• Por Agustín De Beitia
• 17.01.2026

La Justicia -se supone- debe resolver los asuntos que son sometidos a su jurisdicción en base a lo que dispone la ley. Sin ley a la cual ajustarse, sus decisiones serían sólo arbitrariedad, solo totalitarismo. Esto es precisamente lo que sucede en la Argentina con los procesos abiertos contra militares, policías, civiles y sacerdotes por hechos ocurridos en la década del setenta. Regidos por una justicia que está por encima de la ley, son pura opresión y despotismo.

Esto es así, sobre todo, desde que en 2003 Néstor Kirchner cedió la política de derechos humanos a Horacio Verbitsky e inició el desmonte de aquellas leyes que frustraban estos juicios, que así pudieron reabrirse y perpetuarse en el tiempo. Poco cambió desde entonces en lo esencial, a pesar de la alternancia de gobiernos. En estos juicios, hoy, como ayer, Justicia es lo que el sistema decide.

Que juicios kafkianos como estos sean vistos como modélicos por la prensa y la dirigencia política local y extranjera, solo habla de lo cínicos que pueden llegar a ser estos sicofantes que festejan. En estos “modelos” de justicia no hay garantías: no hay presunción de inocencia, no hay juez natural, no hay imparcialidad, no hay prescripción de la acción penal, no hay cosa juzgada, no hay ley más benigna, no hay irretroactividad de la ley y no hay límite para ser retenido en prisión preventiva, sin sentencia. De hecho, con más de tres años de prisión preventiva -que es el máximo plazo legal extendido- hay 466 de estos detenidos y con más de diez años hay 214, según los registros de la Unión de Promociones.

El cinismo que rodea a estos juicios supera lo imaginable. Suficiente señal de la depravación reinante debería ser el hecho de que, desde hace más de un año, el modesto pedido de los abogados que defienden a estos acusados es un regreso a la legalidad. Una legalidad vulnerada hoy por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional, y que obliga a los jueces a buscar alternativas a la prisión para los internos mayores de 65 años. Hoy la edad promedio de estos presos es de 82 años. Y con más de 70 años hay 96 reclusos. Como se deducirá rápidamente, muchos mueren en prisión. La cifra de muertos ya se acerca al millar: son 958, de los cuales murieron sin sentencia firme nada menos que 795, es decir, el 83%.

Estos procesos -es evidente- están por sobre toda ley y sobre toda jerarquía, incluso sobre la propia Corte Suprema de Justicia. En cualquier otro asunto, la Corte Suprema detenta la autoridad doctrinaria para fijar jurisprudencia. Pero cuando se trata de estos procesos, la política y los tribunales inferiores pueden apartarse de sus criterios si nos les convencen.

En 2017, la Corte ordenó en el “caso Muiña” computar el 2×1 previsto en la ley 24.390 a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero la política se alzó en su contra -el gobierno de Macri en primer lugar, quizás por temor a la izquierda-, e impulsó la sanción en tiempo récord (siete días) de un esperpento legal que fue la llamada “ley interpretativa”, la número 27.362, que decidió que la conmutación de penas no era aplicable a estos delitos. Un relevamiento en la “comunidad jurídica” en los meses posteriores mostró el mismo rechazo. Hubo dictámenes en contra de fiscales de todas las instancias y resoluciones judiciales de juzgados, cámaras y tribunales orales de todo el país. Y esto sucedió a pesar de que una de las instituciones más representativas de la comunidad jurídica, la Academia Nacional del Derecho, se pronunció enfáticamente a favor de la decisión de la Corte y condenó la sanción de esa absurda ley.

En octubre pasado volvió a ocurrir. Días después de que la Corte Suprema ordenara con el “Caso Castillo” revisar las prisiones preventivas y cuestionara la extensión excesiva de una medida tan gravosa como la privación de la libertad, la Cámara de Casación ratificó la prórroga de prisión preventiva para los militares Roberto Carlos Brunello (Bahía Blanca) y el ex prefecto Gonzalo Sánchez (ESMA). También representantes del Ministerio Público Fiscal salieron a decir que la casi totalidad de los jueces de primera instancia, las Cámaras de apelaciones y los tribunales orales del país, sostienen una línea jurisprudencial diferente del tribunal supremo.

Este tipo de demostraciones de fuerza deberían mover a la reflexión sobre quién detenta el poder real en lo que respecta a estos procesos. y dónde queda la justicia cuando de lo que se trata es de consumar una venganza a toda costa.

En el siglo V, San Agustín de Hipona ya reflexionó sobre la inmoralidad del gobernante a partir de un argumento del Sócrates platónico sobre la acción corruptora que tiene la injusticia incluso en el interior de una banda de ladrones. Retomando esa idea en su “Ciudad de Dios” (libro IV, capítulo IV), San Agustín se preguntó: “¿Sin la virtud de la justicia qué son los reinos sino unos execrables latrocinios? Y estos, ¿qué son sino pequeños reinos? Estos son ciertamente una junta de hombres gobernada por su príncipe, la que está unida entre sí con pacto de sociedad, distribuyendo el botín y las condiciones que mutuamente establecieron”, dijo San Agustín. Pues bien, en la Argentina ese pequeño reino sin justicia que actúa con un pacto de sociedad está a la vista de todos.

Publicado en el diario LA PRENSA