Noviembre | 2011
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Justicia y Concordia

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Declaración de la Asociación con motivo de la sentencia dictada en la llamada "Causa ESMA"
Nueva dirección de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Palabras finales del Capitán Alfredo Astiz en la causa ESMA
Otra muestra de la (in)justicia K

Declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Es la mentira, que no la verdad,
lo que prevalece en esta tierra.

Jr 9,2

La sentencia dictada en la llamada ‘Causa ESMA’ es otra vuelta de tuerca al orden jurídico argentino y nuevo motivo de profunda pesadumbre para quienes hicimos del Derecho algo más que un medio de vida.

Duele, en efecto, asistir otra vez a la violación flagrante no solamente de las leyes y la Constitución, sino de los fundamentos y principios que las sustentan y sin los cuales aquellas son declamaciones huecas.

Duele comprobar que esto ocurre por la decisión de hombres investidos del poder –no de la autoridad, claro – que tienen los jueces de la república.

Duele ver que la Argentina ha elegido vivir según las leyes y procedimientos de los tiempos bárbaros: manda la fuerza bruta, se obedece a una minoría vociferante y mentirosa.

Duele, en fin, ver en funcionamiento una vez más ese ‘derecho de dos velocidades’ que denunciamos dos años atrás y que no es otra cosa que un hipócrita sistema de dos pesas y dos medidas.

En la Argentina de nuestros días, pues, el ordenamiento jurídico ha abdicado de su misión de instaurar el orden, para transformarse en sirviente de los ‘proyectos’ y ‘modelos’ pergeñados por el poder político.

A esto que los sembradores de odio y los servidores de la mentira llaman ‘justicia’, le falta para ser tal el criterio de la verdad. Y ésta no puede ser reemplazada por los fallos de la Corte o los libros del señor Lorenzetti.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia hace oír su voz para manifestar su repudio y formular una advertencia: estemos prevenidos, porque no hay justicia en la Argentina. Y si no la hay, tampoco habrá paz.

Buenos Aires, 31 de octubre, 2011.


Mariano Gradin | Alberto Solanet

Secretario | Presidente

Nueva dirección de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Estimado Socio,

Nos comunicamos con Ud. a fin de informarle que a partir del lunes 31 de Octubre la nueva dirección de la Asociación será Tucumán 1650 1º D, Capital Federal. Asimismo les informamos que el teléfono y la dirección de mail serán las mismas.

Cordialmente,

Patricia Junor

Secretaria Administrativa

Asociación Justicia y Concordia

Palabras finales del Capitán Alfredo Astiz en la causa ESMA

AGRADECIMIENTO

He estado presente en el alegato de los Doctores Juan Mendilaharzu y Rosana Marini no porque reconozca a esta simulación de juicio ni a ellos como defensores, sino por el respeto que me han merecido como personas y profesionales por su honestidad y dedicación a su trabajo.

Los Doctores Mendilaharzu y Marini han demostrado irrebatiblemente en su exposición, la ilegitimidad de este falso juicio y mi inocencia de los hechos fácticos que se me pretenden imputar, a pesar de que su trabajo no tendría que haber sido necesario dada la ya mencionada ilegitimidad de este acto. Por ello les estaré eternamente reconocido.

Sin embargo, no puedo dejar pasar que tengo algunas diferencias con el alegato mencionado, las que aclararé a lo largo de mi exposición.

CONFIRMACIÓN

Si bien ya había manifestado al comienzo de esta parodia de juicio, la ilegitimidad del mismo y de todos sus participantes, motivos por lo cual renuncie a ejercer mi derecho a defensa, los nuevos incidentes vertidos a lo largo de casi dos años, que relatare a continuación, no han hecho mas que confirmar mis palabras.

Asimismo, la ilegítima fiscalía expreso que yo comunique que no me iba a defender, y que sin embargo, lo hice por horas. Interpreto que la ilegítima fiscalía se refiere a mi manifiesto inicial ya mencionado: O bien la ilegítima fiscalía no presto la adecuada atención a lo que dije ese día, o bien ha mostrado una vez mas su mala intención para con los falsamente acusados.

Deseo aclarar que para elaborar este trabajo, solo disponía en el penal de cuatro horas de computadora por semana, aunque a veces ese horario tampoco se cumplía por necesidades de la prisión, lo que me ha causado una desigualdad con las posibilidades de las ilegítimas querellas.

En todo este asunto se trata de aparentar que los acá ilegítimamente e injustamente acusados tenemos todos los derechos legales, no poseyendo en realidad ninguno, pero siempre simulando que los tenemos.

Creo que lo único que faltaría, es que los acá falsamente imputados hagamos el celebre juramento, atribuido a los gladiadores romanos, “Ave Cesar, los que vamos a morir te saludan”.

LOS PROFETAS DEL ODIO O LA IDEOLOGÍA DE LAS ILEGITIMAS QUERELLAS Y DE SUS REPRESENTADOS

He escuchado azorado decir a los ilegítimos querellantes, que en nuestro país los terroristas no eran terroristas, sino “juventud militante”, “juventud idealista”, “activistas gremiales” o aun más increíblemente, “políticos”. También he oído que esas personas buscaban una sociedad igualitaria, un mundo sin explotados ni explotadores.

Dado los mas de 21.000 ataques terroristas sufridos por nuestro país, gran parte de ellos durante un gobierno constitucional, que dejaron mas de 3.000 victimas, ese argumento, de que eran “políticos” y de que buscaban una “sociedad igualitaria”, es por lo menos ridículo, configurando una tesis imposible de comprender y menos aun de sostener. También es difícil de entender porque sus inocentes representados entonaban cantitos como: “Duro, duro, duro, aquí están los montoneros que mataron a Aramburu”, o este otro “Hoy, hoy, hoy, que contento estoy, aquí están los montoneros que mataron a Mor Roig”.

El mismo General Perón, presidente constitucional de la Argentina los definió como “terroristas”.

Las ilegitimas querellas dicen representar a los que ellas llaman “perseguidos políticos”. En realidad, ellas representan a los ex terroristas, a sus allegados y a los grupos de persecución y venganza.

Por supuesto que en el grupo ilegítimamente querellante, incluyo, cuando hago mención a el, a la ilegitima fiscalía. Esto es así ya que la citada ilegitima fiscalía no ha cumplido con su deber de representar al estado y cuidar por el ejercicio de la justicia.

Actualmente no son pocos los fiscales que olvidan que el papel del acusador no exime de los principios de legalidad e imparcialidad y que no pueden forzar los indicios en pos de hacer encajar a un sospechoso en los hechos.

Por el contrario, el ilegitimo fiscal, ha preferido convertirse en un querellante mas, usando un lenguaje soez y vulgar, así como a acotaciones fuera de lugar, sin la menor vergüenza, y con una sobreactuación que pretendía ser graciosa e irónica, pero que se convertía en penosa, dada la seriedad de los temas que acá se relatan. Esta sobreactuación frecuentemente estaba fuera del objeto procesal y su único fin era hostigar a los falsamente imputados, no habiendo sido nunca, a pesar de eso, observado al respecto por el tribunal especial.

El fiscal, que debería haber buscado la verdad, ni siquiera es un ilegitimo fiscal. Es un ilegitimo querellante más, incumpliendo claramente sus deberes como funcionario publico.

Seguidamente desarrollare algunos de los agravios y denuncias infundados efectuados por la ilegitima querella.

Ofensas efectuadas por la ilegítimas querellas

Me ha quedado claro, al escuchar las falsas acusaciones, que las mismas se originan en el hecho que, las ilegítimas querellas, no nos perdonan a los aquí sentados que hayamos participado en los combates que ayudaron a derrotar al terrorismo que amenazaba a nuestra Patria.

La ilegítima querella cree que están participando de una gesta. Como dijo el ex presidente chileno Lagos, muchos son todavía, aunque no tanto como ellos mismos suponen, los que siguen aferrados con uñas y dientes a las “utopías regresivas de los 70”, sin querer ver que “las nuevas generaciones y aun las anteriores votan por programas de futuro y no por pleitos del pasado”.

Muchos abogados de la ilegítima querella, usaron el termino “patotas criminales”. Están equivocados en su definición. ”Patotas criminales querellantes” son las que usan imaginarias acusaciones, inventan falsos testigos bajo el eufemismo de testigos necesarios, y presentan exóticas y rebuscadas jurisprudencias, ajenas al mundo real y posible, para tratar de justificar la persecución de los militares, policías, penitenciarios y civiles que combatieron contra el terrorismo.

Obviamente, no voy a degradarme cayendo al mismo bajo nivel de la ilegítima querella, usando esos términos soeces y vulgares ya citados. Esto es porque, aparte de la inexcusable educación, siempre debemos recordar que los que usaban términos groseros y descalificatorios para poder tener la justificación de insultar, perseguir, condenar y secuestrar a los que ellos consideraban sus enemigos, fueron los nacional socialistas y no olvidemos que, “el que dice cualquier cosa, hace cualquier cosa”.

La ilegitima querella nos endilgo el mote de “Herodes” al sostener que habíamos matado, según ella, de tal manera de no poder identificar las victimas. Dado que algunos de los miembros de la ilegítima querella tienen una fuerte postura a favor del aborto, ese termino expresado en sus bocas, es cuando menos de un descaro sorprendente.

De la misma manera, la ilegitima querella, en una posición maniquea, acusa permanentemente de “fascistas” a todos los que no piensan como ellos. Sin embargo, el fascismo esta mas cerca de sus ideologías totalitaristas que de mi forma de pensar republicana.

La ilegítima querella también afirmo que para poder crecer el país debería primero reparar las secuelas de la Guerra Contra el Terrorismo. Las secuelas de esa guerra se encontraban razonablemente superadas y fueron artificialmente reavivadas por las perversas y espurias necesidades políticas de un nuevo gobierno, así como por el interés de grupos fundamentalistas, de persecución y venganza, basados en la intolerancia y el odio, que son solo una pequeña minoría del pueblo argentino.

Toda esta es una posición, fundacional, infantil y voluntarista. Los países exitosos superan los incidentes anteriores que han sufrido en su historia para buscar un futuro mejor, en busca del bien común.

Por todo lo anterior, he llegado a la conclusión, después de escucharla, que la ilegítima querella representa a esa pequeña minoría, elitista, absolutista y resentida, cerrada sobre si misma, y que trata de manipular a los demás mediante la exaltación del rencor, el enfrentamiento y la violencia, reflejando su resentida personalidad.

Sus opiniones peyorativas, la falta de argumentos sólidos y el resentimiento ya mencionado, han demostrado, aun más, si eso fuera posible, que esto no es un juicio, sino una persecución por motivos políticos que no busca la justicia

.

De la misma manera, la ilegítima querella sobreactuó, proyectando innecesariamente fotos de terroristas cuando eran pequeños, para tratar de lograr un efecto emocional.

Si ese fuera el caso, se podría mostrar las fotos de los cadáveres destrozados en el comedor de la Policía Federal, atentado planeado por los terroristas Walsh y Verbitsky, o las fotos de Paula Lambruschini o de la hija del Capitán Viola, asesinadas estas ultimas por el terrorismo a una muy tierna edad.

No he interpretado, asimismo, a los ilegítimos querellantes, cuando se refieren a las fuerzas armadas y de seguridad como “mediocres”, pretendiendo mostrar, de la misma manera, que los terroristas y sus allegados eran seres iluminados y superiores. Dada la derrota sufrida por estos últimos a manos de las fuerzas legales en la Guerra contra el Terrorismo, creo que ese no fue el caso, pero su soberbia no les permite aceptar haber sido derrotados por “ese grupo de mediocres”.

Con respecto al ilegitimo querellante Méndez Carreras lo he escuchado hablar de la perversión y del humor negro que tenían los militares acá sentados. Increíblemente hacia estas declaraciones mientras el mismo hacia bromas de dudoso buen gusto, dado el tenor de sus manifestaciones.

Asimismo, la ilegítima querella ha tratado de molestarnos a todos los aquí falsamente imputados, expresando que nuestros amigos y familiares nos saludaban desde la platea superior, por no tener ellos conciencia que clase de monstruos éramos.

Le voy a explicar algo a la ilegítima querella: Nuestros amigos y familiares son gente que nos conocen íntimamente y que saben de nuestras honestas conductas.

También les deseo explicar que, los ya nombrados amigos y familiares, son gente feliz que educa a sus hijos para vivir pensando en el futuro, sin resentimientos, aun a pesar del hostigamiento y la privación ilegitima de la libertad que estamos sobrellevando.

Por el contrario, cuando uno ve a la ilegítima querella y a sus allegados, situados detrás del cristal, uno ve rostros crispados, amargos y vengativos. En definitiva, son pobres personas, mayoritariamente infelices.

Por todo lo hasta acá citado, queda expuesto, al expresar la ilegítima querella sus posiciones ideológicas, siempre con la salvedad de que “no buscan la venganza”, que aparte del interés económico, este acto ilegal tiene un objetivo político, persiguiendo asimismo la venganza.

Julio López

Parte de la ilegítima querella menciono en esta sala a Julio López, individuo que, antes de su desaparición, no tenia conocimiento de su existencia, siendo a través de la prensa todo lo que se actualmente de esa persona. Es por ese medio que me entero, que una parte de los abogados representantes de la ilegítima querella, acá presentes, han criticado a la Presidente de la Nación por no haberlo nombrado ni una vez. Yo me pregunto entonces porque no le preguntan a la presidente o a alguno de sus organismos subordinados si han tenido algo que ver o saben algo sobre la suerte de Julio López.

Colonialismo Judicial

Me ha quedado claro igualmente, por la prioridad que le ha dado la ilegítima querella, el terrorismo y sus allegados a las supuestas víctimas terroristas extranjeras por sobre las similares argentinas, que existen en el mundo países soberanos y países no soberanos. Los primeros ejecutan sus políticas de estado, incluyendo la guerra contra el terrorismo sin aceptar críticas y menos aun, injerencias de otras potencias.

Otros, como el nuestro, no solo se aceptan, sino que se valora y se prestigia a oscuros personajes, no todos extranjeros, que no son mas que empleados a sueldo de las potencias foráneas mencionadas anteriormente, privilegiando los intereses de esos países por sobre los propios intereses nacionales. Esta política colonial se disfraza bajo la capciosa y rimbombante denominación de un eufemismo: “Justicia Universal”.

No se debe pasar por alto, además, que muchas de esas potencias tienen en su historia negros pasados colonialistas, con crímenes mucho más graves que los que tienen la soberbia de endilgarnos falsamente y que demandan que, apliquemos en nuestro país recetas que ellos nunca se hubieran atrevido a aplicar en el suyo.

Lo habitual es que los políticos, juristas y representantes de medios de los países que tienen sus fortunas obtenidas por el colonialismo, y aun mas antiguamente por el esclavismo, critiquen a nuestro país para tratar que tengamos un sentimiento de inferioridad y subordinación, funcional a las políticas de dominación, sobre todo económicas, de esas naciones.

Todas esas potencias coloniales han volcado buena parte de su intelectualidad para justificar su derecho a imponernos su justicia por considerarnos “países inferiores”, llegando al atrevimiento de pedir extradiciones por hechos supuestamente ocurridos en el nuestra Nación, así como a celebrar “juicios en ausencia”.

La ilegítima querella reivindico esos ficticios juicios celebrados en el extranjero por supuestos hechos ocurridos en nuestro país, que implican una clara violación a la soberanía nacional, infringiendo así sus deberes como ciudadanos argentinos para con la Constitución Nacional. Además, en el caso particular de la ilegítima fiscalía, configurando un incumplimiento a sus deberes como funcionario publico.

Me parece todo una inmensa y asombrosa hipocresía.

Obviamente, como veremos a continuación en varios ejemplos, las citadas potencias coloniales no aplican a sus compatriotas el mismo derecho que tienen la osadía de exigirle a países como el nuestro.

No debe sorprender entonces que cuando juicios similares se pretenden efectuar en los países colonialistas sobre sus nacionales, los acusados son sobreseídos o directamente los juicios no se inician.

Asimismo, en el colmo de la hipocresía, cuando una nación, a la que ellos consideran “inferior” pretende aplicar la “Justicia Universal” contra uno de los nacionales de la potencia colonialista, esta no lo acepta, pretende que no se le juzgue y exige que se le devuelva a su nacional en caso de estar este detenido por ese país.

Como ejemplo vamos a tomar ejemplos de Francia, España e Italia, naciones colonialistas y emblemáticas en la aplicación de la justicia universal, aunque únicamente, como ya hemos dicho, sobre los nacionales de países por ellos considerados inferiores.

En el primer ejemplo francés, existieron sectores políticos argelinos que pidieron que se investigara la conducta del gobierno galo durante su Guerra de Independencia, acusando a varios funcionarios de esa nación por su responsabilidad directa en el asesinato y tortura de religiosos y patriotas. No puede omitirse que Argelia tenia nueve millones de habitantes al comenzar su Guerra de Independencia y finalizo la misma con solo ocho millones. De mas esta decir que el Gobierno Francés, reconocido por ciertos grupos como emblemático en la defensa de los Derechos Humanos, no solo permanentemente rechazó tomar alguna medida jurídica contra los acusados, sino que muchos de ellos alcanzaron posteriormente altos puestos en la Administración Publica, como fue el caso del ex presidente, hoy fallecido, Francoise Mitterrand, puntualmente acusado de esos hechos.

Es mas, hace no muchos años, producto de unas declaraciones periodísticas, el General francés Aussaresses, miembro de la Legión de Honor de ese país, reivindicó los métodos usados por su nación en la Guerra de Argelia. El Gobierno francés aparento estar escandalizado y llevo al citado general a juicio. Finalizado el mismo, en diciembre de 2.004, la Sala de Casación Francesa dictamino básicamente que los cargos impuestos contra el militar habían sido amnistiados y que Francia había adherido a los tratados internacionales que tipificaban la “Lesa Humanidad” con posterioridad a los hechos, por lo que de ser estos aplicados se violaría el principio de irretroactividad. Se debe dejar constancia que a pesar de que Francia ingreso a las Naciones Unidas con anterioridad a nuestro país, no aplico ninguna justicia consuetudinaria con motivo de su ingreso, como si lo hizo la Corte Argentina, por no ser aplicable, según la justicia francesa, el derecho consuetudinario a causas penales.

El segundo ejemplo francés, se refiere a la ciudadana francesa Florence Cases, que fue condenada recientemente por secuestro por un tribunal de México. Desde ese entonces, Francia viene ejerciendo presiones económicas y políticas así como, protestas pidiendo la revisión del proceso o el traslado de la inculpada a Francia, al tratarse de “un caso humanitario”.

El tercer ejemplo francés, quizás el caso más notable, sea el del hundimiento por buzos tácticos de ese país, del buque “Rainbow Warrior” perteneciente a la organización “Greenpeace” y que trataba de obstaculizar las pruebas nucleares realizadas por el país galo en el Atolón de Muroroa.

La acción se desarrollo en el puerto de Auckland, Nueva Zelandia, país que no se encontraba en guerra ni en ningún otro tipo de conflicto armado con Francia. Esta potencia colonial inicialmente negó los hechos, explicando que “Francia no actúa de esa manera”. Sin embargo. ese mismo día, dos de sus militares, el Mayor Alain Mafart y la Capitan Dominique Prieur, fueron localizados y arrestados en Nueva Zelandia por la policía de ese país, al ser considerados participantes de la voladura, y el juez con jurisdicción en los hechos, solicito al país europeo la extradición de los restantes autores del hecho. Ante esta nueva situación, el propio presidente Francois Mitterrand, ya acusado este ultimo, como vimos anteriormente por torturas y desapariciones durante la Guerra de Argelia y posteriormente, el primer ministro francés Laurent Fabius, prometieron castigo para el resto de los implicados. Sin embargo unos días después, Fabius reconoció que militares franceses habían sido autores del hundimiento, pero que al haber actuado bajo ordenes superiores no serian por lo tanto ni juzgados ni extraditados.

No satisfecha con esa medida, Francia ejecutó fuertes presiones económicas y políticas sobre Nueva Zelandia, obteniendo un acuerdo para la liberación de los agentes que habían quedado arrestados en ese país. El acuerdo logrado era que los militares condenados debían pasar, previo a su libertad, tres años confinados en una base militar francesa en el Pacifico Sur. Ese acuerdo Francia posteriormente no lo cumple, enviando definitivamente, antes del termino fijado y usando excusas pueriles, a sus agentes implicados a la metrópoli.

Se debe decir, que algunos de los militares franceses involucrados en el asunto del “Rainbow Warrior”, con posterioridad a esos hechos, continuaron exitosamente su carrera militar, llegando a ser uno de ellos, el Coronel Louis Pierre Dillais, jefe de gabinete del ministro de defensa francés Francois Leotard en el año 1.994. Otro de los implicados, el ya mencionado Alain Mafart fue nombrado por el mismo ministro como su ayudante.

En resumen, Francia, que tiene el atrevimiento de pedir la extradición a su país de un militar argentino, para ser juzgado por hechos supuestamente ocurridos en nuestro país, es el mismo que le niega a Nueva Zelandia la extradición de sus militares para ser juzgados por un hecho ocurrido en el país insular, aduciendo que eran militares que cumplían ordenes.

España, también ha evidenciado esta manifiesta parcialidad, reflejada en el caso del juez español Baltasar Garzón. El mismo se encuentra imputado, por disposición del Tribunal Supremo de España, por la comisión de los delitos de prevaricato y cohecho, y ha sido suspendido para ejercer su cargo por el Consejo General del Poder Judicial de esa nación. El cargo por prevaricato que soporta es por pretender investigar presuntos delitos de “Lesa Humanidad” relacionados con la Guerra Civil Española, expresamente incluidos en una ley de amnistía.

Por supuesto que la justicia española le permitió al referido juez perpetrar todas las ilegales actuaciones que obro sobre militares de nuestro país a causa de nuestra Guerra Contra el Terrorismo, incluyendo pedidos de extradición, pero cuando quiso hacer lo mismo con sus nacionales fue suspendido rápidamente.

Para no ser menos, Italia, que también, como las naciones mencionadas anteriormente, solicitó la extradición de militares argentinos por la mencionada “Justicia Universal”, se encontró con el caso del Teniente Coronel argentino Carlos Malatto. El mismo, encontrándose en ese país, recibió la noticia de que un juez federal de San Juan, Argentina, había pedido su captura nacional e internacional por delitos de “Lesa Humanidad” a causa de supuestos hechos cometidos en el año 1.976 en esa provincia. Ante ello, el citado oficial se presento ante los carabineros italianos, manifestando que se entero que solicitaban su captura internacional y que se presentaba a derecho en esa policía. Llevado ante un juez italiano, el militar argentino declaro durante una hora y media, finalizando ello el juez de inmediato lo dejo en libertad, pudiendo circular libremente por Italia y ordeno levantar el pedido internacional de captura.

