Septiembre | 2011
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Justicia y Concordia

OTRAS NOTICIAS

ACtividades de la asociacIÓN
DISERTACION DEL DR. SOLANET EN LA UCALP EL 20-9-2011
DISCURSO DEL DR. CARLOS L. BOSCH EN LA UCALP EL 20-9-2011
Pedido de Informes sobre indemnizaciones a familias de terroristas

Actividades de la Asociación

La lucha prosigue en varios frentes.

                              En primer lugar, continúan en forma ininterrumpida, todas las semanas, las visitas a los presos políticos. Tratamos de llevarles nuestras palabras de aliento y aliviar en lo posible sus injustos padecimientos. Mientras tanto, nuevos socios se incorporan y recibimos múltiple adhesiones.

                             Por diversos medios estamos difundiendo las iniquidades inaceptables que se están cometiendo en nuestro país con los procesados y condenados por los denominados delitos de “lesa humanidad”. Hemos tomado contacto  con destacados juristas e intelectuales extranjeros, imponiéndoles de la situación. Todos ellos han quedado asombrados y perplejos ante las torcidas interpretaciones  legales que se aplican en esos procesos y, sobre todo , por las flagrante violaciones al derecho de defensa de los acusados.

                            Es así que participamos en conferencias  y charlas en distintos ámbitos, donde se tratan estos temas.

                             El viernes 12 de agosto pasado celebramos con una cena el tercer aniversario de nuestra Asociación, a la que asistió una muy nutrida concurrencia. Fue en esta ocasión nuestro orador el escritor Abel Posse, con toda justicia muy ovacionado. Enviamos con este newsletter fotos del acto.

                             Destacamos también el éxito obtenido mediante el amparo por mora de la administración, con el cual logramos vencer la reticencia del Gobierno en proporcionar información sobre las indemnizaciones concedidas a familiares de terroristas, quedando en evidencia no sólo las arbitrariedades cometidas en esta materia sino también, muy especialmente el desigual trato a los contendientes de uno y otro bando en la lucha antisubversiva. Así, demostramos que los delincuentes terroristas caídos en los ataques a cuarteles del ejército, cometidos durante el gobierno constitucional, perciben indemnizaciones millonarias, mientras que soldados, suboficiales y oficiales, asesinados por esos mismos terroristas durante el ataque son ignorados y ninguna compensación han recibido. En este Newsletter también enviamos noticias periodísticas publicadas con motivo de este recurso de amparo.

 

                            También hemos formulado denuncias por el maltrato que reciben los presos y seguimos el trámite de esas causas.

                            Finalmente, el 20 de septiembre pasado, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordiapresentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de juicio político al Dr. Eugenio Zafaroni por cuanto, como es público y notorio, su conducta está reñida con los mas elementales principios de la moral, lo cual lo coloca incurso en la causal de mal desempeño de sus funciones. Y ese mismo dia 20, en un acto académico realizado en la Universidad Católica de La Plata, expusimos ante un nutrido público, en buena parte estudiantes, los objetivos y principios de la entidad.

 

Disertación del Dr. Solanet en la UCALP el 20-9-2011

 

Amigos:
Ante la presencia de jóvenes alumnos, creo conveniente hacer un breve exordio histórico acerca de lo ocurrido en nuestro país, desde la década del sesenta, cuando comienza la agresión guerrillera en la Argentina
Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del '60 y el 70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema marxista-leninista, como en Cuba, cuyo gobierno brindo apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.
En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas
El conflicto se acentuó en la década del 70, y lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.
En esta actitud irresponsable participaron, no solo los ideólogos de la subversión, que se encaramaron en el gobierno títere de Campera, sino también, los partidos políticos y el Congreso en pleno, que por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara Federal. En descargo se adujo que los presos ya estaban libres. Vaya justificativo. Ni siquiera se apeló a la postura testimonial. Indudablemente la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. Del baño de sangre que sobrevino, hasta ahora nadie asumió la responsabilidad, ni pidió perdón ante la república, por aquella incalificable disposición.
La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre.
A partir de decretos dictados por Isabel Perón e ítalo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.
La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.
Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.

A partir de 1987 surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra. Prácticamente, luego de veinte años de desencuentros feroces, parecía que se había superado el conflicto.
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y fuerzas de seguridad cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón y clamado por todo el espectro político de ese entonces.

Una condición esencial es superar esa permanente mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El impulso y presiones del poder político Kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc... De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo Estado que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificóradicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.

Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de 1.000 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, 145 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos.

Félix Luna, tan mentado por el progresismo, calificó esta circunstancia como "e/ regreso al pasado mas sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987", y afirmó "que, además de confundido me siento triste. Parece que somos incapaces de resolver un problema que naciones que sufrieron guerras feroces -civiles y externas- supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habráque cerrarla caja de Pandora"

Para enfrentar este verdadero esperpento y desvarío jurídico, resolvimos unirnos y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, habiendo obtenido la personería jurídica hace dos años. Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los quinientos abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales.
La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles.

Están presos* por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga. En definitiva no estamos en tiempos de paz, en nuestra patria no hay orden, premisa indispensable para su existencia..
Nació nuestra agrupación en torno a la visita a las cárceles, para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles elánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Hoy sirven a la Patria desde la cárcel. Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo. Luego de cada visita, uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian. Días pasados asistí a una de las audiencias públicas, en la que se trataba la situación de un valiente y ejemplar soldado, que hace más de treinta años que es un muerto civil, Alfredo Astiz. En un cuarto intermedio, pude contemplar como, con la hidalguía que le es característica, estiraba sus manos para que el carcelero le pusiera las esposas. En ese momento pensé, como es posible que este hombre esté en esa situación y Schoklender siga caminando por la calle. Tuve que apretar fuertemente los dientes para no perder la calma.

Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta.

Mencionaré un caso lacerante como el ocurrido al General Saint Jean días pasados en esta Ciudad. El señor General, en prisión domiciliaria, desde hace tiempo padece de un Alzheimer que lo tiene postrado y casi aislado del mundo. El pasado 12 de septiembre, el Tribunal lo obligó a concurrir personalmente a la audiencia. Para ello lo trasladaron en ambulancia y silla de ruedas, y por las dudas pueda escaparse, lo esposaron. Todo se llevó a cabo a pesar de los denodados esfuerzos realizados por su hijo el Dr. Ricardo Saint Jean, quien para evitarle semejante suplicio, acreditó, previamente, el estado de postración del distinguido General. Es difícil imaginar que en el espíritu de quien debe impartir justicia, se pueda acumular tanto odio y sed de venganza. Estas audiencias, suelen estar acompañadas por el bramido de una turba compuesta por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y cuantas organizaciones de izquierda andan por ahí. Más que un Tribunal, se asemeja al circo romano, o a los tribunales populares rodeando el cadalso.
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento "Enfoques" de La Nación del 15 de agosto de 2010, el Dr. Strassera: ... "estegobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos; A su vez el Dr. Ledesma:"Nosotros en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, y mas adelante agrega "yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión" y finaliza afirmando que " creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros mas importantes de la civilización" El Dr. Torlasco por su parte dijo: " Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución,. Se estájuzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad" Finalmente el Dr. Moreno Ocampo, opinó "Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción"

Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzga.

Discurso del Dr. Carlos L. Bosch en la UCALP el 20-9-2011

 

Estimados amigos:

         Hace pocos días recibí la grabación de una entrevista a Solzhenitzyn realizada hace algunos años en París. El periodista le leyó allí unos párrafos del libro 1914 donde se relata que un muchacho interrumpe el paseo meditabundo de Tolstoi y le pregunta: “Tolstoi, discúlpeme que interrumpa sus pensamientos, pero he viajado de muy lejos para preguntarle esto¨ ¿Cuál es el fin de la existencia humana en la tierra? Tolstoi responde: servir el bien y contribuir a la instauración del reino de Dios en la tierra. Está bien, dice el joven, ¿pero cómo? ¿por el amor, acaso? Sin duda, responde Tolstoi, exclusivamente por el amor.

El periodista pide la opinión de Solzhenitzyn sobre este dialogo. Solzhenitzyn medita unos segundos y dice: “Mi objeción es la siguiente: en el siglo XX hemos caído muy bajo, nos hemos hundido en un abismo, pero pese a estar en el abismo, se sigue poniendo al amor como exigencia. Considero que eso es prácticamente imposible; si le decimos hoy a la humanidad entera que se amen entre ellos no se llegará a nada; hay que ofrecerle algunos estados intermedios para llegar a eso; uno de ellos es el de no reaccionar contra la justicia, no ofender a la justicia; no hacer lo que no queremos que nos hagan.”

         Oyendo esta grabación  me  saltó a la cabeza algo muy elemental: sin justicia, sin disposición de los hombres a la justicia, y también sin un orden social que administre la justicia y la declare y la imponga cuando es necesario, no hay sociedad posible. Sin justicia es la ley del más fuerte, es el caos.

 Solhentzin nos está diciendo que sin esa actitud básica de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, sin ese ideal primario de justicia, no hay sociedad posible. Y nos está diciendo, de paso, que en nuestra época  existe  una enorme carencia de  este  ideal primario.

Ese ideal primario de justicia, de hacer lo justo, de propugnar lo justo, campea cada vez más por su ausencia enla Argentina. La justicia está gravemente enferma. Lo vemos a diario. Lo vemos cuando la sociedad admite que los alumnos de un colegio impongan por la fuerza quiénes y qué se les va a enseñar; lo vemos cuando los piquetes se instalan en las calles con cuidadosa protección policial paralizando la ciudad; lo vemos cuando un ministro o secretario impone con matones su voluntad en la empresa Papel Prensa y se ríe públicamente del juez que, por cierto, no reacciona; lo vemos aquí, en La Plata, cuando el anciano general Sain Jean es obligado a comparecer esposado ante el tribunal pese a la enfermedad que lo aqueja y pese a los dictámenes médicos la comprueban.

Lo vemos cada vez más y cada vez más a menudo.

En el aula magna de la facultad de derecho de Buenos Aires, se celebró hace poco un acto de desagravio a un juez de la Corte Suprema, el doctor Raúl Zaffaroni, a quien nuestra asociación pidió la renuncia ante las noticias comprobadas y confesadas de que en una cantidad de departamentos de su propiedad se ejercía la prostitución organizada.
La noticia de un diario sobre este acto de desagravio decía: “Que el acto se hiciera en la Facultad de Derecho, con presencia y discurso de su decana Mónica Pinto y el rector de la UBA, Ruben Hallu, tuvo un gran peso simbólico y de respaldo hacia Zaffaroni. En el salón de actos no cabía ni un alfiler. Cerca de mil personas había, según calculaban quienes regulaban el desembarco del público en las butacas de terciopelo rojo. Las primeras filas estaban llenas de pañuelos blancos, entre ellos los de Hebe de Bonafini –por la Asociación Madres de Plaza de Mayo– y Nora Cortiñas y Marta Vázquez –de Madres Línea Fundadora–, estaban las Abuelas de Plaza de Mayo, el Nobel de la Paz AdolfoPérez Esquivel, políticos como Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra, María Elena Naddeo, María José Lubertino y Héctor Recalde, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, juristas como David Baigún, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, jueces federales, secretarios, académicos y estudiantes.
Este grupo de personas, señores, lo sabemos todos perfectamente, junto con otras conocidas que ocupan los principales puestos políticos nacionales, es el que maneja actualmente la Argentina. Esta gente que desagravia con tanto entusiasmo a un juez de la Corte sorprendido in franganti en el comercio prostibular domina hoy los resortes políticos y culturales del país.

A la pregunta sobre qué le pasa a  la Justicia en la Argentina, cabe la respuesta evidente: le pasa, en general, lo mismo que según Solzhenitzyn, y también según Santos Discépolo, le pasó al siglo XX. Que es lo que le sigue pasando al siglo XXI.

         Un filósofo amigo dice en un libro reciente que vivimos en un mundo en el que se está cumpliendo lo dicho en la carta a los Tesalonicenses sobre la venida del Anticristo, cuando dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos no creyendo en la verdad, se complacen en la iniquidad.

         Dice este amigo filósofo que lo que se está dando en este mundo de hoy es precisamente eso: creer en la mentira. Es decir, no el ser engañados y creer que lo mentiroso es lo verdadero, sino directamente adherir a la Mentira, sabiendo que es Mentira.

La mayor parte de los jueces que integran nuestra administración de justicia actual, al menos la justicia federal penal, se han plegado a la Mentira, especialmente aunque no solamente en este tema de los juicios por los denominados crímenes de lesa humanidad. Sus solemnes gestos de pretendida imparcialidad no disimulan su conciencia de que presiden parodias y no juicios verdaderos, en los que no dictarán sentencias  basadas en la ley y en las pruebas aportadas.

Adhieren a la Mentira sabiendo que es Mentira.

Saben perfectamente que esos juicios no deberían estar tramitando y saben que los acusados por hipotéticos crímenes de hace treinta años están irremediablemente condenados desde antes de comenzar el juicio.  Porque saben que los acusados son objeto de una rabiosa persecución política y que esa persecución no admite sentencias absolutorias.

Saben que en cada uno de estos juicios se traicionan los principios del derecho penal. No se atreven siquiera a pensar en la posibilidad de declarar que esos presuntos crímenes están prescriptos, que las leyes y tratados penales no pueden aplicarse retroactivamente, que la amnistía es un derecho definitivamente adquirido, que los indultos no pueden ser anulados. Saben estos jueces que presenciarán una secuencia de testimonios perfectamente orquestados desde la Secretaría de Derechos Humanos y saben que hay una firme e indoblegable decisión política de condenar a los imputados por el crimen fundamental de haber aplastado la subversión en los años setenta.

Y saben algo más: saben que si no cumplen esa decisión política, perderán sus cargos. O sus ascensos. O su tranquilidad.

Las condenas son irremediables.

Aceptan por ello estos señores magistrados, salvo honrosas excepciones, participar servilmente en la feroz persecución desatada por los ex terroristas y oportunistas políticos contra los oficiales y suboficiales y policías que los derrotaron con las armas en aquella terrible guerra sucia que azotó a la Argentina de los setenta. Y, además, hacen lo necesario para martirizarlos, obligando a los oficiales y suboficiales, a los hombres probos y corajudos como JaimeSmart y a los ancianos y enfermos a comparecer esposados ante la jauría ululante y henchida de odio.

Y así los juicios continúan, interminables. Pese a las amnistías, pese a los fallos judiciales firmes que en su momento las avalaron, pese a los indultos, pese a la irretroactividad de la ley, pese a los testigos falsos, y sobre todo pese a la evidencia de la persecución política. Pese a todo, los juicios continúan, se inician y se reinician día a día por la evidente razón de que han sido cuidadosamente pergeñados, no sólo como una venganza de los terroristas contra sus enemigos de ayer, sino –y sobre todo- como un ariete destructivo de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales argentinas.

Los planificadores de esta guerra judicial han pensado bien las cosas y han concluido que para terminar con la Argentina como Nación cristiana necesariamente hay que destrozar material y moralmente a sus Fuerzas Armadas porque en el seno de ellas –pese a las infinitas y terribles torpezas cometidas por sus propios jefes- en la organización de estas fuerzas, con todas sus grandes virtudes y terribles defectos, se encuentra una reserva esencial de la nacionalidad, del orden y de la jerarquía de los valores fundamentales de nuestra sociedad. Su solo carácter de fuerzas armadas, con sus marchas, sus tradiciones, su visión cristiana de la vida, su enaltecimiento del coraje, del patriotismo y del honor, las convierten necesariamente en  el reservorio de la nacionalidad y de la defensa de los valores tradicionales.
 .
De ahí el ataque furibundo que destroza su orgullo colocando a su frente una retorcida mujer montonera, que humilla a sus mandos y los somete permanentemente al deshonor. Por eso también la persecución insidiosa y permanente contra todos los ex oficiales que obedeciendo las órdenes la enfrentaron en los 70. Por eso también esta terrible humillación mediática del pseudo matrimonio de dos militares maricones.

Si tuviera que elegir dos actos simbólicos de la destrucción moral de las Fuerzas Armadas y de la Justicia, estos podrían ser: el primero, el de las fuerzas armadas, la imagen de aquel infeliz general trepado a un banquito –frente a la canalla que así se lo exigía- para bajar el retrato de quien había sido su comandante. El segundo símbolo, el de la Justicia destruida, el acto universitario de desagravio al señor Zaffaroni que mencioné más arriba.

Hace pocos días, el Dr. Alfredo Solari leyó su alegato defensivo de un grupo de militares ante el Tribunal Oral n° 5 de Buenos Aires. Les puedo asegurar a ustedes que ponía la piel de gallina presenciar la secuencia de verdades de a puño con las que Solari abofeteaba, frente a frente, a los jueces de dicho tribunal, mostrándoles con hechos y documentos hasta que punto han perdido el derecho de llamarse jueces de la Nación.

Esto es lo que está pasando en la Argentina.

Esto sucede cuando con toda impudicia y sin escándalo alguno el señor Luis Duhalde es colocado nada menos que al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Parece uno de esos chistes que mis nietos me formulan algunas veces: ¿Cuál es el colmo de los Derechos Humanos? Y la respuesta risueña: “tenerlo a Luis Duhalde como su director”.

Si un país ha podido llegar a este colmo impresionante sin que estallen indignados los medios de prensa y radiales y sin que a mucha gente le importe absolutamente nada, si ha podido aceptar tranquilamente que una ex terrorista sea la comandante de las fuerzas armadas y ahora de las fuerzas de seguridad, ¿qué más se puede esperar? ¿Qué más bajo que eso se puede caer?

Pero basta de lamentos. Gerardo Palacios Hardy ha de estar sulfurándose en su asiento, ya que acaba de escribir en un artículo que la buena resistencia existe en la Argentina, aunque no parezca. Todavía es débil, indecisa, dice, está falta de líderes. Pero está también cada vez más enojada. ¡Cuidado con el derrotismo!, advierte, que estar derrotado no es lo mismo que estar vencido.

Nuestra Asociación de Justicia y Concordia fue creada, precisamente, para enfrentar este ambiente negativo, para luchar contra toda esta impudicia, para clamar contra estos montoneros encumbrados en los altos puestos del poder de turno que no van a durar para siempre.

Fundamos esta Asociación, que crece día a día, en medio del triunfo del enemigo, en medio de nuestros militares encarcelados, en medio de las muertes en prisión de muchos de ellos, en medio de un proceso casi ya triunfante de destrucción de nuestras fuerzas armadas, en medio del exitismo incontrolable de un kirchnerismo ensoberbecido y de una justicia aplastada y olvidada del significado de su juramento de impartir justicia.

Nacimos como Asociación precisamente cuando agonizan las fuerzas armadas, cuando agonizan las fuerzas de seguridad y cuando agoniza la justicia. Y sobre todo cuando gran parte de nuestra sociedad parece adormecida en medio de todo este oprobio.

No nacimos, por ende, para rendirnos porque el presidente de la Corte, señor Lorenzetti, se haya plegado de lleno a la venganza y a la persecución, o porque Luis Duhalde siga a cargo de los derechos humanos o porque Verbitzki siga repartiendo su veneno día a día y cada vez con más medios económicos para hacerlo.

Quienes creamos esta Asociación estamos convencidos de que no podemos mirar para otro lado mientras estos marxistas disfrazados de peronistas, y los oportunistas que se les adhieren destruyen sistemáticamente nuestra patria, mientras siguen empeñados en destruir, una por una, la totalidad de nuestras instituciones y de nuestro orden jurídico, mientras pervierten a nuestras juventudes con manuales de estudios inmorales y mentirosos, con el dominio de los medios televisivos y radiales, con la persecución despiadada a los medios que no trabajan para ellos.

Nuestra Asociación persigue y seguirá persiguiendo sin desmayo el retorno del orden, de la Justicia y de la Concordia en la Argentina. Justicia que requiere que nuestros jueces despierten de una buena vez y dejen de temblar, y Concordia que exige que los buscadores del odio, de la venganza y de la persecución abandonen los puestos directivos que hoy ocupan y vuelvan a sus casas –o a la cárcel muchos de ellos- a rumiar sus resentimientos en soledad.

Por eso decidimos denominar a nuestra asociación con esos dos vocablos –Justicia y Concordia- que denuncian los dos males contrarios que envenenan a nuestra sociedad: la corrupción de la justicia al someterla a los dictados de intereses ideológicos y la destrucción de la concordia incentivando la mentira, venganza y el odio.

Queremos restaurar la justicia en la Argentina. No sólo buscamos que vuelvan a ser jueces los hombres que integran la administración de la justicia, sino que queremos restaurar también, fundamentalmente, la idea misma de la justicia en nuestra sociedad. La necesidad imperiosa de que vuelva a brillar en la Argentina, en el conjunto de los argentinos, la virtud de la justicia como un valor esencial a su existencia.

         Y queremos restaurar la concordia entre los argentinos. No por cierto con falsos abrazos con quienes persisten en su idea de destrucción de la Argentina, sino con todos aquellos que, aun cuando enfrentados ayer, por encima de sus múltiples diferencias políticas actuales hoy quieren una Argentina en la que impere el orden, la libertad y en donde las instituciones funcionen como tales. 

Permítanme ahora detenerme un momento para formular dos o tres preguntas de auto-examen:

¿No será que los de Justicia y Concordia estamos completamente equivocados?

¿No será que los jueces federales que juzgan a los hombres de las fuerzas armadas y de seguridad creen sinceramente que imparten justicia y que así actuarían aunque el gobernante de turno fuera la Junta Militar y no el gobierno de los Kirchner?

¿No será que el ex presidente Kirchner y la presidenta actual no están manejando la justicia como un arma de odio y de venganza, sino guiados exclusivamente por el amor a la patria y a la justicia y lo mismo harían si la imputada de cometer crímenes de lesa humanidad fueran Bonafini, o Luis Duhalde o Verbistzky o Kunkel?

No hace falta responder estas preguntas, me parece.

         Hace algunas semanas, caminando hacia la salida de la cárcel de Marcos Paz después de haber visitado y charlado con varios de los presos militares y policiales allí detenidos, me asaltó la pregunta de por qué diablos estas visitas carcelarias a gente que sufre semejante injusticia resultan tan impresionantemente aleccionadoras para el visitante. Por qué uno sale de allí, digamos, tan notablemente reconfortado.

         La respuesta, me dije mientras trasponía las últimas puertas del penal saludado siempre amablemente por los guardias penitenciarios, es evidente: uno sale reconfortado y con nuevos bríos porque siente que ha estado con hombres que quieren realmente a su país, que sufren enormemente la prisión que padecen, pero que también sufren por lo que le pasa a la Argentina. Uno siente, en definitiva, que ha estado con hombres patriotas, ese espécimen que está  lamentablemente en  extinción; hombres que aman a su patria.

         Queda poco de eso afuera, o está muy callado. Pero allí adentro sí que queda. Yo no digo que cada preso político sea un patriota, pero sí que los hay en gran cantidad.

Marcos Paz, Campo de Mayo, Ezeiza, Bower y otras muchas cárceles del interior del país, son hoy un reservorio de argentinos patriotas encerrados por impulso de la subversión triunfante y la complicidad de muchos de nuestros tribunales, especialmente el más alto tribunal del país. La cárcel, la persecución, la arbitrariedad judicial, la venganza subversiva, el odio, la indiferencia política y social por su suerte y las privaciones a las que la sociedad los somete como premio por haber obedecido a sus superiores en el combate contra la subversión, no han conseguido extinguir ese patriotismo sino que más bien parecen haberlo acentuado.

         Es claro que habrá allí, como en cualquier lado, buenos y malos, honestos y deshonestos, mejores y peores, pero es indudable que uno percibe en el conjunto, como si se palpara, el fuerte amor hacia esta patria nuestra, más allá de sus congéneres desagradecidos y acomodaticios.

Desean la libertad y el regreso al hogar con ansia desesperada, pero la adversidad –tal vez porque son soldados- en lugar de envilecerlos los ha hecho crecer en hombría y en patriotismo. Se mueren muchos de estos hombres de sesenta, setenta y ochenta años o más, por falta de la debida atención médica, pero mantienen alto el espíritu de sacrificio y los oficiales siguen dando ejemplo de templanza.
        
Y termino ahora preguntando: ¿Nos queda algo para ser optimistas?

Sí, señores. Pese a todo lo negativo que nos rodea, nos queda algo. Nos queda mucho, en realidad.

Nos queda el interior de la Argentina, los hombres de las provincias, los hombres del campo que en su momento mostraron lo que son capaces cuando advierten que se quiere destruir el país. Esa gente sigue estando, muchas veces a pesar de algunos dirigentes que, como decía Almafuerte parecen tener “la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido”. La gente está. Sólo espera apoyar a alguien que con patriotismo real represente la verdadera reacción. Alguien que, frente a este cachivache destructivo que llaman “modelo”, no les ofrezca un poco más o menos de eso mismo, como ocurre con la oposición política, sino que proponga un verdadero gobierno para una Argentina fuerte y sana.

Nos quedan nuestros hombres presos en Buenos Aires y en el interior, formidables faros de coraje y de honor que cada miércoles que los visitamos allí en Buenos Aires, o cuando lo hemos hecho en Santa Fe, Salta, Corrientes, Chaco, Córdoba, nos dan ejemplo de un patriotismo inclaudicable.

Nos quedan esas mujeres, esposas, hermanas e hijas de militares y policías, luchadoras sin desmayo que han sido y son nuestro ejemplo diario de entrega y de lucha.

Nos quedan los jueces probos, que los hay todavía.

Nos queda quedan Universidades como esta que hoy nos recibe y nos permite cantar verdades cuando tantos callan.

Nos quedan, pese a todo, tantos militares en actividad y tantos policías honestos, que esperan les devuelvan sus banderas sanmartinianas para volver a formar patriotas.

Nos queda esta Asociación por la Justicia y la Concordia, que en poco tiempo reunió a 400 integrantes y crece día a día.

Nos quedan ustedes aquí presentes. Y también nos queda una gran masa de argentinos que aunque hoy parecedesprevenida en cuanto a esta destrucción sistemática de las bases en las que se asienta su propia historia y su propio destino, sin duda en algún momento reaccionará y apoyará la buena causa para que el orden, la Justicia y la Concordiaretornen a nuestro país.

         Y por sobre todas las cosas, nos queda nuestra Madre, la Virgen María, quien ruega a su Hijo por este buen combate. Y nos queda nuestro Jefe imbatible, único Rey y Señor de la Historia, Jesucristo, quien nos asegura la gran victoria final, pase lo que pase en el camino.



Pedido de Informes sobre indemnizaciones a familias de terroristas

 

AL SEÑOR SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.

Dr. EDUARDO LUIS DUHALDE

S                   /                   D

 

Alberto SOLANET y Mariano GRADÍN, presidente y secretario, respectivamente, de la ASOCIACIÓN CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA -con domicilio legal en Avenida Santa Fe 1531, piso 9º. de la ciudad de Buenos Aires- personería que acreditamos con el estatuto y acta constitutiva adjuntos, aprobados por la Inspección General de Justicia, con el patrocinio del Dr. Oscar A. Vigliani (C.P.A.C.F. To. 17, Fo. 704), al Sr. Secretario decimos:

 

1)   OBJETO DE LA PRESENTACIÓN. 

En representación de la entidad referida, cuyo objeto comprende “Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho…”, venimos –en ejercicio del derecho de acceso a la información, conforme lo establecido en el artículo 13, inc. 1º., del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley 23.054, y anexo VII del decreto 1172/03, denominado Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional- a requerir el suministro de datos obrantes en esa Secretaría.

         La información solicitada se vincula a las personas cuyos nombres y apellidos componen la nómina transcripta en el apartado 3 de esta presentación, quiénes, según las fuentes bibliográficas que se mencionan, han fallecido, todas, en la década de 1970 como consecuencia de actuar como atacantes de guarniciones militares durante gobiernos constitucionales, con excepción de la individualizada en último término, que fuera objeto de ejecución por la organización armada a la que pertenecía.

Teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los nombres integrantes de la nómina se encuentran registrados en el denominado “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, ubicado en Costanera Norte de esta ciudad, cabe presumir que sus causahabientes han recibido la indemnización prevista por los artículos 1º. y 2º. de la ley 24.411 y normas concordantes, circunstancia que esta presentación pretende corroborar.

 

2)   LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA. 

Se requiere, respecto de cada una de las personas cuyos nombres y apellidos componen la nómina obrante en el subsiguiente apartado 3, el suministro de los siguientes datos: 

2.1) si ha sido considerada víctima de desaparición, desaparición forzada o ejecución sumaria; 

2.2) si sus causahabientes han recibido la indemnización prevista por los artículos 1º. y 2º. de la ley 24.411 y concordantes; 

2.3) en caso afirmativo, se informe el monto de la indemnización y fecha en que se abonó (no se requiere la individualización de los causahabientes beneficiarios a efectos de resguardar la seguridad de los mismos, conforme art. 16, inc. j, anexo VII, del decreto aludido).

 

3) NÓMINA. 

3.1) FALLECIDO EN OCASIÓN DE ATAQUE EFECTUADO EL 19/01/1974 A LA GUARNICIÓN DE AZUL (conforme Gustavo Plis-Steremberg en “MONTE CHINGOLO, LA MAYOR BATALLA DE LA GUERRILLA ARGENTINA”, 1ª. ed., Editorial Planeta, 2003, pág. 46/47). El nombre del fallecido está registrado en el “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, sito en Costanera Norte:

·     ALTERA, Guillermo. 

3.2) FALLECIDOS EN OCASIÓN DEL ATAQUE EFECTUADO EL 10/08/1974 A LA FÁBRICA DE PÓLVORA Y EXPLOSIVOS DE VILLA MARÍA (conforme Plis-Steremberg, obra citada, pág. 51/52) cuyos nombres están registrados en el monumento antes referido:

·     ARGAÑARAZ, César, alias “Chechi” (o ARGAÑARAZ, Justino Oscar, conforme aparece registrado en el “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”);

·     BROLO, Ivar;

·     BUSCAROL, José Luis (alias “Chanchón” o “Gordo”). 

3.3) FALLECIDO EN OCASIÓN DEL ATAQUE PERPETRADO EL 13/04/1975 CONTRA EL BATALLÓN ARSENALES FRAY LUIS BELTRÁN, (conforme Plis-Steremberg, obra citada, pág. 62):

·     REYES, HIPÓLITO (alias “Tío”)  

3.4) FALLECIDOS EN OCASIÓN DEL ATAQUE EFECTUADO EL 05/10/1975 AL REGIMIENTO 29 DE INFANTERÍA DE MONTE DE FORMOSA, según expone Ceferino REATO, en “OPERACIÓN PRIMICIA” (Editorial Sudamericana S.A, 2010, pág. 187 y sig.) y en el diario “LA NACIÓN”, sección “Enfoques”, del 29/08/10, presumiendo que sus causahabientes fueron indemnizados por estar registrados los fallecidos en el “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”:

·     BRIGILLER, Reinaldo Ramón José;

·     HERNÁNDEZ, Juan Sebastián;

·     KOBRINSKY, Saúl Mario;

·     LIVIERES, Jorge Alberto;

·     MORERO, Luis Carlos;

·     VELÁZQUEZ, Alfredo;

·     BOERO, Oscar Ramón;

·     GRAZIANO, José Daniel. 

3.5) FALLECIDOS EN OCASIÓN DE ATAQUE EFECTUADO EL 23/12/1975 AL BATALLÓN DEPÓSITO DE ARSENALES 601, SITO EN MONTE CHINGOLO (mencionados por Plis-Steremberg, en la obra citada, pág. 430/431, como “Muertos que participaron en los combates”, cuyos nombres están registrados en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado):

·     BARBATE, Daniel Roberto;

·     BLANCO, Francisco Javier;

·     BOCA, Hugo Alberto;

·     BONET, Carlos Lucas;

·     BRUCHSTEIN, Aída Leonora;

·     BULIT, Alejandro;

·     CEJAS, Roberto Horacio;

·     CINGUALBE, Carlos Maria;

·     COLAUTTI, Hugo Francisco;

·     CORREA, Jorge Alberto;

·     CRESPO, Carlos José;

·     CUELLO, Francisco Esperito;

·     DELFINO, Eduardo;

·     ENATARRIAGA, Nelly Noemí;

·     ESCOBAR BUSTOS, Eduardo César;

·     FABIÁN, Orlando Benjamín;

·     FINOCCHIARO, Norma Concepción;

·     GARCÍA, Ernesto;

·     GATTO, Silvia Ana María;

·     GONZÁLEZ, Angel Eduardo;

·     GUANZIROLI, Tristán Gustavo;

·     ISLAS IBARRA, Ismael Alfredo;

·     LAFUENTE, Mónica Silvia;

·     LASORBA, Vicente Julio;

·     LEZCANO, Ana María;

·     LIENDO, Ana María;

·     LORENZO RODRÍGUEZ, Omar Juan;

·     MACHADO, Carlos Alberto;

·     MARABOTTO de ESCOBAR, María Inés;

·     MASTROGIOVANNI, Alejandro Daniel;

·     MENÉNDEZ, Luis;

·     MENSI, Rubén Víctor;

·     MONZÓN, Ismael Antonio;

·     MOSQUEIRA, Víctor Manuel;

·     OROÑO, Carlos Omar;

·     PAREDES, Cristóbal;

·     RAMOS BERDAGUER,Guillermo Pablo;

·     RINALDI, Nancy Alejandrina;

·     SALINAS, Guillermo;

·     SALVADOR, Humberto;

·     SÁNCHEZ, Carmen Gloria;

·     SÁNCHEZ, Miguel Angel;

·     SAN MARTÍN, Guillermo Horacio;

·     SANTA CRUZ MELGAREJO, Abel Jesús;

·     SCHOTTENFELD, Gastón Raimundo;

·     SIBA, Rodolfo;

·     SPORTUNO, Luis Alberto;

·     STANLEY, Carlos Horacio;

·     STEGMAYER, Roberto Bernardo;

·     TAUIL, Enrique;

·     TISMINETZKY, Claudio Arturo;

·     VALENCIA, Juan Carlos Antonio;

·     VÁZQUEZ VALDIVIA, Víctor. 

3.6) FALLECIDO EN OCASIÓN DE COMBATE CON FUERZAS ARMADAS EN EL MONTE TUCUMANO, EN OCTUBRE DE 1975, EN EL CURSO DE OPERACIONES ORDENADAS A DICHAS FUERZAS POR EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL SEGÚN DECRETO 261/75 (Fuente: Daniel Gutman, “Sangre en el Monte”, páginas 160/161 -fotografía No. 27- y 192):

·     MOLINA, Jorge Carlos. 

3.7) FALLECIDO POR EJECUCIÓN -FUSILAMIENTO- DE LA ORGANIZACIÓN “MONTONEROS”, A LA QUE PERTENECÍA (Fuentes: C. Reato, obra citada, pag. 206; revista “Evita Montonera, No. 8, p. 21, mencionada por aquél y por por Agustín Laje Arrigoni en artículo publicado en el diario “La Nueva Provincia”, el 18/12/2010, en el que también se alude como fuente del hecho a un artículo del diario “La Voz del Interior”, Córdoba, de fecha 3/09/75):

·     HAYMAL, Fernando. 

4)   PETITORIO: 

Por lo expuesto al Sr. Secretario SOLICITAMOS:

Se suministre, dentro del término previsto en el decreto 1172/03, la información requerida en el apartado 2, con relación a las personas nominadas en el apartado 3. 

Saludamos al Sr. Secretario muy atentamente.

 

 

INICIA ACCION DE AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION. ACOMPAÑA PRUEBA. FORMULA RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Alberto SOLANET y Mariano GRADÍN, presidente y secretario, respectivamente, de la ASOCIACIÓN CIVIL ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA -con domicilio legal en Avenida Santa Fe 1531, piso 9º. de la ciudad de Buenos Aires, en el que constituimos domicilio procesal- personería que acreditamos con el estatuto y acta constitutiva adjuntos, aprobados por la Inspección General de Justicia, con el patrocinio del Dr. Oscar A. Vigliani (C.P.A.C.F. To. 17, Fo. 704), a V.S. decimos:

 

1)     EXORDIO.

Venimos a promover ACCIÓN DE AMPARO POR MORA en los términos del artículo 28 de la ley 19.549, contra EL ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, actualmente a cargo del Dr. Julio César ALAK, con domicilio en la calle Sarmiento No. 329 de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que V.S. libre orden de pronto despacho para que el demandado resuelva la provisión de la información requerida por nuestra representada en la presentación efectuada el día 3 de febrero de 2011, que se adjunta, individualizada por el organismo receptor -la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE DICHO MINISTERIO-  según información verbal, como ASUNTO No. 107.131, REMITO No. 21.914. Ello en función de los presupuestos fácticos y normativos que se invocan a continuación.

2)  ANTECEDENTES. INFORMACIÓN SOLICITADA.

En la fecha aludida la institución que representamos, cuyo objeto comprende “Bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho…”, presentó ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS el escrito que se agrega, en el que se recaba información respecto de indemnizaciones que habrían sido pagadas a los derechohabientes de sesenta y ocho personas cuyos nombres y apellidos componen la nómina transcripta en el apartado 3 del mismo escrito -al que en bien de la brevedad nos remitimos- personas, todas ellas, que, según las fuentes bibliográficas y periodísticas que se mencionan en la misma presentación, han fallecido en el curso de los años 1974 y 1975 en oportunidad de atacar guarniciones o destacamentos militares durante gobiernos constitucionales, con excepción del mencionado en último término, Fernando Haymal, que fuera objeto de ejecución por la organización armada a la que pertenecía.

Teniendo en cuenta, por otra parte, que la totalidad de los nombres de los occisos -con excepción del individualizado como Hipólito Reyes-  se encuentran registrados en el denominado “Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, ubicado en Costanera Norte de esta ciudad, cabe presumir que sus causahabientes han recibido la indemnización prevista por los artículos 1º. y 2º. de la ley 24.411 y normas concordantes.

La presentación ante el organismo administrativo pretende, pues,  corroborar dicha presunción en aras de evaluar tanto la procedencia de dichas indemnizaciones cuanto la razonabilidad de la  inscripción de los nombres de los fallecidos en el monumento en cuestión atento que, por un lado, conforme la ley No. 46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la erección de dicho monumento se efectuó “…en homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años 70 e inicios de los 80 hasta la recuperación del Estado de Derecho” y, por otro, ninguno de los fallecidos puede ser calificado de víctima de “terrorismo de estado”.

Si bien la normativa a que aludimos mas adelante claramente establece que no es necesario acreditar interés legítimo ni derecho subjetivo para el requerimiento de la información en cuestión, dejamos constancia del objeto del reclamo tanto por respeto a esa jurisdicción cuanto por apuntalar la racionalidad de la petición.

En síntesis, conforme el apartado 2 de la presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos requiriérese, respecto de cada una de las personas fallecidas, mencionadas en su apartado 3, el suministro de los siguientes datos:

“2.1) si ha sido considerada víctima de desaparición, desaparición forzada o ejecución sumaria;”

“2.2) si sus causahabientes han recibido la indemnización prevista por los artículos 1º. y 2º. de la ley 24.411 y concordantes;”

“2.3) en caso afirmativo, se informe el monto de la indemnización y fecha en que se abonó.

Destácase que no se requirió la individualización de los causahabientes beneficiarios a efectos de resguardar la seguridad de los mismos, conforme art. 16, inc. j, anexo VII, del decreto 1172/2003, al que nos referimos en el apartado siguiente.

 

3) APOYATURA LEGAL DE LA ACCIÓN INSTAURADA. CONFIGURACIÓN DE LA MORA Y PROCEDENCIA FORMAL DEL AMPARO POR MORA.

 El derecho de acceso a la información pública ha sido consagrado por el artículo 13, inc. 1º., del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley 23.054.

En nuestro derecho interno aparece regulado en el decreto 1172/2003, de  “Acceso a la Información Pública”, cuyo art. 4º.aprueba el “Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional” (como Anexo VII), que en su art. 6º. establece:  “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo…”, mientras su art. 12º. concede a la Administración el término de 10 días para contestar, prorrogables por igual plazo, bajo apercibimiento, según el art. 14º., de la acción por mora, que aquí ejercemos, contemplada en el art. 28 de la ley 19.549, según el cual “El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado”.

 Habiendo vencido ampliamente los términos mencionados sin que la Administración se pronunciara sobre el requerimiento informativo, se ha configurado su mora.

El art. 1º. de la ley 19.549 prevé el derecho al debido procedimiento adjetivo, traducido en que la administración resuelva, mediante decisión fundada, las peticiones del particular. El desconocimiento de dicho derecho da lugar a la tutela judicial, reconocida por la Corte Suprema de Justicia la Nación cuando sostuvo que la garantía consagrada en el Art. 18 de la Constitución Nacional “supone la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia – a lo que cabe agregar, ante las autoridades administrativas competentes - y obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los derechos de los particulares o litigantes” (Fallos 310:276, entre otros).

De  acuerdo con jurisprudencia del fuero:  la mora combatida por el amparo previsto en el art. 28 de la Ley 19.549 es una simple mora objetiva que se concreta con la tardanza en emitir el dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado, vencido el término legal específico o genérico  del caso o, de entenderse que puede no haberlo, transcurrido un plazo que excediere de lo razonable” (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala I, “102.7 SA. v. Comité Federal de Radiodifusión s/ amparo por mora”, 14/06/2005).

La mora del organismo es el único requisito que impone la norma para la procedencia de la acción de amparo por mora, sin que sea necesaria una previa intimación ante el organismo de que se trate.

En virtud de lo expresado, ninguna duda queda acerca de que los requisitos de la presente acción de amparo por mora se encuentran satisfechos.

4) PRUEBA.

Se ofrece la documental acompañada: escrito presentado ante la Secretaría de Derechos Humanos el día 2 de febrero de 2011.

5) INTRODUCE CUESTION FEDERAL.

Encontrándose comprometida en autos la garantías previstas en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la garantía de la defensa, toda vez que el particular tiene derecho a una decisión fundada (Art. 1º inc. f) ap. 3º ley 19.549) y que este derecho se enmarca en el art. 18 de la Constitución Nacional, como así también por ventilarse la garantía de igualdad, de legalidad y razonabilidad (Arts. 17, 19 y 28 C.N.), dejo introducida la cuestión federal.

Consecuentemente, formulamos reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mérito a lo normado en el art. 14 de la ley 48.

6) AUTORIZACIÓN.

Quedan autorizados los doctores Emilio Hardoy, Mariano Gradín y Oscar A. Vigliani para compulsar el expediente, retirar copias de escritos, diligenciar mandamientos y/u oficios y efectuar cuanta diligencia fuere necesaria para el buen trámite de este proceso.

7) PETITORIO.

En virtud de todo lo expuesto a V.S. solicitamos:

7.1) Se nos tenga por presentados, por parte y se tenga por constituído el domicilio procesal.

7.2) Se tenga por ofrecida y acompañada la prueba.

7.3) Se libre orden de pronto despacho para que el demandado provea la información requerida por nuestra representada en el apartado 2 de la presentación efectuada el día 2 de febrero de 2011 ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, con relación a cada una de las personas mencionadas en el apartado 3 de la misma presentación, a saber:

 a) si ha sido considerada víctima de desaparición, desaparición forzada o ejecución sumaria;

b) si sus causahabientes han recibido la indemnización prevista por los artículos 1º. y 2º. de la ley 24.411 y concordantes;

c) en caso afirmativo, se informe el monto de la indemnización y fecha en que se abonó, sin individualización del beneficiario.

 

7.4) Se tenga presente la reserva del caso federal.

7.5) Se impongan las costas del presente a la demandada.

Provea V.S. de conformidad que SERÁ JUSTICIA

 

 
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