Abril | 2012
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Justicia y Concordia convoca a participar en la Feria del Libro desde el 19/4/2012
Ponencia de nuestra Asociación ante la Corte Suprema de Justicia referida al "amicus curiae"
Carta de Presos Politicos del Penal de Marcos Paz
Artículo contrario a aplicar algunos fallos de la C.I.D.H., análisis de casos concretos

Justicia y Concordia convoca a participar en la Feria del Libro desde el 19/4/2012

Estimado amigo y consocio:

La Comisión Directiva de nuestra asociación, con la aprobación de la Mesa Chica, tomó la decisión de arrendar un local para participar como expositora en la Feria del Libro, que se desarrollará del 17 de abril al 7 de mayo, en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Además se contrataron cuatro salones en días y horarios diferentes, para efectuar la realización de coloquios y la presentación de dos nuevos libros de Enrique Díaz Araujo y Carlos Manuel Acuña.

Como debe ser de su conocimiento, dicha Feria congrega anualmente a no menos de un millón de personas, convirtiéndose así en una oportunidad que no debe ser desaprovechada para la explicación y difusión de nuestros objetivos de Justicia y Concordia.

Pero para que el propósito no se frustre necesitamos de usted.

Un grupo de socios o amigos, consubstanciados con nuestros ideales – nunca menos de seis - debería encontrarse cada día y en todo momento en el local de la asociación, no sólo para hacer acto de presencia, sino también para informar y contestar preguntas del público que se interese honestamente por nuestra asociación. A fin de que ello pueda concretarse, cada uno debe asumir el compromiso de asistir al menos una hora en alguno de los dias de la Feria, dentro del horario central.

El local no puede ser poco más o menos una fachada. Debe tener vida, y eso – perdone la insistencia – depende de nosotros, los socios, los abogados, que dos años atrás respondimos a un deber imperioso de conciencia.

No seamos menos audaces que los que nos desafían y agreden desde la vereda opuesta, sembrando discordia y violentando la justicia. Desde el fondo de la historia vuelve a sonar en nuestros oídos la arenga del griego: “¿Por qué permanezco acostado? [….] Nadie piensa en defenderse, nadie busca los medios para rechazar al enemigo, permanecemos acostados como si el ocio nos fuese permitido. [….] Yo ni puedo dormir, como creo que tampoco vosotros, ni continuar acostado viendo en qué situación nos encontramos. [….] Considerémoslo bien; ¿qué será de nosotros si cedemos y quedamos a merced del rey? [….] Es pues necesario hacer todo lo posible para no quedar a merced suya.”

Porque contamos con usted, que no está dispuesto a ceder y a quedar a merced de la tiranía, le rogamos se ponga en comunicación con la Sra. Patricia, nuestra secretaria, todos los días hábiles de 10.00 a 19.00.

Muchísimas gracias y le hacemos llegar un cordial saludo.


Mariano Gradín | Alberto Solanet

Ponencia de nuestra Asociación ante la Corte Suprema de Justicia referida al "amicus curiae"

En la audiencia convocada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el 21 de marzo último con el objeto de recibir propuestas sobre la figura del “Amicus curiae”, JUSTICIA Y CONCORDIA estuvo representada por los Dres. Celia Andrea PALOMAS ALARCON y Oscar Gustavo IGOUNET.

La ponencia de ellos, referida fundamentalmente a las causas penales, fue sostenida en forma verbal y escrita, en estos términos:

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012.-


PONENCIA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
TEMA: DELIMITAR LA FIGURA DEL AMICUS CURIAE.
EXPONEN: Dr. Oscar Gustavo IGOUNET y Dra. Celia Andrea PALOMAS ALARCON en representación de la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia.

Sr. Presidente de la CSJN
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti:

I.- La figura del AMICUS CURIAE no es nueva ni desconocida en nuestro derecho. Son varios los casos en los que distintas personas y Asociaciones se han presentado ante un tribunal de nuestro país, exhibiendo la calidad de AMICUS CURIAE, aunque la legislación no lo ha delimitado acabadamente.

El instituto encuentra su origen en el derecho romano y su participación ha ido mutando hasta el perfil que hoy presenta.

Si bien el derecho positivo poco y nada ha contribuido a delimitar la figura del AMICUS encuentra su sustento en nuestra Constitución Nacional en los art. 14 (derecho a peticionar a las autoridades), 18 (debido proceso, 33 (derechos y garantías implícitos) 28 (prohibición de toda limitación irrazonable al ejercicio de los derechos), etc.

En el ámbito de la Justicia, el AMICUS CURIAE es el ejercicio más puro de la libertad de expresión que no debe ser censurada ni limitada por el Estado ya que como reza la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental”.

Asimismo, el derecho de peticionar ante las autoridades es el origen y motor de nuestra nacionalidad nacido con la Revolución de Mayo.

Intentar delimitar el alcance de su competencia es, de alguna manera, ir contra derechos básicos reconocidos por nuestra sociedad.


II.- DEFINICIÓN- ELEMENTOS QUE COMPONEN EL AMICUS CURIAE.

Pero qué es un “Amigo del Tribunal”?

Para reflexionar sobre la necesidad o no de delimitar el instituto es capital comenzar por definirlo.

Todos los autores acuerdan que el AMICUS CURIAE es un tercero, ajeno a las partes en litigio pero que ostenta un justificado interés en el modo en que éste se resolverá.

Numerosas definiciones proclaman que es un individuo o grupo de individuos que se acercan al tribunal para ofrecer su opinión, su sapiencia, su investigación. Su accionar no devenga honorarios y su opinión no es vinculante para el Juez.

Originalmente su participación se encaminaba a ayudar el Juez, neutralmente, acercándole información en una cuestión debatible. Es común, en Estados Unidos, que un abogado se presente ante el tribunal en calidad de AMICUS CURIAE para aportarle al juez la información de algún precedente que éste desconoce o no tiene en cuenta.

En la actualidad, el AMICUS tiene un significado distinto del tradicional, debe identificar a la parte que apoyará en el juicio, para ello necesita el consentimiento de las partes litigantes o, en su defecto, el del tribunal.

Actualmente no se le pide neutralidad aunque sí una inteligente contribución sobre los problemas planteados por el caso, su repercusión respecto de terceros y demás integrantes de la comunidad.


III.- DERECHO COMPARADO. TESIS RESTRINGIDA.

El derecho anglosajón lo ha regulado de una manera más restringida que el nuestro, así es que en Canadá se encuentra en la “rule 18”; La Orden IV par I de las Reglas de la Suprema Corte de India; en la “rule 81” de la High Court de Nueva Zelanda. Australia lo define en el precedente “Lange v ABC” (5106/116); Estados Unidos lo referencia en las reglas 21.25, 21.4, 29.6, 44,4 y fundamentalmente en la 37.

La Regla 37 de “Reglas de la Suprema Corte de los Estados Unidos” regula una serie de pasos procesales para introducir el escrito del AMICUS CURIAE. Es esta regulación estricta y restringida, al punto que sólo permite la calidad de AMICUS a personas autorizadas para ejercer el derecho en el circuito.

En determinados momentos procesales previstos por la regla 37 el AMICUS puede presentar su escrito con la autorización de todas las partes involucradas. Cuando alguna parte no lo autoriza, sólo puede participar con un permiso especial del Tribunal.

Esta regla –la 37- introduce un novedoso concepto: en algunos casos el AMICUS “respalda” una postura. La regla decreta que cuando respalde la posición de una de las partes requiere el consentimiento de ésta.


IV.- POSICIÓN POLITICA DEL AMICUS CURIAE

A esta altura sumamos un nuevo elemento a la definición y es que el AMICUS tiene una posición tomada dentro del proceso en favor o en contra de alguna de las partes o posiciones en disputa. El AMICUS CURIAE no es una persona o personas asépticas carentes de opinión, que describen los hechos que observan sin entenderlos o sin interpretarlos.

Siendo que El AMICUS CURIAE carece (o debería carecer) de un interés personal dentro del proceso su posición es una defensa política y será fiel al Tribunal en tanto su posición política preserve la lealtad intelectual. Su calidad de “amigo” del tribunal estará dada por la fidelidad de su desempeño.

En el mismo sentido, esa fidelidad al tribunal o al desempeño del proceso, también estará garantizada en tanto el AMICUS no ejerza una posición de privilegio o dominante.

LA FIGURA DEL AMICUS CURIAE NO DEBE DESEMPEÑARSE PARA HACER LOBBY O PARA EJERCER PRESION POLITICA SOBRE LOS JUECES.

No es de extrañar que en nuestro país, las pocas pero resonantes actuaciones de AMICI CURAE han tenido por objeto presionar políticamente a los tribunales.

Con sólo mencionar algunos de los casos en que la figura ha sido presentada y aceptada, la tendencia surge con transparencia.

a) Caso Astiz. Ante el Juzgado de la Dra. María Romilda Servini de Cubría se presentó el Sr. Adolfo Perez Esquivel en calidad de AMICUS CURIAE para discurrir sobre la necesidad de extraditar al Capitán Alfredo Astiz a Italia.

b) Causa 761 “ESMA”. Se presentaron las Asociaciones Human Right Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en calidad de AMICUS CURIAE. La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le aceptó esa calidad. Recorriendo la historia del instituto, la Cámara reconoció que “si bien de inicio su función estaba enderezada a colaborar neutralmente con el tribunal, en tiempos más recientes ha abandonado definitivamente esa imparcialidad, transformándose en una especie de interventor interesado y comprometido”. El tribunal entendió que ese interés y compromiso estaban en el caso directamente relacionados con la necesidad de realizar aportes que pudieran contribuir a la resolución definitiva de todo lo concerniente al destino final de los desaparecidos.

c) Caso “Simón, Julio; Del Cerro, Juan s/ sustracción de menores de diez años”. Se presentaron Aministía Internacional, Comisión Internacional de Juristas y Human Right Watch sometieron a consideración el memorial en condición de AMICUS CURIAE sobre la incompatibilidad de las leyes 23.492 de 12/12/86 y 23521 del 4/6/87 de la República Argentina con el Derecho Internacional y, en particular, con la obligación de la Argentina de enjuiciar y sancionar a los supuestos autores de los alegados delitos de lesa humanidad.

En un proceso con múltiples partes, como los que han dado en llamarse de “lesa humanidad” en donde el imputado o procesado se enfrenta a gran cantidad de querellantes, el AMICUS CURIAE no puede ser un nuevo querellante que desnivele, una vez más, la igualdad de las partes en el proceso.

Así como la ley 26550, art. 1 establece que cualquier Asociación o fundación pueda constituirse en querellante en procesos de “lesa humanidad” con la sola mención de este reconocimiento en sus estatutos, sin invocar ninguna otra circunstancia y sin límite de cantidad de individuos por proceso, la figura del AMICUS CURIAE no puede ser utilizada en estos mismos términos, para desbalancear el proceso, como factor de poder en contra del derecho de defensa. En realidad, estos querellantes no son más que AMICCI CURIAE con reconocimiento legal para intervenir, por una sola de las partes involucrada, la acusadora.

Los tribunales que persiguen los mal llamados delitos de lesa humanidad han permitido con este nuevo artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presente como querellante, alegando la defensa de la posición del Estado Nacional, cuando esta defensa surge de la Constitución Nacional y está desempeñada por el Procurador General de la Nación, en la persona de los distintos fiscales.


V.- EPILOGO.

La figura del AMICUS CURIAE tiene mucho que aportar en muchos tipos de procesos, particularmente los de incidencia colectiva o donde se debaten temas de interés público que se verían limitados a las partes si su intervención fuera restringida pero de ninguna manera debe permitirse ni promoverse que se desnaturalice el instituto para convertirlo en herramienta de coacción, coerción o presión política, menos aun en procesos penales en los que ya hemos comprobado como el individuo y sus derechos sucumben ante la magnitud de medios económicos y políticos de los querellantes, fiscales y falsos AMICUS CURIAE tornando ilusorio los derechos de defensa, debido proceso e igualdad ante la ley.

Para terminar, es bueno recordar las palabras de Julio B. J. Maier respecto del desbalanceo de fuerzas en el proceso penal cuando se admiten querellantes particulares. Lo mismo ocurriría con el AMICUS CURIAE si su participación apunta a defender una posición política en contra del imputado “El único argumento racional para no tolerar la intromisión de la víctima en el procedimiento se vincula a la posición en él del imputado, debilitado por la incorporación de un nuevo acusador, cuando no de varios..Este es un argumento de peso, pues en la situación ideal para la crítica, un imputado ve frente a sí, ocupándose de su persecución, a varios acusadores…Ya la intervención como acusador de un órgano estatal, la fiscalía, auxiliada por la policía, oficios ambos organizados entrenados para perseguir penalmente, desbalancea las posiciones de los intervinientes…y conforme a ello, son necesarias previsiones legales especiales para equilibrar, al menos jurídicamente, la balanza. ……el problema es real y existe, aún sin la intervención del ofendido en el procedimiento….la intervención posible del ofendido magnifica un problema ya existente.”

Agrega el sobresaliente autor que “Si admitimos la participación del ofendido en el procedimiento penal oficial y, además tenemos en cuenta que la desigualdad teórica del imputado en ese procedimiento no proviene de la intervención de la víctima, sino de la persecución penal oficial, concordaremos en afirmar que, para evitar otras fuentes de desigualdad, sólo necesitamos evitar los excesos. Uno de estos excesos se produce por la intervención de varios ofendidos en procedimiento. He allí el remedio de la unificación procesal de los litisconsortes, bajo una única representación, para evitar la sobrecarga de acusadores contra el imputado”.

“Resta aún hallar remedio a la situación concreta de desventaja para el imputado respecto de la defensa técnica, cuando se enfrente a un acusador privado, poderoso en medios” (Derecho Procesal Penal – Parte General- sujetos Procesales- Editores del Puerto- pág.608/614).

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha dicho respecto del AMICUS CURIAE “si bien de inicio su función estaba enderezada a colaborar neutralmente con el tribunal, en tiempos más recientes ha abandonado definitivamente esa imparcialidad, transformándose en una especie de interventor interesado y comprometido”. ”. Va de suyo que en el proceso penal, al menos en contra del imputado, no deberían aceptarse estas intervenciones en tanto constituyen una desigualdad material que lo pone en estado cierto de indefensión.


Bibliografía consultada.

  • · Alegato Causa Nº 1270. Profesor Dr. Alfredo A. A. Solari
  • · Bazán, Victor. “El amicus curiae, su incidencia en el debate judicial y la discusión acerda de la necesidad de inerpositio legislatoris para su admisibilidad”. J.A. Bs. As. Vol 2003-II pág 997 a 1019.
  • · Pagés Llorens, Roberto M. El amicus curiae en la Corte Suprema. Suplemento de la Corte Suprema de Justicia. J.A. Bs. As. Vol 2004-III 1253 a 1259.
  • · Juveris, Eduardo Pablo. Apostilla acerca del “Amicus Curiae. Los Jueces del tercer milenio y sus “nuevos amigos” ED, Bs. As. Vol 2003 p. 703 a 710.
  • · Bazán, Victor. Amicus Curiae. Suplemento 7-8-2009 LL. Vol 2009-D p. 1325 a 1337.
  • · Capuano Tomez, Carola. El amicus curiae. Suplemento 7-9-2005 LL Vol 2005-E p. 1061 a 1065.
  • · Pagés Lloveras, Roberto. El amicus curiae. J.A. Vol 2004-I p- 803 a 809.

Carta de los "Presos Políticos" de Marcos Paz a la sociedad argentina (*)

Carta Nº1: Quienes somos, qué deseamos.

Somos los presos políticos, que el poder tiene cautivos en sus cárceles en pleno siglo XXI.

