Septiembre | 2012
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Denuncia penal de nuestra Asociación contra la UBA (Universidad de Buenos Aires), por haber violado gravemente el sistema legal y por actuar con relativismo moral y ético
Un bravo soldado, preso político que se las aguantó callado durante mas de ocho o diez años, explota frente a los distraídos
Iniquidades carcelarias, o el regreso de "las cárceles del pueblo"
Jubilados sin derechos humanos y, desde hace casi 5 años, la Corte Suprema no tiene solución para ellos ni "política de estado" -según su impropio decir-

Denuncia penal de nuestra Asociación contra la UBA (Universidad de Buenos Aires), por haber violado gravemente el sistema legal y por actuar con relativismo moral y ético

INTERPONEN DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO- VIOLACION LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Sr. Juez:

Alberto SOLANET, y Mariano Segundo GRADIN, en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, patrocinados por la Dra. Celia Andrea PALOMAS ALARCON, constituyendo domicilio legal en la calle Tucumán 1650 piso 1 “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, A V.S. se presentan y dicen:


I.- PERSONERIA.

La representación invocada resulta del Estatuto y Acta Constitutiva de la Asociación que en copias debidamente certificadas por escribano público acompañamos adjuntas.

La Asociación que representamos es una ONG con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia, cuyo objeto es fomentar la concordia y superar las diferencias que han engendrado tantos odios en nuestro país y que fueron causa y consecuencia de la interrupción de su vida constitucional.

Esas rispideces, cuyo cenit siempre se dio en el ámbito de lo político, hizo que ora unos y ora otros fuesen objeto de persecuciones, la aplicación de reglas dispares en su valoración y juzgamiento y que siempre hubiese trato discriminatorio que lesionara los derechos y dignidad de aquellos a quienes las circunstancias hicieran que fuesen los ocasionales desfavorecidos.

Precisamente, el objetivo de contribuir en la medida de nuestras fuerzas a que se termine ese movimiento pendular -alimentado en el fondo por firmes convicciones ideológicas no templadas por la compresión del pensamiento y la dignidad del ocasional adversario - es lo que originó la formación de esta Organización Civil, integrada ya por varios centenares de juristas, que se sienten alentados por la búsqueda del imperio definitivo del Derecho.

Que en los términos del art. 82 bis CPPN, solicitamos ser tenidos por querellantes y/o parte interesada a los fines de lo previsto en el art. 1 de la ley 23.592.

Dice el art 82 bis de la ley adjetiva penal (introducida por el art. 1 de la ley 26.550) “las Asociaciones o Fundaciones, registradas conforme la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen...o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados.”


II.- OBJETO.

Con la personería acreditada radicamos formal denuncia criminal por las eventuales consecuencias penales que a nuestro juicio podrían resultar de la resolución tomada en el seno de la Universidad Nacional de Buenos Aires que habría excluido a una población circunscripta del sistema carcelario del programa educativo que desarrolla dicha Alta Casa de Estudios para los internos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. La investigación identificará a quienes resulten autores, cómplices y encubridores de los delitos insinuados en el caso conforme precisamos en el capítulo respectivo.

A los fines de facilitar la identificación de los posibles involucrados, acompañamos copia simple de la resolución impugnada de fecha 1 de agosto de 2012, en el expediente 15263/12.

Solicitamos se instruya una investigación por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248 del CPN, así como la violación de la ley contra la discriminación (23.592) en su art. 3, in fine.

De este modo, en el carácter invocado en el punto “I”, demandamos ser tenidos por querellantes y parte interesada a los fines de solicitar se deje sin efecto la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del día 1 de agosto de 2012, (Expte 15263/12) por considerar que incurre en discriminación contra un grupo de personas por su estatus social, a los que la resolución atacada impide, obstruye, restringe y menoscaba su derecho a estudiar, reconocido por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales introducidos a nuestro ordenamiento por el art. 31 y 75 inc. 22 de la CN. y su derecho a gozar de un trato igualitario frente a otras personas en su misma condición, esto es, imputados, procesados o condenados por distintos delitos. Esto último en contra de lo que expresamente ordenan las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de estudiar en distintas prisiones federales argentinas.

A los fines de facilitar la investigación denunciamos que el domicilio del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se encuentra en Viamonte 444, C.A.B.A.


III.- HECHOS.

El 17 de diciembre de 1985, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires firma un convenio entre el entonces Rector de la Universidad de Buenos Aires y el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por el cual "... los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, podrán iniciar y/o completar los estudios universitarios, (el subrayado nos pertenece).

Este convenio es ratificado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 63 del 18 de febrero de 1986 (63/86).

A partir de la firma de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, desde 1986 se implementa este programa de estudios universitarios en cárceles.

El acuerdo celebrado deroga anteriores resoluciones de diversas autoridades universitarias que determinaban la suspensión automática de todo alumno condenado o procesado por delito doloso hasta la resolución definitiva de la situación procesal o el cumplimiento de la condena.

En el marco de este convenio, se creó el programa UBA XXII, que permite que personas privadas de su libertad puedan cursar en la Universidad de Buenos Aires, distintas carreras universitarias.

Las carreras que se dictan en UBA XXII son

  • CBC
  • Ciencias Económicas
  • Ciencias Sociales
  • Filosofía y Letras
  • Ciencias Exactas
  • Derecho
  • Psicología
  • Talleres y cursos del Centro cultural Rojas
  • UBA XXI
  • SiSBi Sistema de Bibliotecas
  • Otras actividades que se llevan a cabo
  • Talleres de escritura y reflexión sobre Derechos Humanos
  • Computación
  • Asesoría Jurídica
  • Asesoría Social
  • Proyecto Ave Fénix (Dependiente de la facultad de Cs. Sociales)

Amparado por el derecho que le acuerda este proyecto, el Sr. Carlos Domingo Jurio, cirujano y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, procesado por supuestos delitos de “lesa humanidad”, solicitó estudiar mediante UBA XXII. A esta posibilidad se opuso uno de los profesores del proyecto, Rodolfo Raffo.

La Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia realizó la denuncia ante el INADI (Instituyo Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), ya que la negativa del profesor le impedía ejercer el derecho que le acuerdan las leyes.

El INADI resolvió no sancionar al profesor renuente, amparándolo en el derecho de “objeción de conciencia”. Sin embargo, recomendó a la Universidad de Buenos Aires que garantizara el derecho del solicitante a estudiar.

La recomendación del INADI alentó a otros tantos detenidos a solicitar su inclusión en el programa: Oscar Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (h). Nuestra Asociación visita las cárceles recogiendo las impresiones, denuncias y demandas de los detenidos por la acusación genérica de “lesa humanidad”. Por ese motivo conocemos que algunos otros solicitaron el beneficio y otros tantos tienen intención de hacerlo.

Fue entonces cuando, ante una recomendación de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, éste decidió por el voto de ocho de sus miembros, impedirles el derecho a estudiar en esa casa de estudios, contrariando la resolución que dio origen al proyecto UBA XXII.

Con argumentos contradictorios, la comisión de Interpretación y Reglamento dictamina “Nuestras universidades nacionales son producto de una larga historia jalonada de acontecimientos positivos y negativos que desembocó en su autonomía constitucional lo que les ha permitido reafirmar en la República la tradición que desde los orígenes mismos de la institución universitaria la concibe como una comunidad de estudiantes y docentes, estamentos que hoy se amplían a egresados y no docentes.

Que el propósito de esta comunidad no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo, único ambiente en que puede desarrollarse el saber.

Que la autonomía universitaria no tiene otro objetivo que garantizar este marco, sin discriminación alguna y dentro de la legalidad que marca la Constitución Nacional, el derecho internacional y las leyes de la República.

Que en este sentido la Universidad de Buenos Aires no puede negar la condición de miembro de su comunidad a cualquier persona que cumpla con los requisitos formales y respete sus normas. Por ello ha abierto sus claustros a todas las personas privadas de la libertad que cumplan y acepten estas condiciones, sin reparar en el delito imputado o cometido, pues considera que todo habitante de la Nación tiene el inalienable derecho constitucional a educarse, perfeccionar su conocimiento y superar las condiciones en que las circunstancias o su propia conducta anterior lo hayan colocado.

Que el respeto a las normas que rigen a esta comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige que quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva o lesiva a la existencia misma de la comunidad.

Que una comunidad que abre sus puertas a todos con la generosidad que impone la Constitución Nacional, no pregunta por el hecho que se imputa o que ha cometido la persona que solicita su incorporación sino que mira sólo su conducta actual y su perspectiva futura, partiendo de la base de que toda situación es reversible en el tiempo y que toda falla humana es rectificable. En el caso –y conforme a esos principios- tampoco la UBA debe reparar en la naturaleza de los hechos imputados o cometidos.

Que la particularidad del caso –que no puede pasarse por alto- es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad, o justificación de los delitos de los que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria es decir una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse.

Que no pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos.

Que ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que de antemano se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos. Más aun, no lo haría ninguna comunidad –de la naturaleza que fuese- porque estaría destruyendo el propio sentimiento de comunidad y con ello se estaría negando una condición que hace a su esencia y, por ende, aniquilándose a sí misma.

Que la generosidad constitucional es amplísima pero reconoce como límite la no afectación de la existencia misma de las instituciones y la incolumidad de su naturaleza pues es elemental función de todo texto constitucional crear instituciones y normar las condiciones para su permanencia y continuidad. Por ende, la garantía de la autonomía universitaria, en consonancia con el principio de igualdad- no puede desnaturalizarse para servir de instrumento legal que destruya a la propia universidad.

Que la UBA debe respetar escrupulosamente la regla de no preguntar a nadie que toque sus puertas qué ha hecho y mucho menos aún quién es, pero al mismo tiempo debe preservarse de las conductas actuales y futuras que la lesionen como institución, perturbando gravemente la necesaria convivencia comunitaria de sus miembros.

Que en este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad pero no puede permitir que éstos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esta conducta presente y actual –no pasada- sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria que es la esencia de su institucionalidad”.

Hasta aquí el dictamen, que recoge el Consejo Superior como fundamento de la siguiente decisión: “Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”.

La exclusión de la Universidad de Buenos Aires obedece a una serie de consideraciones de corte político, que no identifica ni tiene relación directa con los individuos perjudicados.

Se los rotula genéricamente como “condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad” creando una clase política o social que abiertamente busca segregarlos del resto de la sociedad.

Entre los argumentos, se asegura que el ingreso de miembros de esta clase política o social sería “disolvente” para el espíritu comunitario que anima a la universidad; que el ingreso de esta clase sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria.

La creación de una nueva clase social o política que -según el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires- debería ser segregada de la sociedad, constituye una clara discriminación a la que V.S. debe poner fin puesto que las conductas denunciadas son producto del prejuicio y del fanatismo.

¿Ha producido desavenencias disolventes el Dr. Jurio -cirujano y profesor universitario- en todos los años que sirvió a la comunidad de la Universidad de La Plata? Los discriminados provienen de los más variados estamentos sociales, algunos de ellos jamás han cursado en una universidad ni han traspasado siquiera sus umbrales como para que se los acuse de haber victimizado a universitarios. Otros, como ya hemos mencionado, provienen de largos años de actividad académica. A todos se los incluye en un mismo grupo que a sus autores se les ocurre homogéneo.

Las argumentaciones contradictorias que se chocan contra sí mismas a lo largo del dictamen son la abierta confesión de un dogma de intolerancia, que no alcanza a esconderse tras tal sinuoso razonamiento.

Asimismo, la condición de funcionarios públicos de los involucrados agrava la discriminación que se denuncia, pues éstos deberían ser los guardianes de la ecuanimidad y la concordia. Son éstos, V.S., los que debieran dar ejemplo de conductas tolerantes y velar por el cumplimiento de la legislación universitaria que desde sus orígenes rechaza la discriminación “...los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, podrán iniciar y/o completar los estudios universitarios...” Res. 63/86 del Consejo Superior de la UBA.


IV.- AUTORÍA.

Los hechos que forman el objeto del proceso encuadran por un lado en los delitos introducidos al sistema penal argentino por la Ley 23.592, aclarado que cabe a la averiguación preliminar determinar exactamente cuál o cuáles de las modalidades específicas se aplicarían al caso (art. 193 inciso 2 del CPPN). La decisión que nos ocupa constituye un claro acto de discriminación, pues excluye a una población determinada de los derechos que reconoce a los demás integrantes de la misma comunidad. La Universidad de Buenos Aires desarrolla desde años atrás un sistema de instrucción universitaria pensado para integrar y formar a los presos que permanecen privados de su libertad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que padecen esa situación como procesados o condenados por delitos graves.

Esa condición peculiar hermana a todos los miembros de la comunidad carcelaria. La sanción penal es la única consecuencia prevista por la ley para quien comete un delito, siendo que por principio el sistema vigente sólo permite el encierro en casos de subida gravedad y que en la materia la gravedad sólo se mide por la pena que conmina la ley para los diferentes delitos del catálogo respectivo. Y la aclaración tiene trascendencia aquí habida cuenta que, por definición, estructurar un plan de estudios para la población carcelaria significa reconocer que los presos tienen acceso a la educación universitaria independientemente del delito que se les endilgue y hasta incluso por el que se los condene.

La información disponible dice que la Universidad de Buenos Aires excluyó una parte específica de la población carcelaria por cuestiones que no tienen ninguna relación con lo académico. La exclusión invocaría una gravedad que no tiene fuente en la ley y tampoco en la pena específica sino que, ajena al derecho penal y a los delitos concretos atribuidos al grupo afectado, sería manifestación maniquea de sectores, bandos o posturas políticas. El segundo párrafo del art. 1º de la Ley citada contempla el acto de discriminación sustentado en 'motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos', requisitos visiblemente presentes en el caso.

Si bien seguramente va a objetarse que la población excluida del programa universitario no está privada de su libertad por los motivos indicados sino por los delitos que se atribuyen a sus miembros, la excusa pierde sentido en el contexto por lo mismo que toda la comunidad carcelaria es pasible del mismo mote y a ella se destina igualmente el programa comentado. El tilde remite más bien a la política de los derechos humanos como una tal política, no por lo que evoca la categoría en cuanto garantías del individuo frente al poder estatal sino, muy distinto, desvirtuada en herramienta de punición y castigo de un grupo de portación.

La Universidad de Buenos Aires excluye de los cursos a quienes se unifican por motivos de ideología, opinión política o condición social, por lo que todos representan como miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales y hasta incluso por civiles que en su tiempo cumplieron alguna función estatal. El resto es pretexto o apariencia, pues nadie levantó inventario de la población carcelaria para revisar las imputaciones de cada uno y formar grupos distintos de gravedad; lo que se hizo, sencillamente, es discriminar al sector específico que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal segregan en sectores también específicos como miembros del grupo encarcelado desde que se lanzó la campaña de punición empeñada en castigar y perseguir a quienes habrían participado del conflicto que afectó a la Argentina en los años '70. Y eso remite directamente a la ubicación de estos presos en el enfrentamiento, no a otra cosa.

La resolución se organizó, pensó e instrumentó dentro de una estructura específica del aparato estatal dando cuenta de un modo de acción directa montado para progresar una persecución adicional o complementaria de la política en desarrollo desde el Poder Ejecutivo Nacional. Eso convoca la figura agravada del artículo 2º de la Ley 23.592 no sólo por provenir de un centro universitario naturalmente contrario a estas prédicas sino también porque, sin diferenciar, discrimina sin distinción, indiscriminadamente, a todo el grupo afectado.

Si, como es de suponer, las inconductas denunciadas se corresponden con la participación de funcionarios públicos abusando de su cargo, cobraría vocación, además, el delito del artículo 248 del Código Penal. La contrariedad de lo actuado con el ordenamiento legal específico y el hecho de alzarse incluso contra principios centrales de la Constitución nacional, remite a la figura legal citada.


V.- TIPICIDAD.

El art. 248 CP dice: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

La resolución del Consejo es palmariamente contraria a la Constitución, que establece en su art. 16 la igualdad ante la ley de todos sus habitantes. La norma es claramente discriminatoria y atenta entonces no sólo contra esta norma sino también contra el art. 2° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incorporados a la Constitución por el art. 75 inc. 22.

La Resolución del Consejo viola directamente también el art. 18 de la Constitución Nacional. Y lo hace por partida doble.

En primer lugar, porque no sólo establece la proscripción para los condenados, sino que la extiende también a los procesados, violando el principio de inocencia de que goza todo ciudadano conforme lo establecido en el citado artículo. El proceso penal no se hace para penar, sino para saber si hay que penar. Pero el Consejo aplica la discriminación como castigo, incluso a una persona que no ha sido declarada culpable por ningún Tribunal de la Nación. Se trata de otra violación inadmisible.

En segundo lugar, la resolución ignora la finalidad meramente asegurativa de las cárceles que dispone la última parte del art. 18 CN, prohibiendo el castigo, así como medidas mortificantes a los presos, estableciendo para siempre la prioridad de la finalidad resocializadora de la pena, largamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina penitenciarista, nacida al amparo del pensamiento de la célebre autora española Concepción Arenal, citada recientemente por el máximo Tribunal en el habeas corpus "Verbitsky", precisamente para mostrar el grado de marginación y desamparo en que se encuentran miles de presos en nuestro sistema.

Asimismo, la resolución contraviene el art. 1 de la Ley 23.592 (ley contra la discriminación) “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”

Es evidente que a este grupo de personas se las discrimina por su condición social de procesados o condenados por delitos de “lesa humanidad”.

También viola el art. 3, in fine, de la misma Ley (23.592) “Artículo 3.— Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años... En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.”

Aquí las supuestas ideas políticas de negación o negacionismo de haber formado parte de un grupo que habría “victimizado” a miembros de la comunidad universitaria, son el detonante. Ello no necesariamente significa que los discriminados sostengan esa teoría o que, efectivamente, se los hubiere procesado o condenado por “victimizar” a miembros de la comunidad universitaria sino que son los denunciados, los que les atribuyen esas ideas. El motivo de la segregación, entonces, gira en torno a que les atribuyen sostener ideas políticas de negacionismo.

El dolo de los denunciados es manifiesto, no sólo por lo evidente de las transgresiones constitucionales señaladas, sino principalmente porque se trata de personas preparadas, que han accedido al máximo nivel de educación y tienen el deber de velar por la vigencia de las libertades individuales y la igualdad de oportunidades, presentes desde el origen en nuestro sistema educacional y especialmente el universitario.

Como elemento demostrativo del dolo señalamos que el Consejo, desoyó abiertamente la recomendación específica del INADI sobre el particular. Dictó esta resolución en manifiesta contradicción con una resolución de esta entidad estatal


VI.- PRUEBA.

Sin perjuicio de las que V.S. encuentre pertinentes sugerimos la siguiente prueba.

Documental.

Se acompaña copia simple de la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del 1 de agosto de 2012.

Expediente Nº 15263/2012.

Expediente Nº 21719/2012.

Expediente administrativo ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) caratulado Jurio, Carlos Domingo s/ denuncia contra Raffo, Rodolfo. Dirección Moreno 750, 1er. Piso, C.A.B.A.

Informativa.

Se oficie al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y al INADI para que envíen los expedientes antes mencionados.


VII.- COMPETENCIA.

Tal como dispuso en su tiempo el artículo 1º de la Ley 14.180, la Universidad de Buenos Aires presta servicios locales. Esa circunstancia surte la competencia de la justicia de instrucción para conocer en esta causa.


VIII.- PETITORIO.

Por todo lo expuesto solicitamos.

  • 1) Se nos tenga por presentados en el carácter invocado, por constituido el domicilio.
  • 2) Se abra una investigación respecto de las conductas denunciadas.
  • 3) Se corra vista al Procurador General Penitenciario, a fin de que sea parte de estas actuaciones.
  • 4) Se sancionen las conductas denunciadas y se deje sin efecto la Resolución de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de fecha 1 de agosto de 2012 de fs. 475/8 del expediente administrativo 15263/12.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA

Un bravo soldado, preso político que se las aguantó callado durante mas de ocho o diez años, explota frente a los distraídos

¿PARA QUÉ?

No es lo que se dice acogedora la vida en un campo de concentración. Humillaciones reiteradas, aprietes, camaradas que mueren por mala praxis o simplemente por abandono. Maltrato por parte de jueces y camaristas. Familias que están lejos, hijos que se ven de vez en cuando cada vez que sus trabajos o la lejanía les permiten visitarnos, nietos a los que casi nunca abrazamos y sin embargo, hasta hoy estábamos erguidos porque nada ni nadie podía robarnos el orgullo de haber peleado por la Patria.

Pero se debe saber, aunque pocos quieran hacerse cargo, que estamos acá porque somos los que combatimos en una guerra que se planteó contra la república y a nosotros, por nuestra formación nos competía enfrentar la agresión.

Estamos acá porque combatimos en una guerra que nosotros no buscamos ni empezamos pero a la que la sociedad, herida de miedo y dolor, nos compelía a llevar a cabo cada vez que nos decían:“Que esperan para salir a meterle balas a esos asesinos”. Una guerra que aquellos que la declararon la plantearon tan puerca y desalmada que lo único que sabíamos con seguridad era que si algo iba a salir herido de ella eran nuestras almas.

No obstante y pese a los dolores que ello nos acarrearía siempre estuvimos convencidos de pelear ese combate. Combate que, al estar en juego la Patria, no era otra cosa que el Buen combate del que nos habla San Pablo. Combate por el cual sentíamos que era cumplir con aquello para lo que nos habíamos preparado.

Sin embargo hoy tenemos que ser muy fuertes para que no se derrumben esas torres de plata en las que creemos con fe ciega. Hoy algunos festejan el “día del montonero”. ¡Que lo festejen!, si al fin y al cabo peleamos para que los argentinos no fueran lacayos de un régimen como en ese entonces eran los ciudadanos de la Unión Soviética o Cuba, para que una vez pasada la guerra pudieran ejercer libremente su parecer. No es eso lo que nos podría tumbar. Lo que nos abate es el silencio, el silencio ante este absurdo y beligerante “homenaje” de aquellos que venían a velar a sus muertos asesinados cruelmente por la guerrilla, de los que se rasgaban las vestiduras pensando que un trapo rojo flamearía en lugar de nuestra bandera, el silencio de los empresarios que transidos de miedo venían a pedir custodia o a traer, off the record, listas de presuntos subversivos en sus fábricas. Nos duele el silencio de hoy ante este “homenaje” de aquellos que nos pedían patíbulos públicos como ejemplo en las plazas de la república y de los políticos que jugaban a dos aguas, que a la mañana defendían guerrilleros y a la noche los delataban. Nos duele- porque en su momento creímos en su dolor, temor y preocupación- el silencio de los argentinos. Y nos duele fuertemente porque no es un silencio para dejar atrás los dolores, es un silencio infame donde el miedo y la mentira están presentes.

Me gustaría preguntarle a todos los que se hacen los distraídos con el “homenaje montonero”: ¿Para que?, ¿Para que la sangre?, ¿Para que murieron chicos como Berdina, Maldonado o Ermindo Luna entre tantos otros?, ¿Para que el martirio de Larrabure?, ¿Para que pusimos nuestras almas en pecado en una guerra que no sabíamos hacer pero que al final ganamos?, y aunque repita mil veces esa pregunta nadie se animará a responder. ¡Allá ellos! Porque pasado este momento seguiremos erguidos y orgullosos y ellos seguirán con su vergüenza.

MIGUEL ETCHECOLATZ

Comisario General

Preso Político

Iniquidades carcelarias, o el regreso de "las cárceles del pueblo"

El diario “LA NACION”, en el artículo que sigue, se ha hecho cargo de una de las tantas perversidades que caracterizan al kirchnerismo en su deformación más desleznable, que es el pomposamente llamado “cristinismo”.

Nuestra Asociación, visitante asidua de las cárceles, es testigo de las iniquidades que en ellas se cometen y que, en buena medida y por sus consecuencias sobre las personas a que se refiere Mariano De Vedia, remedan a las “cárceles del pueblo”, que el accionar subversivo y terrorista utilizó en nuestro país en los años ’70.

Es relevante entonces, para “Justicia y Concordia”, el contribuir en alguna medida a una mayor difusión de ese excelente artículo.


Diario “LA NACION” (*)

Lunes 24 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Derechos humanos

Fuerte crítica al trato de militares encarcelados

Por Mariano De Vedia

A los 84 años, el coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos sigue rindiendo cuentas ante la Justicia por su actuación como subjefe de la policía bonaerense durante la dictadura militar. Su hija Ana Campos, en una carta dirigida al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que lo investiga en la causa del circuito Camps, relató que su padre tiene "ceguera legal, anemia crónica, hipertensión y fue operado por un tumor cerebral", y cuestionó la revocación de la prisión domiciliaria y su traslado a la cárcel de Ezeiza.

Campos, que hace tres años fue condenado en Córdoba a prisión perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Albareda, es uno de los 1230 oficiales de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias que en la última década transitaron por los tribunales, implicados en causas por delitos de lesa humanidad. De ellos, 171 murieron en la cárcel o bajo proceso judicial, en condiciones que en su entorno consideran "humillantes y denigrantes".

Es también uno de los 417 oficiales y suboficiales que hoy están procesados o condenados en cárceles federales y provinciales. El número se actualiza cada semana, advirtió la Unión de Promociones, una entidad formada por militares retirados para "dar a conocer la verdad completa" de la lucha contra la subversión y apoyar a los que consideran "presos políticos", por negárseles "el acceso a derechos humanos mínimos, como el principio de igualdad ante la ley", denunció el coronel retirado Guillermo Viola, uno de sus fundadores, en diálogo con LA NACION.

"Ya estuvo preso en Marcos Paz. Fueron los peores días de su vida. El traslado le produjo lesiones en su columna y lo dejó doblado en dos por los dolores. ¡El envío a una cárcel común sería matarlo, adelantarle su muerte!", describió, con dramatismo, Ana Campos, en la carta a los jueces del tribunal, Carlos Rosansky, Roberto Falcone y Mario Portela. Aún no hubo respuesta y el militar está en la cárcel de Ezeiza.

Con una edad promedio de 77 años, los ex uniformados son destinados a pabellones especiales en las cárceles comunes de Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto, Bahía Blanca, Batán y Campo de Mayo, entre otras unidades. Los jueces no tienen la obligación de conceder la prisión domiciliaria, sino que se trata de una atribución que ellos pueden disponer para los mayores de 70 años.

"No hay peligro de fuga. Muchos son octogenarios, los trasladan esposados en camiones celulares y tienen severos problemas de salud. Son sometidos a un régimen carcelario riguroso", explicó el coronel Viola, quien aclaró que los guardias penitenciarios tratan con corrección a los detenidos.

"Mi padre tiene 90 años y cáncer. Ocho dictámenes médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema lo declararon incapaz para estar en juicio", explicó el doctor Ricardo Saint Jean, indignado por el traslado de su padre -el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico M. Saint Jean- a una cárcel común. En la citada causa del Circuito Camps, enfrenta cargos como coautor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos.

APLICACIÓN DE LA LEY

"Además de juzgarlo ilegalmente, luego de cuatro años y medio de prisión domiciliaria, lo envían ahora a una cárcel común. Esto sólo ocurre con los militares y policías que combatieron el terrorismo y ahora también con quienes ocuparon cargos públicos en los años 70", afirmó. Como en otros casos, el penalista Saint Jean se quejó de que a su padre le apliquen retroactivamente la ley penal. "Esto sienta el peor de los precedentes, porque abre la puerta a la persecución política", advirtió el doctor Saint Jean.

