Octubre | 2012
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Aborto
Valores humanos ignorados
Embargo de la Fragata ARA "Libertad"
Una vía para su levantamiento y recuperación
La prisión penitenciaria de Presos Políticos
Otra voz sobre las violaciones que se hacen de sus derechos humanos
Nueva demora de la Corte Suprema
El conflicto en el Consejo de la Magistratura

ABORTO
Valores humanos ignorados.

El diario La Nación, en la edición del 23 de octubre de 2012, publica una Carta de uno de sus lectores, que sintetiza con elocuencia los valores humanos que arrastra el aborto. Y no sólo los arrastra, sino que los destruye, pues con él va la vida de un ser a quien, a diferencia de todos nosotros, se le niega el derecho a nacer, transformándolo para ello en una “cosa” absolutamente insustancial.

EL ABORTO

Además del dolor que siempre trae aparejada una muerte (en este caso la de una vida incipiente y todas sus esperanzas), con el aborto declinan principios jurídicos fundamentales, larga y trabajosamente adquiridos. Se impone la pena de muerte a una persona por el hecho de un tercero, en el cual no ha participado. Lo decide no su juez natural, sino una comisión especial de médicos. Por falta de un juicio judicial particular, al imputado no le cabe la oportunidad de defensa. Pena de muerte sin juicio previo, conversión de un niño por nacer en reo, extensión sobre sí de la infamia del padre, condena por un delito que le es extraño, ausencia de una posible defensa.

Dr. Héctor Negri

Ministro decano, Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires

hectornegri@yahoo.com.ar

Embargo de la Fragata ARA "Libertad"
Una vía para su levantamiento y recuperación.

"Mientras yo sea Presidenta se podrán quedar con la fragata pero no con la libertad y la soberanía del país"

La enfática afirmación anterior, efectuada por quien es Presidente de la Nación (CN, art. 99 inc. 11 y 12), pese a haber sido súbitamente aplaudida a rabiar, no es sensata. Adolece también de muchas otras valoraciones que, en realidad, no eran esperables en quien conduce nuestras relaciones exteriores. Ello no impide anhelar que prontamente sean atendidas.

Los que conducen aquellas relaciones no han privilegiado poner rápidamente a salvo el honor e interés nacionales, aun a costa de inmovilizar u$s 20.000.000.-, mediante una fianza sustitutiva del embargo. Ese dinerario en manera alguna comprometía nuestra libertad ni nuestra soberanía. Y si la tésis de la absoluta improcedencia de aquel embargo e interdicción de salida, que recayeron en nuestra querida Fragata, fuese tenida por cierta por nuestros gobernantes, queda a salvo el derecho a reclamar inmediatamente, con ajuste al derecho internacional, los perjuicios irrogados al país como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno de Ghana. Lograríamos se reconozca nuestro derecho hoy conculcado y, en el ínterin, la Fragata estará en casa.

El autor que traemos a su lectura, Dr. Mario Cadenas Madariaga, lo ha hecho. Y la solución que propugna, respetando aquello de que lo elemental es lo fundamental, es razonable.

Cierto es también que, si la valoración política, y del cumplimiento de las obligaciones monetarias de la Argentina, que hace la comunidad internacional, fuesen sustancialmente mejores, otras vías seguramente podrían haberse intentado. Pero, debemos admitir, la realidad es otra.

EL BUQUE INSIGNIA DE LA ARMADA La Opinión al Día

La Fragata Libertad debe liberarse de inmediato y la Argentina debe regularizar su deuda externa e interna(1)
Publicado el 23/10/2012

Mario Antonio Cadenas Madariaga
Abogado - Ex secretario de Agricultura y ganaderia de la Nación - Consultor

Cual debió ser la conducta del Estado Argentino.

Hace 20 días que el prestigio argentino sufre una situación bochornosa que es la retención del buque escuela de su Armada en un puerto de la Republica Ghana, por haber sido embargada en razón de una presunta deuda del Estado argentino.

Si bien el problema puede ser enfocado desde varios puntos de vista, hay un orden lógico y político elemental:

  • 1) La primera y fundamental cuestión es que un buque de la Armada que cumple un viaje de instrucción de su personal militar no puede ser retenido, por ninguna razón, ya que no ha infligido ninguna norma ni interés que lo justifique.
  • 2) La segunda es que la razón invocada, la falta de pago de una obligación pecuniaria del Estado Argentino, en ninguna forma puede originar la retención de un buque de guerra de acuerdo con el derecho internacional aceptado por todas las naciones.
  • 3) La tercera es que tratándose, como es de toda evidencia, de una cuestión pecuniaria, se debe mantener la situación dentro de la naturaleza de la cuestión que le ha dado origen.
  • 4) La cuarta es que el Estado Argentino por tal razón, debió, dentro de las 24 horas de producirse tal situación, intimar la liberación del barco y depositar a embargo la suma reclamada, impugnando la jurisdicción y competencia de las autoridades de la República de Ghana, para proceder en la forma que lo hicieron, y pedir que oportunamente se les reintegrara la suma depositada.

Las Fuerzas Armadas de un país son instituciones fundamentales del Estado cuyo desmedro afecta a toda la Nación.

Debe ser un principio fundamental de la política que el prestigio del Estado y de la Nación, como de sus instituciones básicas, o sus símbolos, no puede ser afectado sin constituir una ofensa nacional, que de no repararse inmediatamente, debe seguirse de acciones graves.

La liberación del buque escuela debió ser objeto de una intimación, en los términos más severos.

Pero simultáneamente el Gobierno argentino, respetuoso del derecho de gentes, debió depositar la suma que originó el problema, para que la cuestión se mantenga dentro de su carácter comercial, que es la pretensión de cobro de una deuda por acreedores particulares, pero sin reconocer la jurisdicción ni la competencia de las autoridades ghaneses, y requiriendo su devolución al reconocerse el derecho argentino a no cumplir con este pretendido crédito.

Este planteo podría o no prosperar pero el prestigio argentino no quedaría comprometido, porque el Buque escuela de su Armada quedaría liberado, y sólo una cantidad de dinero sometida al criterio de autoridades extranjeras, con todas las instancias internacionales abiertas para continuar la cuestión judicial.

Este precedente expone a la Argentina a otros hechos similares, por la debilidad demostrada.

La debilidad en el campo internacional es una política que se paga duramente. La ausencia de autoridades que garanticen el cumplimiento de los principios del derecho internacional convierte a este escenario en un campo propicio a las conductas fundadas en el interés y no en el derecho.

Como cumple la Argentina sus obligaciones internacionales.

Tenemos tres grandes obligaciones internacionales incumplidas: a) la del Club de Paris; b) la de los bonistas que no aceptaron la renegociación de sus bonos c) la de sentencias derivadas del CIADI por demanda de inversores.

Los bonistas que no han prestado su aprobación continúan siendo titulares de obligaciones que comprometen al Estado argentino, porque no rigen una ley similar a la interna de concursos, en que los acuerdos logrados con la aprobación de las mayorías, comprometen a todos.

La renegociación ha dado sus frutos, pero siempre a costa el crédito del país, por que nunca se sale indemne de estas situaciones.

Frente a esta situación queda la posibilidad de abrir otra renegociación, por que en alguna forma se debe salir del actual incumplimiento.

Puede haber otras obligaciones por la alteración de los índices que ajustaban algunas obligaciones renegociadas.

La mala conducta crediticia no es gratuita, y por eso se debe pagar 9 o 10 puntos más de interés sobre los que abonan Brasil, México o Chile, por las nuevas deudas.

El pacto de la cláusula de jurisdicción o arbitraje extranjero para resolver los conflictos de la deuda publica internacional argentina.

México, Brasil, Argentina, Chile y la totalidad de los países en desarrollo han debido aceptar, la cláusula de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales o la Corte del Distrito Sur de New York, o de Londres, para contraer las nuevas deudas externas, desde hace varias décadas. Se pactaron tanto con las instituciones como el Banco Mundial, el FMI, como también se incluyeron en las condiciones de emisión de las deudas para facilitar su colocación.

Bajo esas condiciones se obtuvieron las nuevas deudas y las inversiones extranjeras.

Pero las dificultades de la deuda exterior de estos países no se origino naturalmente en dichas cláusulas sino en la suba de los intereses internacionales y las dificultades del mercado mundial, por los bajos niveles de precios para la producción de estos países, en las décadas anteriores, lo que hizo muy difícil el cumplimiento de sus obligaciones

A partir del 2003 las condiciones del mercado internacional comenzaron a cambiar por la suba de los precios de los alimentos, del petróleo y otros productos básicos, por lo que la deuda de los países en desarrollo fue bajando con relación a su PBI o a sus exportaciones. Y hoy es la situación que muestra al mundo, con un crecimiento promedio sensiblemente más alto que Europa y EEUU.

Pero los referidos países por haber cumplido o renegociado sus deudas no tienen problemas. En cambio Venezuela y Argentina si se han visto complicadas.

Las dificultades argentinas con su deuda externa o con inversiones extranjeras se deben a errores de su política interna.

Si hay una situación en que no podemos responsabilizar al exterior de la situación económica interna es la actual, por el altísimo nivel de los términos del intercambio, los más elevados y continuados desde la posguerra a la fecha. (1945/2012).

El error es exclusivo del Gobierno argentino, por las trabas que impone a las exportaciones agroindustriales, por el nivel de gastos improductivos que mantiene en el orden público, por el retraso cambiario, por el bajo nivel del crédito bancario a favor del sector productivo privado y por la fuga de capitales a que dio lugar esta política.

Martínez, 19 de octubre del 2012.


La prisión penitenciaria de Presos Políticos
Otra voz sobre las violaciones que se hacen de sus derechos humanos.

Nuestra Asociación viene reclamando, desde su nacimiento, por los derechos humanos de quienes, por haber luchado eficazmente contra la agresión terrorista y subversiva de los años ’70, están procesados o condenados bajo el ropaje injusto y antijurídico de delitos de lesa humanidad, y que los convierte en perseguidos sin causa atendible, en verdaderos Presos Políticos.

Esa persecución, que reverdeció en la última década al costo de pisotear la dolorosa paz social alcanzada en los años anteriores, es tal vez parte de un proceso más vasto de agresión a la nación argentina y a sus valores más significativos, que la realidad de nuestros días pone en evidencia con prístina claridad, y a la cual sectores de la vida nacional, cada vez más numerosos, palpan con zozobra.

Más allá de ello, no puede tolerarse mansamente la ferocidad con que, desde nuestros tribunales y so pretexto de hacer justicia, se está instaurando un férreo régimen de desconocimiento de los derechos y de las necesidades básicas de aquellos Presos, al llevarlos a soportar prisiones penitenciarias con falsas motivaciones, pues todas esas cárceles son claramente inapropiadas, vista la muy avanzada edad y la precaria salud de la mayoría de ellos.

En el marco anterior reviste significación la opinión del Dr. Juan G. Labaké pues, pese a su posición contraria al gobierno de aquellos años, que él puntualiza, rescata el derecho humanitario que está siendo violado, y explica entonces la recomendación de su lectura..


ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VENGANZA

Por Juan Gabriel Labaké (1)

Fui uno de los diputados del gobierno de Isabel Perón que se opuso hasta el final al golpe militar, o cívico militar, de marzo de 1976. También fui un intransigente enemigo de pedir la renuncia, o hacerle juicio político a la presidente constitucional, para satisfacer a los militares golpistas. Esa agachada la reclamaba de viva voz (“para salvar la democracia”…) la oposición y aún sectores del peronismo, particularmente los 34 diputados del llamado Grupo de Trabajo que nos negaron el quorum, facilitando así el golpe (hoy se hacen los distraídos).

