa humanidad, sancionados desde siempre por el derecho de gentes, los cuales resultarían, a su vez, imprescriptibles e imperdonables. Así lo expresó sucesivamente el alto tribunal a través de los fallos Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo.

“Esa doctrina ha llevado desde 2003 al nuevo juzgamiento y encarcelamiento de más de 3500 militares, policías, agentes del servicio penitenciario, exjueces y fiscales, sacerdotes, médicos, empresarios y hasta baqueanos contratados en remotas localidades por las Fuerzas Armadas”, explican en la presentación.

Afirman que 661 de ellos murieron detenidos y hoy son juzgados y condenados a severas penas quienes en ese momento tenían las más bajas jerarquías de las fuerzas militares y de seguridad. En cambio, añaden, “las cúpulas de las organizaciones terroristas guerrilleras y la mayoría de sus miembros no solo no han sido juzgadas por sus asesinatos, secuestros extorsivos, tomas de cuarteles y comisarías y atentados con bombas que han dejado miles de muertos, heridos y mutilados, sino que han sido indemnizadas como supuestas víctimas”.

El atentado

La presentación judicial hace hincapié en las 5200 bombas colocadas por las organizaciones terroristas e insiste en que “la capacitación y entrenamiento militar de los miembros de Montoneros incluía el manejo, transporte y colocación de explosivos”.

La bomba que segó la vida de 24 personas en el comedor de la institución policial fue fabricada por la propia organización. “Se utilizó una bomba del tipo vietnamita, construida en los laboratorios que poseía en dos unidades básicas de La Plata, llamadas Juan Pablo Maestre y Héroes de Trelew”, se detalla en la denuncia.

Al recopilar información –algunas de ellas publicadas en revistas de la organización–, los firmantes de la denuncia explican que “un integrante de la agrupación guerrillera, exagente de la Policía, ingresó al edificio llevando en un maletín la bomba compuesta por nueve kilos de TNT y bolillas de acero. Colocó el artefacto explosivo en una silla que cubrió con un abrigo, luego activó el detonador de tiempo y se retiró del edificio alrededor de las 13. Veinte minutos después se produjo la explosión”.

Agregan que el mismo día, Montoneros se atribuyó la autoría del atentado. Y sus dirigentes se jactaban en declaraciones públicas de que contaban con un arsenal que provenía del robo a unidades y fábricas militares, a funcionarios policiales y a comercios dedicados a tal actividad.

“Todos los ilícitos cometidos por las organizaciones terroristas guerrilleras que tuvieron actuación en la Argentina deben ser calificados, a la luz del derecho de gentes y las convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por la Argentina a través del Decreto Ley 14.442/56, como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, de carácter imprescriptible e imperdonables según la doctrina de nuestra Corte”, señalan los firmantes de la presentación.

Los denunciantes indican que los organismos de inteligencia estimaban que Montoneros contaba con unos 7000 combatientes voluntarios, la mayoría entre 15 y 35 años. En la sentencia a los comandantes militares se calcula entre 15.000 y 20.000 los combatientes de las distintas organizaciones guerrilleras.

En el supuesto de que la acción judicial no prospere, las entidades piden subsidiariamente que se reanude la investigación en virtud del derecho a la verdad de las víctimas.

“Es un derecho reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por la Corte Interamericana”, explicó Saint Jean, convencido de que “los hechos descriptos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos cometidos por una organización guerrillera, cuyas consecuencias trascienden a los individuos y repugnan la conciencia de la humanidad”.

La acción judicial fue presentada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Centro de Estudios Salta, la Asociación Defensores de Derechos Humanos Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, con la adhesión de más de 400 abogados, y víctimas de organizaciones terroristas. Entre otros se destacan los diputados nacionales Francisco Sánchez y Jorge Enríquez, ambos de Juntos por el Cambio.