Carta a LA NACION del día 13/02/21

Inconstitucional

Nadie puede ser obligado a intervenir ni a cooperar en el asesinato de un ser inocente. La ley que acaba de sancionarse, que aprueba la práctica del aborto, dispone lo contrario. Establece severas penalidades respecto de los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, para el caso de que se nieguen a cumplimentar el pedido. Este feroz atropello al orden natural, a los sentimientos y las convicciones de la mayoría de los argentinos y a las clarísimas disposiciones de la Constitución Nacional debe ser resistido con toda firmeza, oponiendo el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por esta última y los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido ya se han pronunciado, además de numerosos tratadistas, jueces y tribunales de distintas jurisdicciones y fueros, como la Cámara Federal de Salta, que admitió las medidas cautelares presentadas contra el aborto, o la jueza María Aucar de Trotti, que suspendió la aplicación de la ley en la provincia del Chaco, hasta tanto se sustancie el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad. El sanatorio y Clínica Rivadavia de San Luis y el Instituto Médico de Río Cuarto ya han manifestado que no brindarán el servicio del aborto.

Destaco lo expuesto por el doctor Juan Manuel Soria Acuña, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, en la nota que publicó LA NACION, en la que afirma que “ninguna vigencia ni acatamiento puede merecer la ley sancionada en violación manifiesta de las normas expresas de la Constitución…” Esta firme postura debe ser ejemplo y principio de la resistencia ante la ley más inicua y cruel de la historia argentina.

Alberto Solanet*

asolanet@estudiosolanet.com.ar

El Dr. Solanet es presidente de la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia