INEXPLICABLE E INFUNDADA RESOLUCIÓN – DECLARACION
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la
Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa
que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos
ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un
órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al
Poder Ejecutivo, al Legislativo ni al menor de los Jueces de la República.
La medida dispuesta alcanza a muchos Oficiales que tenían grados
Subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron
condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas y, al afectar
el haber jubilatorio de retiro, deja en la indigencia a adultos mayores viudos
de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser
confiscados. La Resolución del Ministerio de Defensa -que receptó el
requerimiento como si fuera una orden judicial- cita como fundamento
determinados tratados internacionales que nada disponen respecto de la
baja de personal militar y la quita de haberes, contrariando sí expresamente
convenciones internacionales humanitarias de rango constitucional como
son la Convención Americana de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del
Hombre y muy especialmente la Convención Interamericana de Protección de
los DDHH de las Personas Mayores.
Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de
estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas
policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles
incluidos en esos procesos por ser considerados opositores políticos al
proyecto totalitario instalado en Argentina desde 2004, a través del pacto
celebrado entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, mediante el cual no
sólo se consagró la persecución que estamos presenciando, sino que también
se le concedió a las organizaciones de izquierda el diseño y manejo de una
nueva política de derechos humanos que cambiaría la matriz de nuestra
cultura a través del Decreto PEN N°1086/2005, y se adoctrinaría a las
nuevas generaciones ensalzando la actividad de las organizaciones
terroristas guerrilleras.
Es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan
valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro Pacto que signó
el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese
de estos juicios de venganza materializados con el único fin de mantener vivo
el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados a cabo, hasta el día
de hoy, bajo su amparo.
El Presidente de la Nación debe impulsar el cierre definitivo de esta tragedia.
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Foro de Generales.
Foro de Almirantes.
Centro de Estudios Salta.
Asociación de Abogados Defensores de los DDHH de Latinoamérica.
Unión de Promociones.
Unión de Personal Militar Asociación Civil.
Asociación de Veteranos de Guerra contra el terrorismo.
Asociación Familiares y Amigos de Presos Politicos de Argentina.