Por todo ello, en la madrugada del 24 de marzo de ese año, un pelotón de 50 uniformados (10 policías y 40 soldados del Ejército) asaltó mi departamento y me tomó prisionero “a disposición de las Fuerzas Armadas”. Desde ese día y hasta el 19 de julio, fui uno de los casi 40 “pasajeros” del barco de la Marina de Guerra “33 Orientales”.

De modo que tengo mis buenos pergaminos anti-Proceso. Muchos más y de mejor calidad que los de muchos otros que hoy alardean de haber sido furiosos enemigos de la barbarie golpista… desde un seguro y rentable Estudio jurídico.

Esos pergaminos son los que hoy me permiten y me obligan a elevar mi protesta por la forma inhumana en que el gobierno y los jueces mantienen detenidos a casi mil militares y policías “procesistas”.

Los derechos humanos, como su nombre lo indica, son para todos los seres humanos. Eso de “al amigo (o amigote) todo, hasta el encubrimiento; y al enemigo nada, ni justicia”, es de salvajes o de totalitarios nazi-facho-comunistas, no de auténticos defensores de los derechos humanos. No es propio de hombres amantes de la paz y la justicia, sino de resentidos.

Con los militares y policías presos se está cometiendo un acto de venganza, no de justicia. Sus responsables están imitando a sus anteriores verdugos, que hoy son sus víctimas.

Por eso mi protesta.

Vayan algunos datos para fundamentarla, y avergonzar a los culpables de esta nueva ola de atropellos a los derechos humanos:

  • · El coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos tiene 84 años, está ciego y anémico, es hipertenso y fue operado de un tumor cerebral… y aún así el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le negó la prisión domiciliaria y ordenó trasladarlo a la cárcel de Ezeiza.
  • · Suman 1.230 los oficiales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y penitenciarias que, durante la última década, pasaron por los Tribunales, acusados de delitos de lesa humanidad. De ellos, 171 murieron en la cárcel o bajo proceso judicial, en condiciones “humillantes y denigrantes”. De ellos, hay en la actualidad 417 oficiales y suboficiales que están procesados o condenados en cárceles federales y provinciales.
  • · No hay peligro de fuga. Muchos son octogenarios, los trasladan esposados en camiones celulares y tienen severos problemas de salud. Son sometidos a un régimen carcelario riguroso.
  • · "Mi padre tiene 90 años y cáncer. Ocho dictámenes médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema lo declararon incapaz para estar en juicio", explicó el doctor Ricardo Saint Jean, indignado por el traslado de su padre -el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico M. Saint Jean- a una cárcel común.
Nota de El Espejo: hace unos días, la Cámara de Casación revocó ese fallo del TOF-1 de La Plata, y concedió la prisión domiciliaria a Saint Jean. (Fuente: Informe de la Unión de Promociones, que dirige el coronel retirado Guillermo Viola, y diario La Nación).

La sensibilidad de la Dra. Garré

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, repudió el actuar de personal policial en un operativo transmitido por un canal de televisión. En él se observa que los policías dejan a un detenido sentado en la calle, bajo la lluvia, mientras ellos hacen las diligencias del caso, a pesar de que en el lugar había dos patrulleros donde pudieron alojar al delincuente.

Es cierto que no es lo mismo robar una billetera que cometer un delito de lesa humanidad, pero, insisto, los derechos humanos son para todos, y la fina sensibilidad de la Dra. Garré en un caso, no se condice con su inhumana insensibilidad en los otros.

No buscan la justicia, sino la venganza. Y eso, reitero, es de cavernícolas y de nazi-facho-comunistas.


Nueva demora de la Corte Suprema
El conflicto en el Consejo de la Magistratura.

La sanción de la ley 26.080, que reformó la constitución del Consejo de la Magistratura, en su momento generó un encendido debate, pues con ella se incrementó la gravitación del poder político, a costa del de los demás estamentos que lo componen.

La ley fue tildada de inconstitucional.

A poco de esa sanción (febrero de 2006), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad. Han pasado más de seis años, y dicha Corte aun no se ha expedido (1).

