Justicia e igualdad de derechos

Justicia e igualdad de derechos

Entre los muchos temas que agobian y preocupan a los ciudadanos, el de la Justicia se encuentra entre los primeros del ranking. Como sujetos de los derechos que el acceso a la Justicia debe garantizarnos –y que deberían encolumnarnos, sin diferencias, detrás del modelo republicano que fija la Constitución– preocupa que instituciones que agrupan a abogados deban accionar para reclamar respeto a la igualdad de derechos.

Representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y de Puentes por la Legalidad elevaron un petitorio y se reunieron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; su vicepresidente, Mariano Borinsky, y el secretario general del tribunal, Juan Montesano Rebón. El pedido se funda en la “grave discriminación en el juzgamiento y trato recibido por los acusados de delitos de lesa humanidad”, del que nos hemos ocupado desde este espacio en reiteradas ocasiones.

En los pasillos de los tribunales federales es sabido que las causas llamadas de “lesa” –en la jerga tribunalicia– corren por circuitos claramente separados del resto, con carpetas que se identifican hasta visualmente de manera distintiva. Que en la década del 70 organismos del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos no habilita a que quienes son acusados por delitos de lesa humanidad vean conculcados aquellos derechos fundamentales que la Constitución Nacional asegura a todos los ciudadanos, sin distinciones, en un juicio.

Las condenas a militares llegan habitualmente sin que se cumplan las condiciones del debido proceso, sin indagatorias que posibiliten su defensa en juicio, sin que se les concedan eximiciones de prisión, excarcelaciones o detenciones domiciliarias a mayores de 70 años, violándose así expresas disposiciones de la Convención Interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores, que exige un trato preferencial para ese grupo vulnerable de personas tanto en lo administrativo como en lo judicial. Mientras que el promedio de duración de la prisión preventiva durante el proceso en delitos comunes no supera 1,4 años, en los procesos por delitos de lesa humanidad el promedio es de más de 6 años, con casos de prisiones preventivas de 10 y 15 años.

La deformación procesal que instaura carriles diferenciales con claro sesgo ideológico se remonta a 2003, cuando Néstor Kirchner llegaba al poder. Para aumentar su escaso caudal electoral, hábilmente construyó un discurso dirigido a captar el favor de los simpatizantes de las organizaciones extremistas de izquierda en aquellos años duros de la llamada “guerra sucia”, ávidos de favores tanto como de fondos. Los indultos decretados para ambas partes en tiempos de gobierno constitucional quedaron sepultados por un nuevo status quo que, a partir de un relato falaz y sesgado de los hechos, reivindica el violento accionar de los llamados “jóvenes idealistas” e invisibiliza a miles de víctimas del terrorismo. Ya no tan jóvenes ellos, pero sí muchos de sus seguidores, se sumaron así activamente al gobierno, creando una superestructura normativa y judicial a los fines de juzgar sin imparcialidad a uniformados y civiles tras pasarlos por un tamiz de indudable conveniencia política.

Así es como en el año 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que reemplazó a la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos creada en 2008. Habida cuenta de la lentitud con que se mueve nuestra Justicia, entre sus principales objetivos, enunciados sin ambages en su página web, la PCCH menciona, entre otros, el de fijar criterios respecto de cómo deben proceder los fiscales para evitar dilaciones, alimentando anomalías legales que llevaron a convalidar procederes irregulares en todos los tribunales federales en los que recayeron estos juicios en todo el país.

Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente por el poder político y con “procedimientos de derecho penal especial” para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Cualquier intento por devolver las cosas a su justo cauce se da de bruces con una realidad que desborda arbitrariedades. Si una valiente fiscal como Cecilia Goyeneche no suscita los apoyos necesarios para permanecer en su cargo, las denuncias sobre verdaderas “usinas de generación de juicios” ligadas a la actuación de militares en los ‘70 no deberían sorprendernos.

Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente por el poder político y con “procedimientos de derecho penal especial” para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Cualquier intento por devolver las cosas a su justo cauce se da de bruces con una realidad que desborda arbitrariedades. Si una valiente fiscal como Cecilia Goyeneche no suscita los apoyos necesarios para permanecer en su cargo, las denuncias sobre verdaderas “usinas de generación de juicios” ligadas a la actuación de militares en los ‘70 no deberían sorprendernos.

Entre otras cuestiones, el Plan Estratégico incluye sumar nuevas representaciones en casos puntualmente elegidos, reanudar investigaciones y generar pruebas mediante la conformación de un equipo de peritos públicos propios de la secretaría, en forma paralela a la Justicia. El petitorio elevado al que nos referimos describe esto expresando que “organismos querellantes de derechos humanos con miembros de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad del Ministerio Fiscal, crean nuevos casos con testigos militantes –muchos de ellos indemnizados con sumas millonarias por el Estado–, cuya demora en haber revelado los supuestos nuevos datos y omitido su existencia en anteriores declaraciones nunca es tomada en cuenta y se les otorga plena credibilidad en los juicios”. Cabe recordar la cantidad de funcionarios de frondoso prontuario terrorista o de vínculo familiar estrecho con quienes intentaron tomar el poder ejerciendo la violencia indiscriminada en la década del 70 e incluso en tiempos de gobierno constitucional involucrados en las nuevas ediciones de un mismo plan. El espíritu de venganza a más de cuarenta años de los hechos se reaviva así año tras año con nuevos juicios y condenas en interminable sucesión, ahora al servicio de mantener la debilitada cohesión del actual Gobierno, disfrazando las verdaderas razones detrás de una política criminal y de clara persecución penal tan ideologizada como arbitraria.

La Corte Suprema acaba de advertir en un lúcido y trascendente acto en Rosario, que el más importante flagelo que sufre nuestra sociedad es el narcotráfico, cuyo poder se extiende dramáticamente en las grandes orbes. Los escasos recursos de la Justicia Federal argentina debieran encaminarse decididamente a solucionar los graves problemas del presente que sufre nuestra sociedad, y los jóvenes en particular, en lugar de continuar juzgando a las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por hechos ocurridos hace medio siglo.

Celebramos la disposición del magistrado Slokar a escuchar los justos reclamos y trasladar las inquietudes al pleno del tribunal. La audiencia constituye un valioso precedente. Incurrir en manifiesta violación de los principios constitucionales más elementales como el de igualdad ante la ley a la hora de administrar justicia deja en evidencia la preocupante dependencia del poder político de muchos de sus integrantes.

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