Deseamos con estas cartas llegar al corazón de cada argentino para motivar una mesurada reflexión sobre nuestra realidad y existencia.

Estamos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz, imputados por hechos genéricamente conocidos como de Derechos Humanos.

Pretendemos promover un análisis sereno, profundo, justo y veraz, como así también hacernos conocer como seres humanos.

Se nos atacó sistemáticamente. Se ignoro el contexto histórico de los hechos, para que parezcamos lo que no somos y representemos la parodia, que un reducido sector social necesita o pretende.

Si la reflexión propuesta se realiza alejada de inquinas y mezquindades personales, permitirá obtener respuestas equilibradas que promuevan una solución política, a un problema que también es político.

Esta solución debe estar consagrada por su mesura, ser factible en su aplicación y ajustada a derechos, en el marco de una justicia ecuánime e independiente.

Al amparo de esta alquimia de ideas, buscamos motivar un replanteo sustentado en la verdad, eliminando las atrocidades judiciales que se han implementado para falsear la realidad.

Estamos hoy de pie, desde Marcos Paz, aquellos que en la década del '70 fuimos jóvenes oficiales, suboficiales, civiles de entre veinte y treinta años, para lanzar con estas cartas un grito que llame la atención de nuestra sociedad.

Hemos sido presionados mas allá de lo que persona o familia alguna puede sobrellevar.

Se nos convirtió sin serlo, en los únicos protagonistas y responsables de una etapa de la historia nacional que es patrimonio de todos y que solo dejo frustraciones, desencuentros y confrontaciones.

Nos dedicamos a formar familias, transformándonos de hijos en padre y abuelos, nos capacitamos, estudiamos y nos desenvolvimos en todos ámbitos sociales. Trabajamos como profesionales, empresarios, comerciantes, empleados públicos, privados y estatales, como también en otras incontables tareas.

Nos conoce nuestro entorno; amigos, vecinos, socios y clientes.

Hemos respetado y mantenido el orden social, sin transgredir la ley, con dedicación, entrega y armonía en la comunidad que nos cobija.

Reconocemos el agobio que producen en nuestro pueblo otros grandes temas como, los económicos, de seguridad, salud, educación o laborales, pero a pesar de ello intentamos levantar la voz para pedir verdad y justicia, para nosotros los presos políticos.

NO es necesario mancillar nuestro nombre y honor para salvar errores cometidos por un reducido número de personas.

NO se debe mantener una política parcial de Derechos Humanos, con la funcionalidad de ocultar la realidad social, ensayando para ello un ensañamiento hacia las Fuerzas Armadas, sus integrantes y sus familias.

NO se entiende porque ninguno de los poderes constituidos se hace eco de semejantes arbitrariedades e injusticias, abocándose a investigar lo actuado en las causas, mientras se nos mantiene, por años, privados de nuestra libertad.

Prisión de Marcos Paz


Artículo contrario a aplicar algunos fallos de la C.I.D.H., análisis de algunos casos concretos

El autor analiza la no aplicación de fallos de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS cuando contrarían el derecho nacional –caso BRASIL- o cuando están en pugna con orientaciones políticas gubernamentales –caso VENEZUELA-. Sus consecuencias.

Se consumó el “Show del perdón” Por Adolfo Castells Mendívil (*)

Oficialmente llamado “acto solemne de asunción de responsabilidad por parte del Estado, conforme fuera ordenado en sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…).”, se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General.

Como ya hemos dicho todo sobre él, en Correo de los Viernes, hoy voy a enfocar ese acto desde otro punto de vista, del de los antecedentes internacionales, retomando los argumentos centrales de la carta que publiqué en Búsqueda (23/3/2012).

Antecedentes. Anteriormente a obligar al Estado uruguayo a consumar ese público “mea culpa”, en sentencia de 24/11/2010, la Corte había condenado a Brasil a la realización de igual acto, también dentro del plazo de un año, en el “Caso Gómez Lund y otros (guerrilla de Araguaia) vs. Brasil”.

