19/06/2022 – 01:00/Ellitoral.com.ar/ Opinión
JORGE SIMONETTI

“La verdadera historia de los 70 es la historia de todas sus víctimas”. Ceferino Reato, “Masacre en el comedor”.
Qué es un país si no recuerda a todos las víctimas de la violencia política por igual? Me permito transcribir algunos párrafos del imperdible libro “Masacre en el comedor”, del periodista y politólogo Ceferino Reato:

El libro

—“El sargento de guardia Oscar Domínguez caminaba sin apuro hacia la salida del edificio cuando vio reflejado en el vidrio del portón un fogonazo que le pareció de color azul eléctrico; la aureola diabólica de una bola de fuego que avanzaba desde el comedor devorando todo: cuerpos, mesas, sillas, armarios, pedazos de mampostería y hasta el escritorio del personal de vigilancia”.

—“El portón de madera, hierro y vidrio voló por encima de la calle Moreno al 1400, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y quedó estampado en la fachada de mármol del edificio de enfrente”.

—“De la bola de fuego solo se salvó la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Policía Federal, entronizada muy cerca del techo, a unos tres metros del portón de ingreso. La Virgen de cerámica no se cayó, ni siquiera se movió; atravesó indemne aquel infierno”.

—“Ciento diez heridos y veintitrés muertos, el saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo. Y el más cruento en la violenta historia de Argentina hasta el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) el 18 de julio de 1994”.

—“La bomba de Montoneros dejó incluso más muertos —una persona más— que la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, el 17 de marzo de 1992”.

—“Seis cadáveres quedaron destrozados, irreconocibles a simple vista: carbonizados; sin brazos ni piernas; decapitados o con la cabeza a medio colgar”.

—“Las características del artefacto explosivo utilizado contra la fortaleza de la Inteligencia policial: una ‘bomba vietnamita’, del tipo Claymore: además de entre cinco y siete kilos de trotyl, cargaba bolas o postas de acero que salieron disparadas como una metralla, que agujereó cuerpos, maderas y paredes, junto con los tenedores, cuchillos, platos, vasos, botellas, bandejas, y hasta la caja registradora y las patas de las sillas y mesas del comedor, que también salieron volando para todos lados”.

—“Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto ‘centro de gravedad’ de la represión ilegal de la dictadura, pero de los veintitrés muertos solo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y ‘Fina’ Melucci de Cepeda, empleada de YPF”.

—“El autor material del ataque fue José María Salgado, Pepe, un joven agente de policía de 21 años que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires. Los Salgado eran una familia de clase media alta que vivía en una casa de dos plantas en Olivos; el papá era abogado con un estudio muy activo en la zona de Tribunales, y la mamá, profesora de Ciencias, aunque no ejercía; su tío, Enrique Salgado, era general”.

—“Pepe Salgado se fue convirtiendo en uno de los recursos principales del servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, donde el hombre clave era el famoso periodista y escritor Rodolfo Walsh, Esteban, hoy un personaje de culto para muchos intelectuales y políticos, homenajeado con cátedras, premios, monumentos, plazas, calles, escuelas, centros de salud y hasta barrios enteros, en todo el país”.

—“Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común”.

—“La bomba que el agente de policía José María Salgado dejó en el comedor, siete minutos antes de que explotara, es un hecho terrorista. No es que Montoneros quería matar específicamente a los parientes de Cepeda, Paulik y Tejedo. No, usó sus muertes para enviar varios mensajes: a la dictadura, a la policía, a la sociedad”.

***

Creo que el valor agregado del libro de Ceferino Reato, así como de sus otras obras similares, es su capacidad de interpelación a todos acerca de una historia que todavía divide a los argentinos, en tanto desde los centros de poder se ha trabajado para amputar la memoria colectiva.

Como seres humanos, simplemente en nuestra condición de tales, no podemos permanecer impávidos ante la muerte, la masacre, la injusticia. Las víctimas nos lo reclaman, y“la verdadera historia de los 70 es la historia de todas sus víctimas”(Reato), de todas, no solo de una parte.

No podemos tener la pretensión de una nación sólida en tanto y en cuanto sus cimientos históricos no tengan un sentido de integralidad. Es que la grieta parte, precisamente, desde la estación del relato parcializado.

La parte conocida es la que le sirvió al kirchnerismo para su construcción política. La justicia, la memoria y la verdad se subordinaron a la nueva impronta, poniendo en valor una parte e invisibilizando la otra, la de la violencia guerrillera.

Ninguna persona bien nacida puede dejar de considerar que en un régimen de derecho, es inadmisible que el estado secuestre, mate, torture, haga desaparecer. La única justicia humana es la legal y a ella debemos someternos. El terrorismo de Estado es el crimen más repudiable.

Sin embargo, un Estado de derecho también supone medir con la vara de la justicia a todos los crímenes que se cometan, a todos. Los derechos humanos no son de derechas ni de izquierdas, forman parte del patrimonio de la condición humana.

Entonces, ¿qué nos pasó que amputamos una porción de la historia? ¿por qué no hablamos de la otra parte? ¿por qué el relato kirchnerista de Memoria, Verdad y Justicia arrastró a casi todos los partidos políticos, a gran parte de la sociedad, a los poderes democráticos? ¿Por qué elegimos a unas víctimas en desmedro de otras? ¿Por qué la memoria se hizo selectiva, la verdad parcializada, la justicia complaciente?

Los partidos políticos en general, en este siglo, se dejaron llevar por el relato kirchnerista. Alfonsín tuvo la valentía, ¡sí, la valentía!, de enjuiciar en 1985, tanto a las cúpulas militares como a los jefes guerrilleros, con decisión republicana y sin apoyo del peronismo. Sin embargo, los dirigentes radicales han acompañado, en general, la revisión parcializada de los 70 realizada por Néstor Kirchner en 2003. Lo propio sucedió con el PRO.