Durante todos esos años el referido Consejo funcionó en base a una ley seriamente cuestionada. En el interín propuso la designación de numerosos magistrados nacionales y, asimismo, intervino en las denuncias y sumarios por el mal desempeño y remoción de otros tantos.

En nuestro Boletín anterior nos hicimos cargo de la inaudita demora de ese Alto Tribunal para decidir cuestiones muy trascendentes para los argentinos, y que hacen a sus derechos humanos esenciales.

Hoy en día, en medio de la conmoción que ha generado el funcionamiento anormal del Consejo de la Magistratura en lo atinente a la selección y propuesta de magistrados, es de resaltar la incidencia directa e inmediata que la incuria de nuestra Corte Suprema de Justicia tiene en el conflicto generado y sobre instituciones fundamentales para la vida de la República, cual es su Poder Judicial de la Nación.


Declaración del CPACF del 4 de octubre de 2012(1)

Consejo de la Magistratura de la Nación

QUE EL ÁRBOL NO TAPE EL BOSQUE

En atención a los hechos de público conocimiento respecto de la crisis institucional que atraviesa el Consejo de la Magistratura de la Nación, nuestro recuperado Colegio Público no puede dejar de manifestar que:

Los sucesos que tienen como objeto, en este caso, la resolución del Concurso Nº 258 no son nada más que otra de las tantas consecuencias directas de la aplicación de una ley que se encuentra reñida con los principios constitucionales que inspiraron la creación en la Reforma Constitucional de 1994 del Consejo de la Magistratura de la Nación y que lo convirtiera en un organismo político olvidándose de su naturaleza evidentemente técnica.

En tal entendimiento es necesario el recordar que aún queda pendiente ante la CSJN nuestra acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 26.080 que reformara la composición de esa Institución (ÚNICO PLANTEO ADMITIDO EN ORDEN A LOS REITERADOS FALLOS DE ESE ALTO TRIBUNAL SOBRE ACCIONES DE CLASE A NUESTRO FAVOR), y a pesar de las sucesivas peticiones de pronto despacho que hiciéramos ante su mesa de entradas.

Sin perjuicio de ello, nuestro Colegio recuerda que también ha propuesto ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Legislativo, que se vuelva a la verdadera ratio de la Constitución Nacional instando a que se despolitice al Consejo. A tal fin, hemos propuesto, basados en los más elementales principios republicanos, que los consejeros provenientes del Congreso no sean diputados y senadores sino representantes de ellos; con el fundamento de que no se puede al mismo tiempo ser integrante del Poder Legislativo y del Judicial ya que se rompe decisivamente el equilibrio que marcara Montesquieu en 'Espíritu de las leyes', cuando creara el sistema de control republicano entre los tres poderes del Estado.

Dicha politización del Consejo se ha agravado más aún desde finales de 2.010 puesto que varios de los consejeros provenientes de los estamentos técnicos han manifestado de manera abierta o elíptica el responder y/o simpatizar con Partidos Políticos, votando conforme a instrucciones que emanarían desde los mismos. Ello sumado a lo anterior, ha desnaturalizado definitivamente a una Institución que fuera creada para transparentar el proceso de selección y disciplina de los magistrados nacionales y federales y propender con ello a la participación de todos los sectores involucrados en el servicio de Justicia, y no en la arena de combate político que se ha transformado en la actualidad por el accionar directo del oficialismo y la oposición que priorizan intereses sectoriales por encima de las Razones de Estado que son de todos los argentinos.

En dicha inteligencia, nuestro recuperado Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ve con honda preocupación la degradación pública que evidencia dicho organismo y llama a la reflexión a todos sus miembros en la necesidad y la importancia que tiene la urgente reforma de la ley 26.080 con el único fin de evitar que las contiendas políticas que sine die vienen produciéndose, continúen repercutiendo en la selección de aquellos que deban impartir Justicia, recordando en tal sentido hemos remitido oportunamente, un texto reformador que fuera elaborado concienzudamente y que podría equilibrar las cosas de manera decisoria en el seno del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Jorge Rizzo

Presidente CPACF


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