Así como la misma Corte declaró “sin efectos jurídicos" la ley de amnistía en Brasil y ordenó al país que determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pasó ese plazo de un año con creces y Brasil no ha llevado a cabo el acto. El Estado brasileño —pese a que reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura— lo que hizo fue crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer esos delitos, pero que no conlleva acciones penales.

Sin embargo el Fiscal Tiago Rabelo, acompañado de 3 fiscales más, anunció el 13/3/2012 que presentaba la primera demanda penal por delitos cometidos durante la dictadura, acusando al coronel de la reserva del Ejército de Brasil, Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, por el "secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los 70 y hasta hoy desaparecidos".

La denuncia penal fue presentada el 14/3/2012, a la justicia de la ciudad de Marabá, en el estado amazónico de Pará, donde actuó esa guerrilla.

El 16/3/2012, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH, Santiago Cantón, destacó los avances para terminar con la impunidad en Uruguay, en relación al caso Gelman, y en Brasil, “donde se ha puesto en marcha la primera acción penal en el país, por un delito cometido durante la dictadura”.

Y agregó: "Estos dos casos son dos pasos más que se están dando, además de los que se dieron en Argentina, Chile y Perú" (Agencia EFE).

Más le hubiese valido callarse a Cantón. (el subrayado ha sigo agregado al texto original) En efecto, el mismo día 16 de marzo, el juez federal de Marabá, Joao César Otoni de Matos, rechazó la denuncia alegando que es contraria a la ley de amnistía brasileña de 1979, que protege a quienes violaron derechos humanos durante la dictadura, de juicios y cárcel.

Explica Matos: “Pretender después de más de tres décadas esquivar la ley de amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar es un equívoco que, además de desprovisto de apoyo legal, desconsidera las circunstancias históricas que en un gran esfuerzo de reconciliación nacional llevaron a su instauración". (Agencia AFP)

Comparación. En estos días hemos oído opiniones principalmente oficialistas —aunque también de las otras— rasgándose las vestiduras por el estricto cumplimiento de la sentencia de la Corte. Vemos que en Brasil, el Parlamento no anula amnistías por un fallo de la Corte Interamericana y la justicia entiende que esa amnistía es válida porque considera “las circunstancias históricas” en que se aprobó.

En Venezuela, el régimen de Hugo Chávez por dos veces desconoció las sentencias de la Corte. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró “inejecutable” por dictamen del 18/12/2008, el fallo de la Corte IDH de 5/8/2008, que dispuso la reincorporación en el cargo de 3 ex – magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Y el argumento fue que “la ejecución de los fallos de tribunales internacionales no puede menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”.

Lo mismo ocurrió el 17/10/2011, ante el fallo de la Corte de 1/9/2011, por el cual se condenó al Estado venezolano, a asegurar que no haya impedimentos para la postulación de Leopoldo López Mendoza como candidato en procesos electorales.

En ninguno de estos casos, la Corte ni siquiera expresó su malestar.

Concurrencia. Razón tienen los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, de no haber concurrido al acto que la Corte nos había impuesto, socavando nuestra soberanía. Y la misma razón tienen todos aquellos invitados ausentes en la “prestada” sala de la Cámara de Representantes, por no estar de acuerdo con el circo montado.

La Ley de Caducidad fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral. Y los pronunciamientos populares son materia constitucional, por encima de la muy discutible sentencia de la Corte IDH, que en el Uruguay tiene rango de ley. Por ende el Parlamento no tenía facultades para anular ni derogar disposiciones que fueron aprobadas por el cuerpo electoral.

De todas maneras, una cosa es cumplir con esa discutible sentencia de la Corte; y muy otra es aprovechar la ocasión para tergiversar la historia, ratificando las mentiras que ya se han impreso en algunos libros escolares.

Además, es —al menos— surrealista que asuma la responsabilidad por crímenes de la dictadura, un Estado cuyo gobierno está integrado por miembros de la guerrilla que la provocó y sin nunca haber ellos asumido sus propias responsabilidades.


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