ESCANDALO EN EL 165 PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH EN MONTEVIDEO

ESCÁNDALO EN EL 165 PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH EN MONTEVIDEO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invitó a organizaciones de la sociedad civil, Estados y demás usuarios del Sistema Interamericano a participar en la consulta pública sobre su Unidad “Memoria, Verdad y Justicia” que se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo el 21 de octubre de 2017.

El objetivo principal de la consulta fue recibir sugerencias sobre las líneas prioritarias de acción con miras a elaborar el plan de trabajo de la Unidad Temática para el periodo 2018-2019.

El “Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia” fue aceptado, inscribiendo como representantes a María Elena García, Elena Genise y Guillermo Jesús Fanego, siendo rechazadas las peticiones de “Justicia y Concordia”, “Puentes para la Legalidad” y entre otras  ONG. Sin embargo, a título personal inscribieron a Victoria Schaller, María Emilia Rey Saravia y Alejandra Lawless.

Abierta la sesión expusieron los lineamientos Paulo Abrao (Secretario Ejecutivo de la CIDH), Luciano Hazan (miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU), Rafael Barrantes  (CICR) y una docente universitaria. Seguidamente, Abrao, abrió el debate haciendo uso de la palabra representantes de organizaciones de diversos países del continente.

Al tomar la palabra Guillermo Jesús Fanego, comenzaron los silbidos y abucheos provenientes de un grupo de argentinos entre los que se encontraban fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, querellantes en las causas denominadas de lesa humanidad y abogados de organizaciones sociales. A pesar de ello pudo expresar que, en unión de criterio con aquellas organizaciones a las que se les vedó el acceso, solicitaban profundizar en la temática de trabajo pidiendo por una Memoria histórica completa para arribar a la Verdad de los hechos sucedidos en nuestro país y la reparación a todas las víctimas, especialmente de aquellas 17.000 que nunca fueron escuchadas por la Justicia y el Estado.

En el cuarto intermedio, los mismos que abuchearon y produjeron la silbatina, los filmaban, fotografiaban e intentaban provocarlos, pero  ninguno de los seis asistentes reaccionó.

En la segunda etapa, los participantes se dividieron en diversas comisiones a las que, en principio, se pretendía que no participaran los representantes del “Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia” y “Puentes para la Legalidad” ya que querían marginarlos en una comisión especial fueran del recinto en el que se instalaron las restantes, de lo que desistieron cuando se le advirtió al Secretario Ejecutivo de la CIDH, – Paulo Abrao-, que estaba incurriendo en un acto de discriminación e incumpliendo lo normativa expresa en la CADH, en especial su artículo lro. que dice:

  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

  2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Los seis se anotaron para trabajar en comisiones. A pesar de notar un clima enrarecido y advirtiendo que Abrao le entregó el micrófono a un participante de otro país, a quien le dio instrucciones proponiendo a los participantes que se votara por la exclusión de los “representantes de genocidas” y sin esperar que se formularan oposiciones los echaron. Vanos fueron los intentos por hacer respetar sus derechos ya que los militantes políticos no atendieron razones e, incluso, hubo momentos de violencia ya que ejercieron la fuerza para lograr su cometido.

Paulo Abrao ha demostrado su parcialidad militante que no se corresponde con la exigencia del art.34 de la CADH pues carece de autoridad moral para ocupar el sitial que, vaya a saber quiénes, le asignaron.

Este hecho repudiable nos confirma que, la CIDH, es un órgano que ha perdido el respeto por quienes opinamos distinto de aquellos que aún sostienen el odio sembrado durante las décadas de los años ´60 y ´70 que bañaron con sangre a nuestro continente. Ayer emplearon las armas, hoy se encaraman en organismos internacionales y locales para imponer sus ideas y pretender condicionar la decisión soberana de los estados americanos.

Ayer eran ERP, MONTONEROS, TUPAMAROS, MIR, etc.,  empleando las armas, hoy son CIDH, CELS, APDH, etc., que con el apoyo de los organismos internacionales y la corrupta justicia local puesta de rodillas y cooptada por los mismos grupos militantes pretenden imponer su ideología destructiva.

El bochornoso escándalo en el que fueron agredidos nos lleva a sostener que nuestro país debe replantearse su permanencia en órganos como la CIDH pues, en los últimos tiempos presenciamos azorados la activa y militante actividad de esa comisión en el caso “Milagros Sala” y “Maldonado” en el que Francisco Eguiguren (presidente de la CIDH) tenía previsto una reunión privada con representantes del gobierno, en el ámbito de la 165 período de audiencias públicas (Montevideo 23 al 27 de octubre de 2017), para exigirles que declaren que se trata de una desaparición forzosa de persona.

Estos militantes internacionales que solamente responden a sus intereses ideológicos y son solventados por todos los habitantes de Latinoamérica, pretenden sojuzgar a los estados e imponer su voluntad malintencionada a la justicia con sus secuaces locales (CELS, MADRES y ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, APDH, etc.), imponiendo sus políticas minoritarias desde organismos supranacionales y subordinación a las decisiones allí pergeñadas. La aplicación de la doctrina monista imponiendo la primacía legislativa internacional, sobre las decisiones soberanas de los Estados les permite el acceso al poder que no lograrían mediante el voto del pueblo.

Ante tan evidente demostración de formar parte de intereses facciosos proponemos una campaña para que Argentina formule la denuncia de esta Convención, conforme el procedimiento previsto por el art. 78 CADH, recordando que ello no importará ningún retroceso en materia del DDHH pues los derechos y garantías con parte integral de nuestra CN incorporados por vía del art. 75 inc. 22.

Esta decisión será un acto soberano a fin de impedir que, minorías involucradas ideológicamente, continúen con su perverso accionar contra la integración nacional pretendiendo la disolución y dislocación territorial evidenciada en el caso de los mapuches dentro de nuestro territorio y de la hermana República de Chile y la intromisión indebida en cuestiones jurisdiccionales.

 

Fuente: “Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia”

 

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