• POR MAURICIO ORTÍN
• 21.01.2023

Poner una bomba vietnamita en un comedor y asesinar con ella a 24 comensales mutilando a otros tantos, para los jueces argentinos no constituye un acto de violación de derechos humanos. Pero que un agente penitenciario cumpla la orden de abrir las celdas de guerrilleros que más tarde serán muertos en la localidad de Palomitas (Salta, 2 de julio de 1976) para el juez Bavio y el fiscal Amad configura un crimen de lesa humanidad. Y no importa que el acusado, Vicente Puppi, niegue el “crimen”. No importa que ni siquiera se encontrase en ese pabellón, según sus dichos. Es suficiente que un guerrillero, preso también en esa circunstancia, haya declarado en el año 1983 que lo vio abrir la celda para que se iniciara una causa contra Puppi y cayera sobre él la secretaría de derechos humanos y la mar en coche. Por cierto, el declarante se llamaba Julio Arroyo y está fallecido. Murió matando en 1989, en La Tablada; el último ataque terrorista del ERP contra la democracia.

La masacre de la Superintendencia de la Policía Federal del 2 de julio de 1976 (cuatro días antes de la de Palomitas) fue perpetrada por la otra banda criminal que asoló al gobierno constitucional en los ‘70: Montoneros. El jefe del infame atentado fue Rodolfo Walsh (también se querelló a Horacio Verbitsy como partícipe necesario pero la causa expiró por prescripción). En plena democracia y gracias a los votos de la izquierda, el kirchnerismo y el macrismo, Walsh tiene el tratamiento de un prócer de la patria. Con su nombre se identifican estaciones de subterráneo. calles, plazas, premios, etc. Verbitsky es reconocido como el principal referente de los derechos humanos del país. Vicente Puppi, el que supuestamente abrió la celda, marcha a juicio por “genocida”. De los 24 policías asesinados ni un mísero homenaje.

El Estado argentino, desde la asunción del kirchnerismo, ha montado una política de persecución judicial contra los que lucharon contra la guerrilla que viola abiertamente la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En toda esta caravana de fallos contra derecho se registró una excepción, nimia, pero excepción al fin. El 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo, estrictamente ajustado a derecho, en el que extendía el beneficio del 2 x 1 (el cómputo de dos años por uno de demora de juicio) a todos los argentinos (no se aplicaba a los militares presos por lesa humanidad). No pasaron ni cuatro días y el Congreso, en sus dos cámaras, con la excepción del diputado Alfredo Olmedo, votó unánimemente la ley que, de hecho, no acataba un fallo de la Corte; fallo que ordenaba a los jueces cumplir con el derecho humano de igualdad ante la ley. Como se aprecia, esto de no acatar fallos de la Corte no es de ahora ni exclusivo del kirchnerismo. Radicales y macristas se fundieron con Cristina y demás dirigentes y actuaron como un solo hombre. Entre otros, el senador Federico Pinedo manifestó su “absoluto” rechazo al fallo de la Corte. Para no ser menos, la Conferencia Episcopal Argentina opinó en idéntica forma. La pregunta es: ¿Por qué los derechos humanos valen para los terroristas marxistas que asolaron el país y no así para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que los combatieron? ¿Será que no son humanos?

La preocupación por los derechos humanos llegó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El estupor ante el genocidio del pueblo judío perpetrado por los nazis lo puso en la agenda de la política internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue la respuesta de la ONU. Al respecto, podría decirse que, si bien la declaración es precisa, al tipificar las distintas maneras de violar los derechos humanos, la misma no condena explícitamente a las formas de gobierno que los violan. Hacerlo hubiera conducido a un conflicto seguro con la URSS, el gran ganador de la guerra junto con EEUU y, también, el régimen más homicida que dé cuenta la historia. Para esa fecha ya había asesinado, torturado y esclavizado a más personas que las hordas de Hitler, Gengis Kan y Atila, juntos. Aniquilados el nazismo y el fascismo, el mundo quedó dividido en izquierda y derecha. Mas, no fue exactamente así porque la inteligencia diabólica de la izquierda impuso su doctrina, según la cual liberalismo y fascismo son las dos caras del capitalismo (la explotación del hombre por el hombre). La superioridad moral sobre la derecha (la única que viola derechos humanos) quedaba demostrada. El lenguaje, necesariamente, debe adaptarse a dicha superioridad. De allí que ellos no roban sino “expropian”. Tampoco asesinan sino “ajustician”. O, en todo caso, como dijo Gerardo Romano refiriéndose a los crímenes de los Montoneros: “mataban con respeto”.

Urge definir qué se entiende por derechos humanos y en qué se gasta el millonario presupuesto de esa oficina nacional. Por definición, el principal violador de los derechos es el Estado. Así lo atestigua la historia. Luego, es un despropósito que el presidente sea el que designe y remueva al que debe controlarlo. Salvo en el período de Macri, desde Kirchner hasta aquí la designación ha caído en ex terroristas o en hijos de desaparecidos. Un ejército de abogados lo secundan en todo el país. Su principal función es querellar a militares e impedir que estos obtengan beneficios como la prisión domiciliaria o la libertad hasta el juicio. Y hacen bien su trabajo. En Salta, con la firma del fiscal Eduardo Villalba y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, se consiguió revocar al imputado Carlos Ignacio Cialceta, de 80 años y con trastornos neurológicos, la prisión domiciliaria. La Cámara Federal integrada por los jueces Guillermo Federico Elías, Mariana Inés Catalano y Luis Renato Rabbi Baldi (éste último en disidencia) así lo dispuso ¡Hurra por los derechos humanos!

En tanto, el juez Rafecas, quién en horas desechó la denuncia contra Cristina presentada por el asesinado fiscal Nisman, estableció un récord en imputar delitos de lesa humanidad. Fabrica causas como como quien hace chorizos con la máquina con “pruebas” equivalentes a las de la causa “Puppi”.

La película “Argentina – 1985” también ayuda. Para colmo tiene calidad estética con lo que la tergiversación de los hechos se potencia en forma inconmensurable. Entre líneas y de manera explícita dice que la represión fue un genocidio. No dice tal cosa el fallo del Juicio a las Juntas. Por el contrario, sostiene que se trató de una guerra revolucionaria y que la represión (no el modo) estaba justificada. Y va camino al Oscar. Linda manera de difundir al país. Rafecas y compañía pueden seguir inventando “genocidas” porque a Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Ricardo López Murphy, Lilita Carrió, etc., la suerte de un cana o un milico les importa un cuerno.

En fin (selección campeona afuera), este país es una vergüenza.

Publicado en LA PRENSA EL 21/01/23