Dice Reato:“¿Qué pasó en esos veinte años? ¿Cómo fue que los exponentes radicales respaldaron el juicio y castigo a todos los militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad, pero el olvido de los atentados guerrilleros, y por lo tanto de sus víctimas, así como el perdón a sus autores?”.

Firmenich, Perdía, Verbistky, integrantes de la cúpula de Montoneros, no pueden morirse sin antes decirnos todo lo que hicieron, todo lo que saben.“No pueden estar en sus casas como jubilados que no han hecho nada”,dice Reato.

Nuevos caminos judiciales

Para hacer honor a la verdad, Reato no está solo en este reclamo. Además de una pretensión de verdad histórica, ahora hay una decisión judicial que convierte al examen de los hechos en una cuestión penal.

Ante la presentación de familiares de las víctimas, la Cámara Federal de Apelaciones ha ordenado la investigación del atentado de Montoneros contra el comedor de la Policía Federal ocurrido en 1976, que antes se había archivado por prescripción de la causa.

Teniendo en cuenta que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, su persecución penal no caduca por el paso del tiempo, el tribunal consideró que existen nuevos elementos para considerar como tales a lo sucedido en esa masacre. “Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”, dijeron los magistrados.

El núcleo de la cuestión jurídica no radica en que el atentado no constituya delito en términos de su calificación penal, sino en que los actos del terrorismo guerrillero sean delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.

El Cels, presidido antes por Horacio Verbistky, removido por el escándalo del vacunatorio VIP, se quejó del fallo diciendo que significa un avance de la derecha, argumentando al parecer que los derechos humanos y la justicia son sólo para la izquierda. Insostenible.

Jurídicamente, la cuestión está regulada por el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. En nuestro país, los tratados ratificados son ley vigente por disposición constitucional. Ese cuerpo normativo define los crímenes que las Naciones Unidas consideran de mayor trascendencia para la comunidad: genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. En 1968 se aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de estos.

El artículo 7º del Estatuto define los delitos de lesa humanidad como aquellos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de una organización.

La jurisprudencia nacional ha sido contradictoria, especialmente desde 2004. A partir del caso Lariz Iriondo, tratando un pedido de extradición de España respecto a Jesús Lariz Iriondo, un terrorista de la ETA detenido en a Argentina, la Corte Suprema de la Nación decidió denegar el pedido basada en el harto discutible argumento de que “en el derecho internacional no existe un desarrollo progresivo suficiente que permita concluir que todos y cada uno de los actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como ‘actos de terrorismo’ puedan reputarse, tan sólo por esa circunstancia, delitos de lesa humanidad”.

El voto de Zaffaroni fue decisivo. Consideró que el caso del terrorista de la ETA no es el mismo que los de Erich Priebke (nazi) y Lautaro Arancibia Clavel (terrorista chileno de derecha). El argumento del ahora primera espada jurídica del kirchnerismo, fue que no todos los actos terroristas pueden ser considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Los de Priebke y Arancibia Clavel sí, el de Lariz Iriondo no. No explica de manera consistente cuáles son las condiciones para que algunos actos terroristas ingresen en la categoría de delitos de lesa humanidad y otros no.

Zaffaroni diferencia donde no tiene que diferenciar. Sostiene que para que un acto terrorista pueda ser considerado delito de lesa humanidad, los delincuentes deben haber obrado bajo la cobertura del poder estatal. Ignora la expresa normativa del Tratado de Roma, que incluye en dicha categoría a los actos terroristas“cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de una organización”.¿Qué otra cosa fue Montoneros sino una organización?

En cualquier caso, los actos cometidos con apoyo del estado pueden ser considerados un agravante del hecho terrorista, como los cometidos por la Triple A, pero de ningún modo un requisito sustancial.

Ese argumento, por demás contradictorio, sirvió para que la Corte considere prescriptos los delitos cometidos por la guerrilla y hoy sean ciudadanos honorables los Firmenich y los Verbistky.

Se ignoró de manera flagrante que el terrorismo está expresamente incluido en los Convenios de Ginebra, a los que se refiere la “Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”.

Olvidó el alto tribunal, además, referirse a los numerosos tratados sobre el tema, tales como el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes y la abundante jurisprudencia internacional.

Como antecedente nacional válido, debe señalarse que la Justicia Federal ha calificado como delito de lesa humanidad al atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), producido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

Cerrar la grieta

Es por ello la importancia de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones en cuanto ordena continuar investigando el atentado contra el comedor de la Policía Federal, descripto magistralmente por Reato en su libro.

En lo penal, significa despojarse de los preconceptos pseudojurídicos que conducen a medir las mismas situaciones con varas distintas. En lo histórico, reconstruir un pasado a partir de las víctimas, no de los victimarios. En lo humano, dar respuesta a familiares de tantos inocentes que cayeron víctimas de bombas y violencia, y que siguen esperando que sus victimarios no caminen libremente por el suelo patrio.

Para los apreciados lectores, valga la aclaración que no es este artículo un instrumento ideológico para posicionarse de un lado de la historia. Pretende ser un aporte para que la sociedad tenga elementos de análisis en relación de los terribles sucesos de los setenta. La muerte por bombas, por tortura, por desaparición, por delitos, no tienen, no deberían tenerlo, una justificación política. Matar en nombre del Estado, haciendo alusión a una supuesta guerra, merece su castigo. Matar en nombre de una supuesta ideología, también.

Queda abierto el camino para que la historia se integre con una memoria no selectiva y que la verdad se abra camino entre los vericuetos de la oscuridad. Lo merecemos todos los argentinos, será una contribución para cerrar la grieta.

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral