DECLARACIÓN
CINCUENTA AÑOS DE RELATO
Hace cincuenta años que un relato tan persistente como falaz intenta convencernos- con éxito nada desdeñable, conviene admitirlo- de que la Argentina era en los años setenta, una suerte de jardín republicano donde reinaban la fraternidad y la avenencia, hasta que un día aciago un grupo de militares, súbitamente poseídos por una inexplicable sed de sangre, decidió salir a cazar a un puñado de admirables muchachos cuyo único pecado era amar mucho, muchísimo, al prójimo. Que ese enternecedor “amor al prójimo” hubiera sembrado de muertos y heridos las calles del país, colocado bombas en comedores, secuestrado empresarios o asesinando policías y conscriptos, al parecer no merecía mayor consideración en el nuevo catecismo moral. Después de todo, algunos de aquellos angelicales revolucionarios proclamaban con entusiasmo pedagógico que la revolución debía hacerse sobre muchas tumbas… naturalmente, sobre las tumbas de los otros y eso…, eso nos llevó a la guerra.
Convengamos en algo elemental, toda guerra es cruel, y una guerra entre compatriotas es feroz. Pero lo ocurrido en la Argentina de los años setenta fue una guerra, por más que décadas de propaganda intenten rebautizarla con términos más convenientes para la liturgia política. De hecho, ese estado de guerra quedó reconocido en la mascarada del juicio a las Juntas Militares. Juicio que no fue otra cosa que una demostración que cuando se quiere, la constitución puede ser mancillada con el beneplácito de todos. Pero fue, también, el prólogo de lo que veinte años después veríamos, una larga, metódica y disciplinada administración de la venganza, ejecutada por tribunales que prefirieron el aplauso ideológico antes que la incómoda obligación de respetar la Constitución.
La clave de lo ocurrido en la Argentina desde 2003, cuando se invoca con solemnidad litúrgica el catecismo de los “derechos humanos” aplicado a la guerra contra la subversión, es en realidad brutalmente simple: el Poder Judicial decidió abdicar de la justicia para convertirse en una dependencia administrativa de la venganza política. Una porción considerable de la judicatura argentina -por ideología, conveniencia o simple cobardía- aceptó sin rubor el relato confeccionado desde el poder. Así, los tribunales dejaron de ser tribunales y pasaron a funcionar como oficinas de homologación automática de una historia previamente redactada en despachos políticos.
Todo se edificó sobre el pacto infame entre un ladrón y un asesino, una alianza tan moralmente límpida como una cloaca. El objetivo era claro, reescribir los años setenta y convertir en criminales exclusivos a quienes habían derrotado a la subversión armada que pretendía transformar a la Argentina en una obediente sucursal de Cuba. La operación no buscaba solo castigar a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Buscaba algo más profundo, amputarles el alma. Había que inocularles una certeza paralizante, la convicción de que cualquier oficial que en el futuro debiera defender al Estado de un enemigo interno debería tener la seguridad de que su recompensa sería el banquillo, la prisión perpetua retroactiva y la infamia pública.
Para consumar semejante empresa era indispensable contar con individuos que más que jueces fueran proxenetas dispuestos a prostituir la ley. Y estos aparecieron. Aparecieron en número suficiente como para que la maquinaria funcionara, y siga funcionando, con precisión de reloj suizo, inventando nuevos juicios y buscando nuevas víctimas. Hubo, y sigue habiendo prevaricación, mala fe, testigos falsos que deambulaban de tribunal en tribunal y, lo más vergonzoso, hubo contorsiones jurídicas dignas de un circo. Pero, sobre todo, hubo entusiasmo judicial en la demolición del propio orden jurídico. Porque no se trató de errores judiciales ni de interpretaciones discutibles. Fue un programa. Un programa destinado a convertir al derecho en un instrumento de persecución selectiva, moldeando principios, garantías y normas según la necesidad política del momento.
Cabe hacer una salvedad porque hubo en medio de esa claudicación casi coral – esto se escribe sin esperanza, pero con la ilusión que la república sea, algún día, tierra de hombres dignos y valientes- las figuras de tres jueces de la Suprema Corte, los doctores Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Adolfo Vázquez, que emergen de este muladar jurídico como una anomalía moral. Fueron de los pocos que se negaron a violar la Constitución para satisfacer el fervor vengativo de la época. Comprendieron algo elemental que muchos de sus colegas prefirieron olvidar, que la Constitución no es arcilla ideológica ni puede estirarse al ritmo de la propaganda oficial.
Pero las excepciones honorables, por definición, solo sirven para revelar la magnitud de una regla infame.
Durante estos años se consolidó una vasta red de complicidades integrada por políticos oficialistas y opositores, empresarios prudentes, periodistas domesticados, obispos oportunamente silenciosos y hasta algunos militares reciclados, que descubrieron que la supervivencia personal suele cotizar mejor que la verdad. Todos ellos -perfectamente conscientes de lo que verdaderamente ocurrió en los años setenta- aceptaron sus treinta denarios. No los de Judas, que al menos tuvo el gesto final de ahorcarse, sino los de una sociedad que prefirió comprar absolución moral al precio de falsificar su propia historia.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2026.
Juan Antonio Vergara del Carril Alberto Solanet
Secretario Presidente
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