Agosto | 2012
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La degradación del sistema penitenciario federal por parte de su actual Director Víctor Hortel y sus agrupaciones "Negros de Mierda" (sic) y "Vatayón Militante"
La necedad, alimentada en el rencor, la ideologia sin valores y la sumisión detrás del poder, han llevado a una grotesca prohibición de estudiar
Cena anual de la Asociación
Acto académico en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

La degradación del sistema penitenciario federal por parte de su actual Director Víctor Hortel y sus agrupaciones "Negros de Mierda" (sic) y "Vatayón Militante"

El conflicto con el campo primero y la disputa por la ley de medios después hicieron surgir y crecer cientos de sitios de internet y blogs que militan a favor del gobierno. Los blogueros pasaron de luchar desde un segundo plano para "contrarrestar el golpismo mediático" -algunos con fondos estatales- a reunirse con funcionarios que los apoyan como el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y hasta pelearse "a muerte" con periodistas.

Acaso uno de los grupos más curiosos y coloridos que surgió entre la marea de "bloggers K" sea el Colectivo Negros De Mierda (NDM), que en su sitio web se define como "un colectivo cultural, militante, nacional y popular; reivindicamos los valores que nos dan identidad, que nos constituyen, que nos acercan a una forma de actuar, de sentir y de pensar; que nos hacen esto que somos y no otros".

"Tomamos el nombre vertido por el enemigo y lo usamos como idea fuerza", explicó a Perfil.com Hank Soriano, diseñador y uno de los fundadores de Negros De Mierda.

El grupo comenzó a tomar forma durante el debate por la Ley de Medios, cuando Soriano comenzó a subir a su blog las tapas del diario Clarín modificadas en forma de parodia. En una de ellas, en la que se veía a un militante kirchnerista golpeando un bombo, Soriano agregó la leyenda "negros de mierda a favor de la ley de medios".


Hank Soriano (derecha) y los fundadores de Negros de Mierda

Hank Soriano (derecha) y los fundadores de Negros de Mierda


A partir de allí, comenzó una comunión entre los visitantes del blog y otros kirchneristas que difundían sus trabajos en Facebook. "Nos empezamos a reunir y en marzo de 2009 quedó formado el grupo", relató Soriano.

Los Negros de Mierda se reivindican como un "colectivo político-cultural" que asiste a varias marchas oficialistas con sus banderas y remeras, siempre en tono jocoso. Además, organizan fiestas abiertas ("La gente paga entrada de 15 pesos, trae lo que quiere y adentro no se cobra nada", comentó Soriano) y hasta charlas con funcionarios del gobierno. Ya convocaron al senador Daniel Filmus y a Luis D'Elía (quienes recibieron sendos certificados de "Auténticos Negros de Mierda") y tienen programadas reuniones con el ministro de Economía Amado Boudou y el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Agustín Rossi.

El director del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel era de la agrupación "Negros de Mierda" y formó parte del "colectivo político-cultural" del que surgió el Vatayón Militante que organizó las salidas de los presos.


Daniel Filmus recibe su certificado de Auténtico NDM

Daniel Filmus recibe su certificado de Auténtico NDM

D’Elía recibe su diploma de Auténtico NDM

D’Elía recibe su diploma de Auténtico NDM

La agrupación en un acto oficialista

La agrupación en un acto oficialista

D’Elía en una charla en la agrupación

D’Elía en una charla en la agrupación

Mariano Carabelli uno de los fundadores de Negros de Mierda con Cristina

Mariano Carabelli uno de los fundadores de Negros de Mierda con Cristina

Rafael Berecoechea, otro de los fundadores, en un acto con Cristina

Rafael Berecoechea, otro de los fundadores, en un acto con Cristina


Víctor Hortel tiene 49 años e integra una familia platense de abogados y profesionales. Su padre, Eduardo Hortel, fue uno de los redactores de la reforma del Código de Procedimientos bonaerense y presidió la cámara que condenó a prisión perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo José López por “torturas seguidas de muerte” contra el estudiante de periodismo Miguel Bru y al odontólogo Ricardo Barreda por el asesinato de su esposa, sus hijas y su suegra.

El actual Director del Servicio Penitenciario Federal se recibió en la Universidad de La Plata y se especializó en derecho penal. También es escribano. Tiene el estudio Hortel y asociados. Ejerció varios cargos públicos en la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el gabinete del ministerio de Justicia, con Julio Alak. Hasta el año pasado fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos.

El ministro Alak conoció a Hortel cuando fue intendente de La Plata. Para entonces, el ahora responsable del SPF todavía no se había integrado a la agrupación K “Negros de Mierda”. Se reconoce kirchnerista casi fundamentalista. Aún hoy reside en la capital bonaerense.


Víctor Hortel, Director del Servicio Penitenciario Federal

Víctor Hortel, Director del Servicio Penitenciario Federal


Las salidas de presos para actos culturales y kirchneristas pusieron las miradas y cuestionamientos en el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hortel se autodefine como "Negro de Mierda. Peronista. Pincharrata. Abogado Penalista. Orgullosamente K". Para él, como para muchos especialistas en el tema, "no debe haber una 'mejor cárcel', sino menos cárcel".

"Mucho antes que funcionario soy militante", dice de él mismo, según publicó La Nación. Su teoría carcelaria se sintetiza en que "sólo se debe restringir la libertad ambulatoria (no otras), y lo menos posible". Inclusive llegó a declarar que el SPF "debe generar relaciones institucionales con grupos de choque como el Vatayón Militante".

Los cuestionamientos hacia Hortel se multiplicaron luego de que se conociera el video donde participa de una murga junto con los presos del penal de Marcos Paz. El acto es del 29 de diciembre y se lo pudo ver tocando el tamboril junto a Pablo Díaz, condenado a perpetua por la violación y asesinato de Soledad Bargna en 2009.

Hortel llegó al SPF en abril de 2011, en reemplazó de Alejandro Marambio, con el visto bueno de La Cámpora, agrupación donde también militan el viceministro Julián Alvarez y los miembros del Vatayón. Admira al juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, y es de La Plata, al igual que Alak.

Hortel expuso sus teorías sobre la función de la cárcel ante militantes del Vatayón: "La postura doctrinaria de hacer una mejor cárcel es una trampa, porque eso es más encierro. Es funcional a la no abolición de la cárcel. Lo que tratamos es que no sea mejor, sino que sea menos cárcel", señaló.

La agrupación La Cámpora trabaja en el reclutamiento y organización de presos para la militancia. Hay algunas mujeres que van por los pabellones y se mueven con total libertad por la cárcel. Estas personas estarían comandadas por el Andrés el "Cuervo" Larroque, quien controla al batallón militante que cada vez tiene más poder: deciden si alguien va a un acto, si alguien tiene visitas, si alguien tiene algún privilegio dentro de la cárcel.

La idea es que, cuando estos muchachos salgan, vayan a las villas a seguir reclutando gente. Esto es peligroso, esto es la base de una banda armada y una fuerza de choque de los sectores marginales con consecuencias bastante complejas. El “Vatayón Militante”, cuenta con el apoyo de la recientemente creada Escuela Nacional de Gobierno, un área dependendiente de la Jefatura de Gabinete que tiene como objetivo “formar y capacitar a los futuros cuadros y dirigentes políticos para la administración y gestión gubernamental. La agrupación también posee un perfil en Facebook y un canal de YouTube en los cuales pueden verse más detalles sobre las actividades y talleres que realizan dentro de diferentes penitenciarías junto al Servicio Penitenciario Federal.

Su decálogo aclara que: “El Vatayón Militante se escribe con V porque es la V de la Victoria y la V de la Vuelta. Es también la V de la Verdad, la V del Valor y la V del Voto. Es la V del Vino, la V de la Verga, la V de la Vagina y la V de la Vida.”


Reclutamiento carcelario y activismo político

“El logo es un Conejo, porque un Conejo vive a los saltos, puede ser agresivo si muestra los dientes y una belleza de peluche animal si se lo quiere bien. También, los conejos se reproducen a toda velocidad.”

“El Vatayón Militante pretende encarnar lo plural de la Patria, lo popular del Peronismo y lo mejor de todos y todas. El Vatayón Militante es peronista y por añadidura, kirchnerista.”

“El Vatayón Militante se conformará en comisiones de acción, a medida que cada evento se realice y en base a la disponibilidad de cada integrante. Nadie estará supeditado a absolutamente nada más que a cumplir con lo acordado en las instancias previas a lo que se haga, más allá de las labores militantes personales y particulares que cada uno quiera realizar.”

En su canal de YouTube, la organización ya subió el video con la entrevista de Majul a Schoklender, el cual se titula “Violencia es mentir”.

También cuenta con un video donde Víctor Hortel, director Nacional del S.P.F., manifiesta algunas palabras al respecto del proyecto: “Nosotros cumplimos con este anhelo de no solamente darles tratamiento a las personas privadas de libertad, sino transformarlos en ciudadanos con formación militante y formación política”.


Reclutamiento carcelario y activismo político Reclutamiento carcelario y activismo político

Hank Soriano, uno de los principales referentes del Vatayón, dice que no reclutan militantes en los penales pero es una agrupación política con intenciones de construir, justamente desde la democracia y donde se necesite, con militantes.

Soriano abre la militancia de su grupo político a “cualquier tipo de personas”, estén privadas o no de su libertad. “Con lo cual, si algún interno decide militar con el Vatayón desde adentro, o una vez en libertad, puede hacerlo”.

En su texto, Soriano afirma que la agrupación no pertenece a La Cámpora, aunque “realizó y realizará actividades junto a La Cámpora, como con cualquier otra agrupación compañera que aporte al trabajo al desarrollo de inclusión, igualdad y valores democráticos del proyecto nacional y popular”.

Entre su militancia, el Vatayón tiene fuerte presencia femenina.

Diana Pinasco y Sofía Sordo son las caras más visibles. Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron a Clarín que, tanto ellas como otras integrantes de la agrupación, se mueven con total libertad adentro del penal de Ezeiza.

Pinasco, la coordinadora de los talleres defiende su tarea: “Los internos nos dicen que se sienten libres. Son actividades que se hacen con sus familiares, en un festival de cumbia participaron alrededor de 2500 personas.

Sin embargo Pinasco no hace mención a las recitales realizados fuera de los penales, con la presencia de detenidos. Para la militancia kirchernista todos los presos son iguales y están llamados a participar de sus actividades. Sin embargo, admiten un límite: no trabajan con condenados por crímenes de lesa humanidad.


Gabriel Mariotto en uno de los actos de Vatayon Militante

Gabriel Mariotto en uno de los actos de Vatayon Militante

El ministro Tomada en un acto de Vatayón Militante

El ministro Tomada en un acto de Vatayón Militante


El Vatayón tiene “entrada libre” para poder desarrollar sus actividades dentro de los penales, mientras que cualquier persona o grupo que intente entrevistar a un detenido u organizar algún evento en una cárcel, debe atravesar múltiples requisitos que exige el Servicio Penitenciario para lograr su objetivo.

Aunque no admite la conexión directa con el titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, el comunicado de Soriano marca una comunión entre el Vatayón y el funcionario: “La intención del Vatayón Militante, con respecto al trabajo en los penales, es la de visibilizar el profundo cambio que se está dando desde la dirección del Servicio Penitenciario Federal ,y las políticas de derechos humanos que allí novedosamente se implementan.


Eduardo Vázquez (ex integrante de Callejeros), recientemente condenado por quemar y matar a su esposa Wanda Tadei, participa, fuera de la cárcel, en una fiesta organizada por Vatayón Militante.

Eduardo Vázquez (ex integrante de Callejeros), recientemente condenado por quemar y matar a su esposa Wanda Tadei, participa, fuera de la cárcel, en una fiesta organizada por Vatayón Militante.


Pertenecer tiene sus privilegios. Lejos de ser el lema de una marca, es una realidad dentro de las cárceles federales. Aquellos internos que adhieren a la agrupación K Vatayón Militante lo saben. Además de recibir reiteradas salidas al exterior, tienen libertad absoluta para moverse dentro de la cárcel . Eso explica la masiva adhesión con la que cuenta la agrupación K.

Jorge Salcedo , actualmente alojado en el penal de Ezeiza, lo probó en carne propia . En abril de este año, le labraron un parte disciplinario por resistirse a una requisa . En pocas horas, según revelaron fuentes de ese penal, el director del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel, declaró la nulidad de todo el expediente . Utilizó un argumento formal: dijo que faltaba la firma del director de Ezeiza, algo natural en esa instancia de la investigación administrativa.

Salcedo participó junto al ex baterista de Callejeros en el acto de Chacarita, el 25 de noviembre pasado, donde se cantaron consignas políticas . Juntos fueron trasladados desde Ezeiza hasta el búnker de la agrupación K , en Corrientes 6257.

Salcedo también estuvo junto a Vásquez y Pintos en el acto de San Telmo, el 24 de junio pasado. Ese día fue el tecladista de “Bien de Abajo”, la banda que formó en Ezeiza. Al evento asistió Hortel, que impulsa sin disimulo la actuación de Vatayón Militante.


Jorge Salcedo (en el extremo derecho) tocando la tumbadora para Vatayón Militante.

Jorge Salcedo (en el extremo derecho) tocando la tumbadora para Vatayón Militante.

Reclutamiento carcelario y activismo político Reclutamiento carcelario y activismo político Reclutamiento carcelario y activismo político Diana Pinasco

Diana Pinasco

Sofía Sordo

Sofía Sordo

Hortel junto a Diana Pinasco

Hortel junto a Diana Pinasco


El sitio del diario La Nación mostró un video publicado en YouTube donde se ve a Hortel, que es quien avala los certificados de conducta de los presos (certificados que después determinan si los jueces les autorizan o no las salidas), en una reunión festiva al lado Pablo Díaz, condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de Soledad Bargna en 2009. En las imágenes, ambos tocan en la murga "Los estudiantes de Marcos Paz".

Díaz había sido condenado en 2002 a doce años de prisión por la violación de una adolescente. En 2009 fue beneficiado por su buena conducta con salidas transitorias. Pero durante esos permisos, Díaz violó y asesinó a Soledad Bargna de 26 puñaladas; por ese crimen, recibió en mayo del año pasado una nueva condena a cadena perpetua.

El video que muestra a Hortel junto a Díaz, que se conoce en medio de la polémica desatada por la investigación que dio a conocer los traslados de presos para que participen en actos políticos de la agrupación kirchnerista Vatayón Militante, fue grabado a fines de 2011 en el penal de Marcos Paz, calificado por el Servicio Penitenciario Federal como una cárcel de alta seguridad a la que van condenados por crímenes atroces.

Marcelo Pablo Díaz, quien está condenado a prisión perpetua acusado de haber asesinado y violado a la joven Soledad Bargna hace casi tres años aparece en un video publicitario del Servicio Penitenciario Federal difundido en Youtube, en el que promociona las guitarras que fabrica en el penal de Marcos Paz donde está alojado.

En las imágenes, Díaz exhibe sus instrumentos y explica cómo es su trabajo. "Estoy a cargo del Taller de Construcción de Instrumentos Musicales", explica el abusador y homicida confeso. "Acá hacemos guitarras criollas, acústicas y eléctricas; elementos de construcción, relojes antiguos y muletas.


Reclutamiento carcelario y activismo político Reclutamiento carcelario y activismo político

Víctor Hortel, Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), participó como músico de una murga de presos de alta peligrosidad en el penal de Marcos Paz. En un video que el propio SPF colgó en el portal Youtube, se lo puede ver a Hortel tocando a todo ritmo el redoblante en un paseo de la murga “Los estudiantes de Marcoz Paz” por las instalaciones del Hospital Penitenciario Central y en el patio del Penal de Marcos Paz. El cortejo era dirigido por Pablo Díaz, un preso condenado a cadena perpetua por violación y asesinato.

En el video se muestran, además de la performance murguera, declaraciones de presos que agradecen la idea de Hortel por haber organizado la murga y el evento, montado el 29 de diciembre de 2011, para despedir el año. “La idea surgió de los Jefes, cuando vinimos acá a Ezeiza a bailar”, dice uno de ellos mirando a cámara. En ese instante, alguien que no aparece en el encuadre de la imagen le sopla: “Víctor, Víctor Hortel”. “Sí, es Víctor, más conocido como Víctor, digamos. Ese es el que más la mano nos da, el que nos ayuda día a día”, consiente.

“Ese es como nuestro padrino”, vuelven a soplarle desde atrás de las cámaras. “Claro, exactamente”, concluye el hombre, mientras las cámaras del SPF muestran al propio Hortel, con remera blanca a rayas grises, tocando el redoblante en el patio de la prisión. Otro preso de la murga también llama “padrino” a Hortel, el funcionario encargado de velar por la seguridad de los 9.700 detenidos en los 35 centros carcelarios federales del país.

El organismo que conduce Hortel es cuestionado por organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige el periodista oficialista Horacio Verbitsky.

PROHIBIDO ESTUDIAR,
PROHIBIDO APRENDER

Luis María Bandieri

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, según la información periodística, resolvió por unanimidad rechazar la inscripción de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad para cursar estudios a través de UBA XXII, un programa educativo impartido desde las cárceles.

De hecho, el rechazo de la inscripción ya se había producido en algunos casos, como los de carreras dictadas en Sociales y Filosofía y Letras. Uno de los ahora directamente afectados por la medida del Consejo Superior, denunció tiempo atrás ante el INADI la negativa de un docente de sociología a incluirlo en sus clases, a su juicio configurativa de conducta discriminatoria. El organismo consideró que la negativa del profesor quedaba amparada en la objeción de conciencia, lo que impedía considerarla discriminatoria, pero que era una obligación de la UBA asegurar al denunciante su derecho a la educación.

En ese punto, el Consejo Superior formó una comisión ad hoc para dictaminar sobre el asunto, integrada por Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra por Derecho, Adriana Puiggrós y José Schulman por Filosofía y Letras y Osvaldo Varela y Alfredo Sarmiento por Psicología. Tomo de la información periodística algunas de sus conclusiones:

  • > El propósito de la Universidad “no puede ser otro que permitirla libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo”.

  • > “El respeto a las normas que rigen una comunidad universitaria no se agota en el cumplimiento formal de sus pautas, sino que exige de quien aspira a incorporarse a ella que su conducta no sea destructiva o lesiva a la existencia misma de la comunidad”.

