Hace pocos días, desde la cárcel de Campo de Mayo, el Teniente Coronel Jorge Di Pasquale, a sus 79 años, pronunció sus “últimas palabras”, como prescribe el proceso del inicuo y falso juicio al que fue sometido. Pasado un par de horas fue notificado de su quinta condena a prisión perpetua. La sentencia estaba ya escrita al inicio de la parodia, destinada a acicatear el castigo de la peor manera a quien le tocó intervenir en defensa de la patria, contra la invasión del terrorismo marxista en la guerra de los setenta, cuando era un simple oficial subalterno.
Los hechos ocurrieron hace 50 años y aún continúan los procesos eternos, a los que se suman causas nuevas, para que la venganza continúe sine die. Los jueces, que no son tales sino viles verdugos y sicarios de la llamada “política de derechos humanos”, son conscientes de que no aplican el derecho vigente y aplicable, sino el que construyen a medida para llegar a la prisión perpetua, que no es otra cosa que la pena de muerte, una muerte lenta. A esta altura hay mil muertos en cautiverio. Los Fiscales, desde la Procuración General, actúan corporativamente en el inicio de las causas de “lesa humanidad”, inventando pruebas, valiéndose de testigos adiestrados que mienten descaradamente, describiendo hechos que no pueden acreditar que conocieran, a veces con lujo de detalles imposibles de recordar con el paso de tantos años.
Para los acusados de delitos de “lesa humanidad” no existe ninguno de los derechos y garantías que prescriben la Constitución y el Código Penal. Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se les conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o condenados.
La mayor parte de la dirigencia política es responsable de lo ocurrido. Avalaron el prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales de terroristas y asesinos y que jueces de todas las instancias y miembros del Ministerio Público se convirtieran en títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. En definitiva, de aquellos polvos estos lodos.
Justicia asimétrica no es justicia, es arbitrariedad. La discriminación de la que se ha hecho uso a lo largo de los últimos veinte años, colmando de honores, cargos públicos e indemnizaciones a quienes agredieron con actos vandálicos a la sociedad, mientras se impusieron penas gravísimas a quienes la defendieron, es algo que hiere la conciencia moral y reclama urgente reparación.
El gobierno debe advertir que ya nadie cree en los jueces y que, aun poniendo orden en la economía, sin justicia la república cruje y se torna inviable.
Buenos Aires, 7 de septiembre 2026.
Juan Antonio Vergara del Carril Alberto Solanet
Secretario