Los militares no tienen contacto con los presos comunes y son excluidos, incluso, de los beneficios carcelarios, advirtió el capitán Viola. "No participaron, por ejemplo, de las jornadas de puertas abiertas promovidas por la organización kirchnerista Vatayón Militante, que permitieron a las familias pasar un día junto a los detenidos", señaló.

En la actualidad, hay 832 procesados (274 en cárceles comunes) y 225 condenados (143 en instituciones penales), además de dos imputados no procesados. "Los militares enjuiciados son prisioneros políticos porque el Estado viola 14 derechos humanos y libertades fundamentales", advirtió el representante de la Unión de Promociones.

Se refirió a las prisiones preventivas que colisionan con el principio de inocencia y la negación de derechos adquiridos, de excarcelaciones bajo fianza, del principio de garantía del juez natural, del principio de territorialidad y de la aplicación de la ley más benigna, entre otros.

Viola citó el caso del ex suboficial Gregorio Rafael Molina, de la Fuerza Aérea, condenado en junio de 2010 a prisión perpetua en La Plata por homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad. Luego enfrentó un segundo juicio, cuando ya padecía de cáncer en el vientre y fue llevado en estado terminal a la cárcel de Batán. "El director del penal -relató- se negó a recibirlo al ver su estado, por lo que Molina durmió toda la noche en el celular que lo había transportado. A la mañana siguiente, fue llevado a la audiencia y la defensora oficial admitió que lo habían trasladado porque lo necesitaban para empezar el juicio. Falleció, a los 67 años, el 11 de julio pasado."

EN EL BANQUILLO

Más de 1000 militares se enfrentan a la Justicia

• Jorge Videla
Ex general

1230 Efectivos de las FF.AA.

Atravesaron distintas situaciones procesales en los últimos diez años. La lista incluye a la Policía y el Servicio Penitenciario

• Emilio Massera
Ex almirante

171 Oficiales muertos

En cárceles y bajo procesos judiciales. Entre ellos, figuran Massera, Antonio Domingo Bussi y Carlos Suárez Mason


Jubilados sin derechos humanos y, desde hace casi 5 años, la Corte Suprema no tiene solución para ellos ni "política de estado" -según su impropio decir-

Es de público conocimiento y preocupación el saqueo, otro más, que se hace desde el Poder Ejecutivo Nacional de los fondos previsionales, y particularmente en los últimos 5 años. Cuenta el Gobierno para ello con la tolerancia, rayana en complicidad, de quienes han estado y están al frente de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

La masiva judicialización de los derechos de los jubilados, sistemáticamente vulnerados por el Poder Ejecutivo e ignorados por el Poder Legislativo, no hubiese sido posible de no contar con la complacencia y tolerancia inaudita del restante Poder gubernamental, del Poder Judicial, el cual, desde su cabeza y con una injustificable inoperancia, sirvió eficazmente a aquellos malsanos propósitos.

En efecto, hace ya casi cinco años que la Corte Suprema de Justicia debate en sus estrados la aplicación automática y obligatoria de sus precedentes a todos los beneficiarios previsionales (casos Badaro y otros), y con ello no obligarlos a tener que reclamar sus derechos en juicios individuales ante tribunales colapsados, y litigando contra una ANSES que, con temeridad y malicia, se los niega sistemáticamente y sin razón en todas las instancias posibles. Pero, en realidad, no existe tal debate, solo hay un “patear hacia adelante”, sin llegar a la decisión de fondo (juicio “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos” expte. 45/2009, t. 45, letra D, recibido en la Corte Suprema el 25/2/2009).

Véanse, como prueba de ello, los ciento cuatro anodinos movimientos que registra aquel expediente al día de hoy. Es pura apariencia y no hay Juez que se haya hecho cargo de la inocultable gravedad institucional comprometida y, también, de la urgencia en tomar una decisión en tiempo oportuno. Tal vez existan buenas intenciones pero, a no dudarlo, hay pésimos resultados. Mientras tanto los jubilados y pensionados, cientos de miles de ellos que son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, si no el que más, asisten indefensos al desconocimiento de sus derechos humanos más trascendentes. Y en ello, los tres Poderes de Gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, actúan en consuno.

Cabe entonces aplaudir el Editorial que el diario “LA NACION” consagra al tema en su edición del 24 de septiembre último, titulado “Feroz sadismo con los jubilados” y resaltar, como lo hemos hecho, la responsabilidad primaria que cabe a la Corte Suprema de Justicia en esa realidad tan desgarradora, que ha causado, causa y seguirá causando a diario, daños irreparables en las personas y en las instituciones.


Diario “LA NACION” (*)

Lunes 24 de septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial

Feroz sadismo con los jubilados

Mientras desvía los fondos jubilatorios, el Gobierno recurre a toda clase de artimañas para trabar los juicios de actualización de haberes de la clase pasiva

Para poder continuar con su política de saqueo y apropiación de los fondos jubilatorios, el Gobierno se vio obligado, al mismo tiempo y con el mayor de los sadismos, a imprimirle más fuerza a su campaña de persecución de jubilados, contradiciendo su proclamado progresismo.

