Tal como lo denunciamos documentadamente en el libro “EL PACTO KIRCHNER VERBITSKY”, en 2003 el presidente recién electo con sólo el 22% de los votos, temeroso que el propio peronismo boicoteara su gobierno, tomó contacto a través de su equipo de campaña con Horacio Verbitsky con el objeto de realizar una alianza con la izquierda vernácula e internacional. Hasta ese momento, ni los Kirchner se habían manifestado a favor de la izquierda revolucionaria o interesado en los DDHH, ni Verbitsky había sido su partidario. El apoyo de Verbitsky y su silencio ante la descarada corrupción que se desplegaría desde el gobierno tenía un precio: el compromiso de reabrir los juicios contra los militares por los hechos de los años 70 y cederle al cels el diseño y manejo de la política de DDHH.
Estas dos corrientes, conformadas por un grupo de ladrones australes y el confeso integrante de la organización terrorista “Montoneros”, generaría la mayor agresión planificada de corrupción, cambio cultural, destrucción del Derecho y dominación de las instituciones que haya recibido nuestro país en toda su historia.
La alianza entre chorros y socialistas del siglo XXI, se adueñaría del Estado, y sancionaría el DECRETO 1086/2005 CUYO ANEXO “HACIA UN PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”, que mantendrían sin publicar, explica todo el dramático cambio cultural que sufrimos, y comenzaría a darle forma a través de la educación, de la propaganda, del soborno y de las amenazas, a un modelo alentado desde Cuba que llegaría a su zenit en Venezuela y Nicaragua. “Página 12”, clásico denunciante de los actos de corrupción de distintos gobiernos, pasaría a convertirse en un manso cordero en su nuevo rol de vocero anticipatorio gubernamental.
Ambas corrientes se propusieron desde el inicio para lograr sus fines, dominar el Poder Judicial empezando por la destitución de los miembros de la Corte Suprema. Para ello les iniciaron a todos juicio político con la ayuda de Lilita Carrió, sometiéndolos al escarnio público. Los escracharon junto a sus familias en sus domicilios, les pintaron los frentes de las casas y los amenazaron y los agredieron físicamente.
El paso siguiente fue el ataque contra los miembros de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país: diez de sus jueces se retiraron después de sufrir sus embestidas; cambiaron la ley de integración del Consejo de la Magistratura para asegurar una mayoría que decidiera la permanencia o la remoción de los jueces, y se lanzaron al copamiento del Ministerio Público Fiscal por parte de miembros del CELS y de la Asociación Civil Justicia Legítima.
La creación de esta última agrupación político judicial, con su soviética renuncia al principio de imparcialidad del juez y la asunción de un compromiso ideológico en el ejercicio de la función judicial, marcaba el camino hacia una justicia parcial, militante y contraria a la libertad necesaria para lograr los objetivos propuestos.
Simultáneamente, la nueva mayoría de la Corte cumpliría su promesa de remover los obstáculos legales y constitucionales que impedían la reapertura de los juicios a los militares. Sólo tres jueces se negaron: Fayt, Belluscio y Vazquez. Fayt quedó en minoría, Belluscio se jubilaría y Vazquez renunció después de que le ametrallaran su auto en la Panamericana y le enviaran una foto de su hijo y su nieto saliendo del colegio tal como él mismo lo relata en su libro “Asalto a la Justicia”.
Mediante tres fallos vergonzosos, condenados por la Academia de Derecho, removieron las principales garantías constitucionales que protegían hasta entonces a todos los argentinos. Con el objeto de eliminar la prescripción que había operado sobre los hechos, decidieron calificar como de lesa humanidad sólo los crímenes cometidos por los funcionarios estatales. Los delitos de lesa humanidad están definidos en el Estatuto de Roma y entraron en vigencia en Argentina recién en 2007, por lo que no podía aplicarse a hechos cometidos en los años 70 ya que se violaría la prohibición constitucional de la aplicación retroactiva de la ley penal. Para sortear semejante traba, violaron el sagrado principio de legalidad, nacido en Occidente hace 8 siglos y contenido en todas las constituciones de los países libres desde el siglo XVIII. Ese principio -consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución- es el que le exige al Estado que la infracción por la cual tiene derecho a castigar a un ciudadano, debe estar contenida en una ley sancionada antes del hecho, la cual, además de ser escrita, debe ser previamente promulgada y publicada para que la conozcan los ciudadanos. Derribaron ese principio pero sólo para los militares y los civiles que ellos seleccionarían para perseguir y castigar a través de estos juicios de venganza.
Luego debían demoler otro obstáculo tan o más grande que este. Los delitos de ambos bandos habían sido perdonados por dos leyes del Congreso de la Presidencia de Alfonsín, conocidas como de “punto final” y “obediencia debida”. Entonces la Corte, con su nueva mayoría kirchnerista, diría que los delitos de los funcionarios estatales, sólo los de ellos, resultan imperdonables. Ello, en contra de lo que expresamente señalan los arts. 4.6 y 6.4 del Tratado de San José de Costa Rica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respectivamente, incorporados a nuestra constitución en 1994, así como del expreso rechazo de esa Convención Constituyente a una iniciativa previa en ese sentido. El Presidente Menem se referiría a ellos de una forma categórica: “no puede existir una ley (menos aún un fallo) que le impida perdonarse a los hermanos”. Finalmente, en un tercer fallo, demolieron la garantía de la cosa juzgada, reabriendo un caso que la propia Corte había cerrado definitivamente, destruyendo la garantía de que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho.
Para juzgar a los subalternos arrasaron con el principio de la obediencia debida, liminar en toda Fuerza Armada, diciendo que no puede haber obediencia para casos aberrantes. Pero todos los jueces acatan estos fallos alegando “el legal acatamiento a los fallos del superior”. No puede haber leal acatamiento a fallo que arrasan con garantías constitucionales.
Lo que generaron estos fallos fue el trato discriminatorio y el negociado de corrupción más grande conocido en el ámbito del Estado. Más de once mil millones de dólares viene gastando el Estado argentino tanto en indemnizaciones a personas que se dicen víctimas presentándose como tales hasta hoy día, como en el mantenimiento de juicios que ocupan las agendas de los tribunales orales federales -los mismos encargados de investigar la corrupción y el narcotráfico- por hechos ocurridos hace medio siglo mientras la delincuencia y la droga se enseñorea en nuestras calles y pone en riesgo a nuestros niños y jóvenes.
A los acusados de estos delitos además, y sólo a ellos, se les niegan las excarcelaciones, las eximiciones de prisión, las libertades condicionales, las detenciones domiciliarias y se los mantiene en prisión preventiva sin sentencia durante 10 o 15 años. Las organizaciones de DDHH, con la complicidad del ministerio público fiscal y la secretaría de ddhh, presenta hoy mismo testigos falsos y casos inventados promoviendo condenas sin pruebas.
El gobierno del Presidente Milei está derribando privilegios y corrigiendo las graves distorsiones económicas. Pero ellas no son las causas, sino las consecuencias del derribo de los valores y principios que garantizaron la libertad e hicieron grande a la Argentina. Son consecuencia del arrasamiento que el socialismo y la demagogia han hecho de nuestra educación y cultura. Enseñan en las aulas una historia parcial enalteciendo a terroristas y presentándolos como defensores de la democracia. Fomentan el odio a las FFAA y el desprecio por la vida. En las relaciones sociales destruyen la cultura del trabajo repartiendo planes para conseguir votos, victimizando y rebajando al trabajador, tratando de explotador al empresario, de cómplices a la religión, a las fuerzas armadas, de egoístas a los emprendedores y de colaboradores imbéciles a todo el resto de la sociedad.
El mantenimiento de estos juicios ilegales nos interpela. ¿A que clase de justicia hemos arribado cuando a 50 años de los hechos tenemos a los jerarcas de las organizaciones terroristas libres e indemnizados y presos a suboficiales y a quienes eran las más bajas jerarquías de las. FFAA, de seguridad y policiales?
Repudiamos a los comunistas y kirchneristas y a todos los que por ambición o cobardía practican esta odiosa discriminación.
Cobardes ustedes abogados jueces y fiscales, que como profesores aplazaban a quien no reconociera el universal principio de legalidad y hoy lo pisotean para mantener sus objetivos y privilegios.
Cobardes los legisladores, especialmente los radicales, que no defendieron nunca las leyes de pacificación que ellos mismos dictaron. Por vuestra inacción el Congreso ya no podrá ejercer el perdón en busca de la pacificación o la unión nacional, facultad indelegable y que nunca pudo haber sido revisada por el Poder Judicial.
Cobardes todos los que amparados en los privilegios de sus cargos asesinan a nuestros padres, esposos y hermanos en cárceles que no pueden asegurar ni su salud ni su vida.
Cobarde el Procurador General de la Nación, que no aplica la convención constitucional que protege a los ancianos ni disuelve la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, refugio de comunistas y kirchneristas que no aplican las leyes y tuercen la verdad. Porque duele más el silencio de los que deben ser justos que la corrupción de los que sabemos que privilegian la ideología y el odio por sobre la ley.
Hoy en Campo de Mayo hay más ancianos ex agentes de las fuerzas de seguridad y policiales que militares. Cobardes todos ustedes que se ensañan con los más humildes y se arrodillan ante el fuerte.
Cobardes todos los que en nombre de los DDHH nos privan de los que nos corresponden y nos tratan como a perros.
El hombre es el único animal sobre la tierra capaz de hacer una promesa: su compromiso para hacer o no hacer algo es el que asegura el orden en las relaciones humanas y nos protege de la ley del más fuerte.
No hay seguridad jurídica, no hay garantías para la inversión, ni crecimiento ni progreso en países que no cumplen sus promesas.
Los argentinos nos declaramos libres sin reconocer privilegios de sangre o de nacimiento por dos razones: porque no tenemos otro Rey que nuestro Dios y porque no íbamos a permitir nunca que uno solo de nosotros valiera menos ante la ley que cualquier otro habitante de nuestro suelo. No tiene futuro una Nación que en su presente no defiende la igualdad ante la ley de sus ciudadanos, reflejo del respeto por la dignidad y la libertad del hombre, y también del amor al prójimo, ese mandamiento que abandonamos hace tanto, para dar rienda suelta al odio y la ilegalidad en que nos hacen vivir.
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