  • > “La particularidad del caso es que quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de los que fueron víctimas los propios miembros de la comunidad universitaria, es decir, una tesis negacionista de los delitos que han victimizado masivamente a miembros de la comunidad universitaria a la que pretenden incorporarse”.

  • > “No pretende la UBA cuestionar las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación, pero ese mismo discurso, llevado al seno de la UBA, se vuelve disolvente del espíritu comunitario que debe animarla conforme a la tradición universitaria mundial de todos los tiempos”.

  • > “En este sentido, la UBA debe aceptar incluso a quienes han victimizado cruelmente a integrantes de todos los estamentos de su comunidad, pero no puede permitir que éstos se incorporen a ella portando un discurso negacionista que pretenda legitimar esos delitos, porque inevitablemente esta conducta presente y actual –no pasada- sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria, que es la esencia de su institucionalidad”.

  • > “Ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la legitimidad de esos delitos masivos”

  • > “Por todo lo expuesto, quienes suscriben recomiendan no admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”.

También según la información periodística –la página del Consejo Superior de la UBA todavía no ha recogido el texto de la decisión- los consejeros tomaron lo medular de su argumentación del dictamen, y lo encajaron dentro del cuadro normativo que rige a la institución, refiriéndose a la autonomía universitaria, al art. 29 de la ley de Educación Superior, que permite a las universidades definir sus mecanismos de admisión y al estatuto de la UBA, que faculta a regular el ingreso de sus estudiantes.

Repasemos ahora algunas opiniones de autoridades y consejeros intervinientes en esa decisión. “Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires”, afirmó el rector, Rubén Hallú. El decano de Sociales, Sergio Caletti, expresó: “la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad”. Y el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, subrayó: “es un acto de reparación histórica…celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”. Por su parte, Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras, redondeó que la resolución “resume el trabajo que venimos haciendo en conjunto desde la universidad, las agrupaciones estudiantiles, docentes y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la cárcel”. Para este docente: “es un hecho histórico que pone a la universidad pública a la altura de las discusiones actuales sobre el rechazo al genocidio y las políticas por memoria, verdad y justicia”.

Entre los comentarios laudatorios de la resolución, recojo el de Marcelo Ferreira, docente de Derechos Humanos en la UBA [1], titulado “Una Sanción Ética”. Ferreira afirma que la negativa al acceso a la educación superior no es un “derecho absoluto” –como lo sería en el caso de la educación primaria y la secundaria- y, por lo tanto, la negativa al acceso a ella no puede resultar discriminatoria, hasta el punto de que las facultades pueden establecer, de acuerdo con el estatuto de la UBA, las condiciones de admisibilidad a sus aulas. Por otra parte, la negativa a la admisión no resulta alcanzada por el derecho a la reinserción social de los afectados, ante todo por la naturaleza de los delitos imputados, “crímenes de lesa humanidad, y como tales imprescriptibles, inadmistiables e imperdonables incluso por voluntad popular mayoritaria” y, por añadidura, a causa de “la pública defensa de las tesis de inexistencia o justificación” de esos delitos. A continuación, Ferreira señala que la sanción a los peticionarios de ingreso a UBA XXII resulta ética antes que jurídica. Una universidad puede otorgar premios éticos y también aplicar sanciones del mismo tipo. “Así lo hizo muchas veces -concluye nuestro autor- como en el caso de Martin Heidegger, que fue echado de la universidad alemana por aplicación de las leyes de Nuremberg”.

Tratemos de encuadrar lo anterior en lo que proclama nuestro derecho. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de atención imprescindible en el caso. Se trata de un habeas corpus correctivo y pluri-individual fallado en 2005, en la causa “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus” [2], donde la iniciativa fue del nombrado en nombre del CELS. Allí se recuerdan las normas que encierran los principios básicos sobre el asunto. En primer lugar, el art. 18 de la CN, con aquello de que las cárceles, donde se cumplen las penas de prisión de por sí aflictivas, deben ser para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y de que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más de lo que aquélla –la seguridad- exija”, hará responsable a quien la autorice. A veces es bueno repasar lo que se ha leído u oído tantas veces (lo sustancial del texto recordado de 1853 ya estaba en la constitución frustra de 1819) ; esto es, que la pena privativa de la libertad asegura a quien ha delinquido frente a sí mismo y a la sociedad, pero que no significa castigo, escarmiento adicional. Al viejo texto se le adiciona, conforme el art. 75, inc. 22 de la CN, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su art. 25, que establece el derecho a un “tratamiento humano durante la privación de libertad”. Y el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también con jerarquía constitucional, que señala que en la privación de libertad la persona “será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Establece, asimismo, la finalidad del régimen penitenciario que “consistirá en u tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los procesados”.

Hasta aquí lo que todo estudiante de Derecho recibe en las universidades argentinas, UBA -mi vieja alma mater- incluida. Es la vulgata en la materia, no por repetida menos importante. El fallo de la Corte, referido a los detenidos en los penales de la provincia de Buenos Aires, pero de alcance interpretativo general, recuerda, además, las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, establecidas por la ONU en 1955. Dice la Corte que ellas “se han convertido por vía del art. 18 de la CN, en el estándar internacional respecto de las personas privadas de libertad”. El art. 6 de estas Reglas establece como principio fundamental que ellas “deben ser aplicadas imparcialmente. No se deben hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera”. Y el 61 afirma: “en el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella”. En cuanto a los estudios, el art. 77 dice que “se tomarán todas las disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces de aprovecharla”. En 1990 la Asamblea General de la ONU adoptó las “Reglas de Tokio” sobre medidas no privativas de libertad, como pueden ser el arresto domiciliario o cursar estudios. Su art. 2.2 establece como pauta básica interpretativa que “las reglas se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición”.

Entonces, en el caso, se ve afectado el derecho a aprender y recibir educación de los discriminados y, además, se les inflige una punición adicional sin causa a su privación de libertad, en violación de las reglas mínimas aceptadas por nuestro país para la población carcelaria. El derecho de aprender (art. 14 CN) protege también a quien desea hacerlo, contra quienes, investidos con el deber de hacerlo, omiten su cumplimiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (art. 26.1), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados” (art. 13.2 “c”), por lo que una discriminación genérica como la que ha establecido la UBA, que no se funda en méritos o capacidades, vulnera aquellas convenciones con jerarquía constitucional. Y aquí estamos nuevamente ante la vulgata al alcance de cualquier estudiante de Derecho.

Más aún, repasando su cartilla, el estudiante advertiría fácilmente que nos encontramos ante una afectación del derecho de igualdad ante la ley (art. 16 CN, art. 7º Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 1º y 24 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 2º Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre y art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) mediante la creación discriminatoria de una “categoría sospechosa” –en los términos de nuestra Corte Suprema [3]-, establecida por malquerencia hacia personas o grupos de personas determinadas. En esos casos, siempre según nuestro máximo tribunal, las normas así establecidas parten de una presunción de inconstitucionalidad, y para que ese trato desigual no pueda ser considerado ilegítimo, quien defiende la validez de la disposición deberá demostrar que responde a fines sustanciales y no meramente convenientes y que se trata del medio menos restrictivo y no sólo uno de los medios posibles para alcanzar su finalidad.

Ya vimos que, por otra parte, la discriminación funciona como punición adicional para personas privadas de su libertad, en contravención a las reglas mínimas reconocidas por nuestro país para las buenas prácticas penitenciarias. Además, según la información periodística, dos de los estudiantes discriminados se encuentran aún bajo proceso y otro fue condenado, aunque nos e aclara si dicha sentencia está o no firme. Estamos, pues, ante la eventualidad de que hay sido atropellada también, por la decisión discriminatoria, la garantía fundamental de la presunción de inocencia (art. 26 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8º.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), lo que ahondaría la sospechosidad inconstitucional de la medida. Y hasta suponiendo que se aplicase la discriminación a personas con condenas firmes, siendo los objetivos de la pena la “reforma y readaptación social” de los penados, la discriminación va clamorosamente en contra de esas finalidades.

Si examinamos las razones aducidas para fundar el acto discriminatorio, vemos que se aduce no tanto la gravedad de las conductas pasadas que se les imputan a los aspirantes a cursar estudios, sino más bien la inaceptabilidad de sus ideas actuales respecto del conflicto atravesado. Especialmente, se les atribuye un “discurso negacionista” acerca de los delitos de que se los acusa; esto es, “la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos”. No se acredita de qué manera se conoce esa toma de posición de los presos, desde que ellos no fueron admitidos a las aulas, donde podrían haber efectuado esas manifestaciones. Una hipótesis plausible es que se hayan tomado sus declaraciones y defensas en las causas a que están sometidos. El dictamen de las personalidades a que nos referimos más arriba se apresura a aclarar que admiten “las tácticas defensivas de estas personas en sus respectivos procesos penales, ámbito en el que se les debe garantizar la más amplia libertad de argumentación”. Pero, entonces, esa “amplia libertad de argumentación”, propicia en sede forense, no puede darse en el ámbito universitario de la UBA. ¡Curiosa y penosa conclusión! Quiere decir que si un historiador plantease que en nuestro país, desde 1964 (Uturuncos) hasta 1989 (La Tablada) se desarrolló en nuestro país una guerra, bajo el molde la guerra revolucionaria (causa 13, CSJN fallos 309:1656), que produjo una respuesta en forma de guerra contrarrevolucionaria, con secuela de muertes, terror, desapariciones forzadas, torturas, etc., y que este escenario de guerra puede considerarse periférico respecto del enfrentamiento global entre los EE.UU. y la URSS, con un destacado protagonismo de la Tricontinental desde La Habana, de un lado, y el “Plan Cóndor” y la CIA del otro, no podría sostener esta tesis, le sería impedida la “libertad de argumentación” y probablemente no encontrase recinto donde expresarse en la UBA.

Porque la condena fulminatoria contra los “discursos negacionistas” no alcanza sólo a quienes como imputados o condenados por delitos de lesa humanidad la pudieran esgrimir, sino que fácilmente podría extenderse a cualquiera cuyas opiniones sobre nuestros “años de plomo” no coincidiesen con la “memoria oficial” implantada desde la cátedra. Ya la misma utilización a designio del adjetivo “negacionista” muestra que nos encontramos ante lo que Leo Strauss llamaba reductio ad hitlerum. “Negacionista” es quien niega la Shoa o el genocidio armenio. “Negacionista” es un apologista del Mal Absoluto, encarnado modernamente en Adolfo Hitler. Tildar a un pensamiento de “negacionista” es identificarlo con el Mal, contra el que todo está permitido. Es la reductio ad hitlerum como forma simple pero eficaz de desacreditar a una persona o a una idea. El profesor Ferreira, cuya opinión reseñamos más arriba, da una última vuelta de tuerca recordando, a propósito de la sanción discriminatoria, llevándola al plano ético, como le ocurrió a Martin Heidegger, “que fue echado de la universidad alemana por aplicación de las leyes de Nuremberg”. Si se pudo echar de la universidad al “negacionista” Heidegger, con mayor razón puede impedirse entrar en ella a “negacionistas” procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. Me permito aclarar algunos puntos: a) como “leyes de Nuremberg” se conocen las leyes raciales del Tercer Reich de 1935, que no es el caso; b) Martin Heidegger no estuvo sometido al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg; dicho tribunal estableció unos “principios de Nuremberg” para el juzgamiento, ya que, como dice Agnes Heller [4], la humanidad no tenía en 1945 sistema legal positivo, por lo cual no era posible infringir la ley positiva de la humanidad; estos “principios” no le fueron aplicados a Heidegger; c) a Heidegger se lo separó de la Universidad de Friburgo, en 1946, luego de pasar por comisiones de “depuración”, por orden del gobierno militar francés ocupante; d) Heidegger fue readmitido en Friburgo en 1952. El profesor Ferreira haría bien en revisar el listado de profesores de la UBA que en diversas épocas, y por conducciones de muy diverso signo ideológico, fueron también “depurados”, como por ejemplo Carlos Cossio, antes de relacionar automáticamente separación con infracción ética.

Creo haber demostrado que la sanción discriminatoria contra los presos, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que pretendieron ingresar a UBA XXII no resiste el escrutinio jurídico, a la luz de los preceptos constitucionales y convencionales de igual jerarquía. La decisión de la UBA se inscribe en una serie de acciones que impiden cerrar las secuelas de aquella guerra que nos asoló. Hace poco, la presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó el retiro de la placa recordatoria del asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga, en 1974, que estaba en la entrada de la sede de aquel tribunal, habiéndosela mandado a arrumbar en un depósito penitenciario, con nota a la Corte Suprema, para su debido conocimiento. Entre las sinrazones sinuosamente alegadas en torno al episodio del retiro, se adujo que alguien había pedido que en su lugar se colocara un recordatorio del doctor Guillermo Díaz Lestrem, ex defensor ante la misma Cámara, desaparecido en 1978. La cuestión, allí, no era quitar la placa que recordaba el asesinato de un juez por el terrorismo durante un gobierno constitucional sino poner. Poner a su lado la que recordaba al doctor Díaz Lestrem, víctima de una desaparición forzosa durante el Proceso. El día en que no nos indigne que ambos recuerdos puedan coexistir, el día en que comprendamos cómo convivir con nuestro pasado, sus extravíos y demasías, podremos decir que hemos aprendido de él, y lo hemos superado. Mientras tanto, no aprendemos. Y, encima, la UBA prohíbe estudiar.-


NOTAS:
  • [1] En http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/200657-60031-2012-08-09.html
  • [2] Fallos 328:1146
  • [3] Ver fallo “Partido Nuevo Triunfo s/reconocimiento-Distrito Capital Federal”, CSJN, Fallos 332:433, especialmente considerandos 5 y 6. Debe destacarse que formó mayoría el ministro Eugenio Zaffaroni.
  • [4] “Más Allá de la Justicia”, Planeta Agostini, Barcelona, 1994, p. 54/55

Cena anual de la Asociación

El 13 de agosto tuvo lugar la tercera Cena anual con la que nuestra Asociación recuerda su creación. Una numerosa concurrencia dió marco a los discursos de Monseñor Antonio Baseotto, de las Sras. María Lilia Genta y María Inés Hansen de Martínez Segón, del Dr. Hugo Esteva y de nuestro Presidente Dr. Alberto Solanet. Se anexan los discursos de la Sra. Genta y del Dr. Solanet.


Discurso de la Sra. María Lilia Genta:

Estimados amigos:

En primer lugar, a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia le digo, citando a mi abogado preferido: “nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias” por haberme invitado.

Pido perdón por mi lenguaje coloquial, no académico. Siento que es el único que me cuadra.

Entre los presentes hay muchos académicos, amén del Obispo -Monseñor Baseotto- que según nuestra ¿anacrónica? concepción jerárquica es el invitado principal.

Pero están también las familias de nuestros presos políticos a quienes bauticé, hace unos años, “las nuevas víctimas”, las víctimas actuales de la guerra de los setenta. A ellas quiero dirigirme especialmente, en esta ocasión que se me brinda, porque para nuestros anfitriones, los abogados, y para todos los aquí presentes, ellas constituyen nuestra principal preocupación.

Presos políticos diseminados en abyectos penales. Familias, en la mayoría de los casos carentes de recursos económicos, que deben desplazarse por toda la geografía de la Patria: estas son las víctimas hoy.

Entiendo que aquellos que, como en mi caso, hemos sufrido en el pasado, la lucha actual sólo adquiere sentido si la sangre de nuestros muertos sirve como abono de la tierra donde plantemos la semilla de una esperanza cierta para la Patria.

Inscripta en esta esperanza está la causa de nuestros presos.

Las breves reflexiones que deseo exponer se centran en dos ideas.

Primero. Estoy absolutamente convencida de que ningún amigo preso se salva solo porque nuestros enemigos han pergeñado un plan perverso que los incluye a todos y las “sentencias” ya están redactadas de antemano. Después de cada juicio sólo podemos decir: Será injusticia. Creo, también, que la situación de nuestros presos no cambiará si no logramos una aunque sea modesta, mínima, recuperación de la Argentina. Tampoco es posible soñar con restablecer un recto orden jurídico si éste no se inscribe dentro de un recto orden político y social.

En el mismo nombre que identifica a la Asociación que hoy nos recibe está implícito lo que acabo de decir. En efecto, son abogados por la justicia, pues la justicia es el fin propio del Derecho; pero, además, son abogados por la concordia y esto es otra cosa, apunta más allá de la justicia porque la concordia es el fundamento del orden político. Sin concordia no hay vida política.

No cabe, pues, en estos momentos tener una mirada que se clausure en lo particular, en el caso individual, lo que siento mío por ser lo más cercano.

No está en mi intención dar consejos, ni menos proponer recetas. Pero sí me atrevo a hacer un pedido, ante ustedes, familia de los presos políticos, los que más sufren: que siempre tengamos el bien común como objetivo final de todas nuestras acciones. Los bienes particulares a los que legítimamente aspiremos y aún podamos lograr, deben siempre integrarse en la unidad del bien común. Esto no sólo es lo mejor, lo óptimo en el orden de los principios sino, además, lo más razonable y hasta quizás lo más eficaz, en el orden práctico.

Segundo. Tenemos que estar preparados para avances y retrocesos en el marco de una larga marcha. Un avance extraordinario, el suceso de este año, fue clavar una pica en Flandes en el lugar más sensible: la Feria del Libro que ha venido a ser, salvo pocas excepciones, el sancta sanctorum de la progresía vernácula, del pensamiento único, de la historia oficial amén de las tilinguerías de signos diversos. Realizar eventos exitosos y, encima, salir indemnes, para decirlo de una manera nada académica, fue un gol de media cancha de los Abogados y de las otras asociaciones que apoyaron y colaboraron. Y como sé por experiencia que para nosotros lo más difícil es la unidad en la acción, computo esto como el mayor logro de los Abogados. En cuanto a los retrocesos… ¡hay tantos! El número creciente de presos, el empeoramiento de las condiciones de prisión, las vejaciones y humillaciones a los presos y las familias. Pero para no quedarnos con el gusto amargo de los retrocesos, volvamos a los avances. La visita de las “chicas” a la Suprema Corte y los muchos libros publicados en los últimos tiempos. Aunque algunos de sus autores pertenecen a mi añosa generación, alienta nuestra esperanza comprobar que, en cambio, otros muchos autores son jóvenes, y hasta muy jóvenes.

De todos modos y más allá de estos vaivenes, la tarea de recuperar la Argentina, el orden de la República, la libertad de nuestros presos, dentro de un contexto internacional hostil o poco propicio, será ardua y difícil. No es de esperar que su realización se dé en el corto plazo, salvo milagro. Como cristianos, creemos en los milagros.

Por eso, para llevar adelante tan difícil tarea habrá que tener en alta estima la virtud de la fortaleza, y de la paciencia que es parte de ella; y recordar, como enseñan los clásicos, que el acto más propio de la fortaleza no es acometer sino resistir.

Esta enseñanza a menudo se olvida y es oportuno traerla a colación, precisamente ahora en que las circunstancias nos imponen resistir y no se avizoran, al menos en lo inmediato, posibilidades ciertas de acometer. De ahí, también, la paciencia porque la tentación de la impaciencia y de la desesperanza, que le es muy próxima, suele asaltar, con frecuencia, al que tiene que resistir, firme, en el puesto.

Resistencia activa, no pasiva. La resistencia luce menos que una gloriosa carga de caballería a la antigua usanza. Pero es más difícil y a, la postre, más heroica. La historia universal nos muestra el triunfo final después de largas resistencias. Para recordar una sola, y que nos es cercana y conocida por todos, la del pueblo polaco conservando su identidad, resistiendo a todas las invasiones y dominaciones consecutivas. Quizá en ninguna nación se haya dado en los tiempos modernos una total conjunción de Patria y Fe. La vida de Juan Pablo II es testimonio de lo que decimos: los seminarios clandestinos, la cultura, el arte de la tradición polaca mantenidos, también en la clandestinidad, las escuelas y universidades paralelas, la resistencia de los gremios, el triunfo final de un Papa polaco que supo asestar una gran derrota al comunismo internacional.

La resistencia se hace patente en el testimonio, testimonio que debe reiterarse cada vez que sea necesario y hacerlo público dentro de nuestras posibilidades. “El testimonio es eficaz, aún en la derrota”, decía mi padre. Debemos estar firmes y serenos en los triunfos y en las derrotas de una, quizás, muy larga resistencia. Dentro de esta resistencia, la suerte de nuestros presos se hace solidaria con el destino de la Nación. Y esta solidaridad del destino personal con el de la Patria es la cuota de gloria de su pesada Cruz.

En este punto estoy tan convencida -como en el de que nadie se salva solo- que el deber de la hora es resistir, con voluntad ”inasequible al desaliento.”

Muchas gracias.

María Lilia Genta

Buenos Aires, agosto 13 de 2012


Discurso del Dr. Alberto Solanet:

En primer término, el agradecimiento a Dios, como corresponde siempre. El nos ha puesto en esta lucha, y nos da las energías necesarias para seguir adelante, con convicciones firmes, que suplen con creces la modestia de nuestros recursos. Con la ayuda de Dios, repito, no claudicaremos jamás. Profundo agradecimiento a los colaboradores de todos los días, quienes componen la Mesa Chica; los socios; nuestra abnegada secretaria, Patricia. A quien se encarga de poner orden en nuestras magras cuentas Jorge Verga. No puedo dejar de agradecer al Vicepresidente, Dr. Palacios Hardy en cuyo Estudio funciona la sede operativa de nuestra Asociación, al Dr. Carlos Bosch, que con generosidad cede la sala para nuestras reuniones de los jueves y al INFIP adonde concurrimos los primeros lunes a la reunión de socios. Entidades militares y civiles, la Unión de Promociones del Ejército, el Centro Naval, el Foro de Almirantes, entre otros, con quienes nos unen idénticos propósitos. A todos los aquí presentes, que siempre nos acompañan y alientan. No dejaremos de agradecer a los presos políticos que nos edifican con su testimonio, quienes sufren un penoso e injusto encierro, depositados en las cárceles, a merced de verdaderos verdugos a cargo de los tribunales de la tiranía. Olvidados de una sociedad indolente, aturdida por la propaganda oficial, que no cesa de pregonar la mentira, el odio y la venganza. Tengan la seguridad esos patriotas que nosotros seguiremos denunciando por ellos esta gigantesca iniquidad, hasta que todos estén en libertad. Rendimos homenaje a quienes han muerto en cautiverio, que ya pasan de 165.

Agradecemos y homenajeamos a las bravas señoras de los presos, hoy representadas por Inés Martínez Segón, que nos ha dicho tan sentidas palabras. Homenajeamos a estas señoras que hoy tienen la responsabilidad de sostener, a pesar de todo, la integridad de sus familias. Que acompañan estoicamente a sus maridos, soportando el olvido institucional de las fuerzas que, otrora, cuando ellos eran jóvenes oficiales, los instruyeron para combatir y vencer por las armas al enemigo marxista y apátrida. Pongo de relieve la reciente visita que le hicieron al Presidente de la Corte, quien no tuvo mas remedio que recibirlas, por la tenacidad con la que se plantaron a las puertas de su despacho.

Hoy también rendimos homenaje y agradecemos el testimonio de los mártires que murieron por Dios y por la patria, bajo las balas de esos asesinos, quienes hoy, muchos de ellos, ocupan bancas o cargos espectables en el gobierno. Mártires hoy representados por Lis Genta, hija del memorable Jordan Bruno Genta. Ambas oradoras nos han dado una lección de grandeza y verdadera caridad, la caridad que brota del Evangelio.

Denunciamos la política de “derechos humanos” que hoy sustituye al orden jurídico. Esta política que, para el Presidente de la Suprema Corte, quien debiera ser el último custodio del orden legal, es política de estado, como no se cansa de repetirlo. Señores, cuanto mas grande es la responsabilidad del magistrado, cuando con sus decisiones se sigue la quiebra del derecho mas grave es el prevaricato que comete, La destrucción de la justicia, la destrucción de las fuerzas armadas y la persecución a la Iglesia, son mojones importantes en el cauce de la revolución cultural que padecemos y que a través de una constante y machacona prédica ha calado hondo en la conciencia de los argentinos.

Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de esa implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y especialmente a la institución de la familia. Como lo dijimos en nuestra tercera carta abierta a la Corte, las leyes, hoy traducen la presión de los intereses, especialmente asociados a la fantasía ideológica del grupo gobernante, a la que el presidente y demás integrantes de la Suprema Corte se han encolumnado decididamente. Hace un par de meses en un fallo aberrante, abrieron el cauce para autorizar el aborto en la argentina. El presidente Lorenzetti es copartícipe fervoroso de la reforma del Código Civil y en su texto se plasmará ese conjunto de leyes que apuntan a destruir los fundamentos de nuestra organización social tradicional, como el matrimonio entre homosexuales, la llamada “ley de genero” que permite cambiar el sexo mediante sofisticadas operaciones, o tan solo mutando el documento. También se admite la más libérrima experimentación en los laboratorios donde se permite hacer lo que le venga en gana al científico, respecto de los embriones humanos, ya que para la ley no serán personas sino cosas.

En esta revolución cultural, que avanza a pasos agigantados, está encolumnada casi toda la dirigencia política, algunos por afinidad ideológica y otros porque piensan en el rédito político. Ninguno piensa en el bien común. Hemos asistido a un acto que revela la magnitud de la decadencia moral de ciertos funcionarios como el que protagonizó Rodríguez Larreta, entregando, entre bombos y platillos, el documento de identidad de una criatura gestada en el vientre de una ciudadana hindú, alquilado para ese menester, por un par de invertidos, que por ser autores de la encomienda, para el Registro Civil figuran como padres legales. El circo montado al efecto es todo un símbolo de adhesión del gobierno de la ciudad al movimiento homosexual. Pobre criatura, ¡que les espera a las nuevas generaciones!

Ayer hemos podido conocer el avance de “la Campora” en los programas de adoctrinamiento en los colegios, para los alumnos desde los primeros grados. Que decir de los hechos protagonizados por el director del Servicio Penitenciario Federal, que promovió un acto político en el interior de la cárcel de Trelew, o la escandalosa utilización de los presos comunes altamente peligrosos, para engrosar actos proselitistas o bien para la leva del llamado “vatayón militante” que cuenta con el apoyo de la recientemente creada Escuela Nacional de Gobierno, dependiente de la jefatura de gabinete, cuyo objetivo es formar y capacitar cuadros y dirigentes políticos para la administración y gestión de gobierno.

Esto se hace con la venia de los jueces de la tiranía que discriminan entre réprobos y elegidos. Para los elegidos, los presos comunes, incluso los de alta peligrosidad, un régimen de “menos cárcel”, como les gusta decir a los garantistas, mientras que para los presos políticos, los réprobos, no existe la menor consideración ni garantía, obviamente ni siquiera las previstas en el régimen carcelario.

En estos días hemos asistido a la retahíla de los medios y de los políticos inquietos por el escándalo, pero la suerte de los réprobos no interesa a nadie. Parece que no es tortura mantener en las cárceles comunes a ancianos, enfermos casi todos ellos. No es tortura trasladarlos en camilla o silla de ruedas, esposados, a la sede de los tribunales, en esas audiencias que mas se parecen a un circo romano. No es tortura mantener larguísimas prisiones preventivas. No es tortura lo ocurrido con el suboficial Molina quien, padeciendo un cáncer generalizado, continuó en la cárcel, asistido nada mas que por sus compañeros de encierro, trasladado a las audiencias en condiciones deplorables, quien finalmente murió hace pocos días. Quieren que todos se mueran en la cárcel. Con esta Corte y estos jueces corruptos no es posible la solución judicial. La solución será política, cuando esta morralla que nos gobierna desaparezca de la escena política.

Señores podríamos pasarnos la noche comentando este interminable catálogo de injusticias y de hechos aberrantes. Pero el propósito de esta reunión es celebrar un nuevo aniversario y acicatear los ánimos para proseguir peleando en esta argentina difícil, pelea, que por dura que sea no nos debe amedrentar, no nos debe quitar la esperanza ni el entusiasmo. José Manuel Estrada, en combates parecidos, decía. "Llegó la hora de vender la túnica y comprar la espada" Que Dios nos ayude.

Alberto Solanet

Buenos Aires, agosto 13 de 2012

Acto académico en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

El día 22 de agosto nuestra Entidad efectuó un acto académico en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En la oportunidad, y bajo el tema "La degradación del derecho en la Argentina, Enfoques jurídico y político", disertaron los Dres. Juan Carlos Cassagne y Vicente Massot, ante un numeroso auditorio.


Diario “LA NACION” (*)

Viernes 24 de agosto de 2012 | Publicado en edición impresa

Acto de la Asociación Justicia y Concordia

Reclamo por la situación judicial

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresó su preocupación por las "violaciones del orden jurídico" en el país y la "creciente degradación de la administración de justicia". Así quedó plasmado en un acto académico realizado anteanoche en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde un enfoque político, expuso como disertante Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Como premisa, sostuvo que la depreciación del derecho podría explicarse "porque la Justicia debe pagar una política de vasallaje al gobierno de turno".

"La Argentina tiene una falta absoluta de instituciones que rijan y ese vacío viene a ser cubierto por hombres providenciales, que terminan siendo más importantes que la ley", afirmó.

Hizo una caracterización, además, de la forma de gobierno de la gestión actual. "Acá la república no existe. Tampoco el federalismo. Sí es cierto que hay un gobierno representativo, que surgió de elecciones libres", analizó. Según dijo, la división de poderes, uno de los atributos republicanos, es endeble. "El Poder Legislativo es una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Y con el Poder Judicial hay un problema importante: si el nombramiento y la remoción de jueces están en manos de la clase política, ¿cómo se puede pretender que sean independientes?", concluyó.

Con un abordaje académico, Juan Carlos Cassagne, de larga trayectoria en derecho administrativo, detalló limitaciones en esa área. Destinó un tramo a los problemas de aplicación de los "nuevos derechos" -de incidencia colectiva, como la protección del medio ambiente y a usuarios- incorporados en la reforma constitucional en 1994.

Criticó, a la vez, la extensión del derecho de huelga en los servicios públicos y aseguró que "hoy nadie protege el dominio público". Cassagne se refirió también a la interpretación de los tratados de derechos humanos y pidió que los delitos de lesa humanidad sean juzgados sin distinciones.


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