Una nueva prueba de ello se advierte en una decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que ha trabado el avance de 7000 juicios de otros tantos jubilados que pugnan por lograr la actualización de sus haberes. Lo que ha hecho la Anses ha sido recusar sin causa a dos de los tres camaristas de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con la intención de apartarlos. Mientras este trámite continúa su marcha, los sumarios de los jubilados permanecerán inmovilizados.

Si bien se trata de una recusación sin causa, la razón de la medida solicitada por la Anses no encierra mayores misterios. Los dos camaristas recusados, Emilio Fernández y Luis Herrero, han sentenciado conforme a derecho en favor de jubilados mediante medidas cautelares que obligan a cumplir en el acto lo dispuesto en las sentencios mientras continúa el proceso. De no abonarse a los jubilados lo establecido en esos fallos, la responsabilidad judicial y económica recae en el contumaz titular de la Anses, Sergio Bossio.

A todo esto, la Cámara de Seguridad Social ha rechazado la recusación de los dos camaristas al argumentar que el planteo de la Anses constituye "una deliberada política institucional" de ese organismo, un "abuso del derecho" y que se ha enmascarado como "recusación sin causa" lo que en verdad es una "recusación con causa". Ante esta decisión de la Cámara, contraria a la Anses, este organismo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

La Anses no quiere la actualización de las jubilaciones porque está usando esos fondos con fines políticos y no le importa que la contracara de ese saqueo sean los casi 400.000 jubilados que han entablado demandas judiciales porque les corresponde cobrar más. De esos pleitos, 150.000 sumarios se encuentran apelados en segunda instancia. Tan poca piedad tiene el Gobierno que son numerosos los casos en que, habiendo obtenido sentencias favorables en la segunda instancia, los jubilados tampoco pueden percibir sus haberes actualizados. Al proceder así, la Anses no cumple con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia ni con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se había comprometido a no recurrir los fallos favorables a los jubilados en primera instancia.

Ha habido, sin embargo, una notoria y escandalosa excepción. La madre de Cristina Kirchner inició un juicio cuando su hija ya ejercía la presidencia y en poco menos de tres años logró una sentencia favorable con el reajuste del monto de la pensión por la muerte de su marido. En su caso, contrariando su habitual accionar, la Anses no apeló el fallo.

Un caso inverso, ventilado por la prensa, muestra la ferocidad del Gobierno contra la clase pasiva. El cirujano Arón Schvartzman tiene 103 años y un fallo judicial favorable por el cual debería cobrar 5808 pesos mensuales en vez de los 3766 que cobra actualmente, pero la Anses le niega el aumento. Schvartzman inició la demanda en 2007. La Anses rechazó su reclamo y luego demoró dos años en enviarlo a la Justicia. En tanto, en el Presupuesto para 2013 se prevé que la Anses solo pague en efectivo 25.000 sentencias de jubilados.

Mientras les niega lo que les corresponde, producto de una vida de trabajo y aportes, el Gobierno desvía el dinero de los jubilados actuales y de los futuros. Así, se anunció que se empleará parte de los aproximadamente 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para financiar un plan de créditos accesibles para construir viviendas. Simultáneamente, el organismo desobedece a la Corte Suprema y no actualiza las 5.600.000 jubilaciones del país aplicándoles el 82 por ciento móvil. Recordemos, además, que se ha abierto una investigación al vicepresidente, Amado Boudou, por presuntas irregularidades en el manejo del FGS y la presunta falta de 4200 millones de pesos de ese fondo cuando él estaba al frente del organismo previsional.

En otra causa, se investiga al director de Control de Liquidación y Red de Grupos Móviles de la Anses, Gustavo Xamena, y al titular de una cooperativa, por el descuento compulsivo de cuotas de créditos inexistentes a unos 17.000 jubilados, operación posibilitada por la Anses desde 2001 hasta 2009 por alrededor de nueve millones de pesos.

En todos los casos, ya se trate de presuntos ilícitos o políticas oficiales de desvío de fondos para aplicarlos a programas que nada tienen que ver con los jubilados -lo cual también podría constituir un delito-, los perjudicados son siempre los mismos. Componen uno de los sectores de la sociedad más vulnerables por su edad y, por eso mismo, más indefensos ante el saqueo y la prepotencia del poder. Sus integrantes se ven obligados a pagar abogados para comenzar largos juicios en procura de cobrar lo que se les adeuda, siempre con el tiempo jugando en su contra. En este maltrato propio de un sádico es donde puede verse el verdadero e impiadoso rostro del Gobierno.


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