Claro, el detalle que hizo que el Teniente Coronel Malatto recuperara su libertad fue que el mismo es ciudadano italiano, a diferencia del resto de los militares argentinos por los que el país península pidió su extradición por hechos manifiestamente similares.

Como hemos visto en todos los casos narrados, la “Justicia Universal se aplica únicamente sobre ciudadanos de “países inferiores”.

El ilegitimo querellante Yanzón, critico duramente la actuación del ejército francés y estadounidense en varias oportunidades. El mismo abogado afirmo que nuestras fuerzas armadas y de seguridad, en la Guerra contra el Terrorismo, aprendieron de esos ejércitos y usaron, según el, los mismos métodos nefastos usados por ellos en Argelia y Viet Nam.

Se debe dejar constancia, paradójicamente, que los cursos de aprendizaje nombrados, fueron hechos durante la presidencia constitucional del Doctor Arturo Illia, es decir durante un gobierno democrático.

Sin embargo, increíblemente, el mismo Yanzón, reivindico las persecuciones, disfrazadas de juicio que estamos sufriendo actualmente de esas naciones, que fueron denostadas por el anteriormente por sus conductas colonialistas.

Pero lo más asombroso y penoso de todo, es cuando asevero que estos falsos juicios son una deuda que nuestro país tenia con las citadas potencias colonialistas, autoras, como ya hemos relatado, de muchos hechos aberrantes a lo largo de sus historias.

También Yanzón llego a la soberbia de pretender representar el pensamiento de toda la humanidad al expresar que teníamos una deuda con la comunidad internacional, y que habíamos recibido una condena de ella.

De hecho, todo esto no debe sorprendernos, ya que la mayoría de los terroristas, al ser combatidos después de cometer sus tropelías, iban a buscar refugio a las potencias imperialistas a las que tanto criticaban, llegando increíblemente a ser auspiciados por la Asamblea Francesa, esa nación colonialista, tan denostada por la ilegítima querella, llegando a cobrar incluso, por sus declaraciones.

Por el contrario, la mayoría de los soldados, gendarmes, prefectos, policías, penitenciarios y civiles perseguidos políticamente se quedaron en el país.

Se podrá decir que no se refugiaron en el extranjero porque no se los iba a aceptar como a los terroristas, pero este argumento no hace mas que corroborar todo lo que estoy afirmando sobre los intereses comunes entre el terrorismo argentino, sus allegados y algunas potencias coloniales. Es mas, se puede aseverar que los grupos de persecución y venganza, o son ingenuos instrumentos útiles del colonialismo extranjero, o lo que es peor, son cómplices del mismo.

Como conclusión del Colonialismo Judicial, se puede afirmar que los países exitosos no tienen una posición, fundacional, infantil, voluntarista y subordinada a los intereses de otras potencias. Esos países superan los incidentes anteriores que han sufrido en su historia para buscar un futuro mejor, en busca del bien común.

FALSA LEGALIDAD DE LOS JUICIOS

Estos juicios son manifiestamente ilegales por varias causas, entre las que se cuentan las que explicaremos a continuación.

Justicia Militar

En una causa sobre temas médicos, no deja de nombrarse un medico como perito del tribunal. Igual criterio se mantiene en cualquier juicio que incluyan tema técnicos que sobrepasen los conocimientos del tribunal correspondiente.

En el caso particular de hechos militares, que están caracterizados por reglas particulares de conducta, disciplina, lealtad hacia el subalterno y posible riesgo de vida, esto se soluciona por medio de la justicia militar, que como ya he dicho anteriormente, es el organismo legitimo, capacitado y con experiencia para aplicar justicia en estos hechos.

Además, en este caso particular, también quedó en evidencia el desconocimiento de este tribunal especial sobre temas militares al tener la ilegitima querella que dar, una larga y frecuentemente equivocada exposición, sobre la organización administrativa y operativa de la Armada Argentina y sus cadenas de comando, elemento vital para entender los pretendidos hechos.

También hizo quedar en evidencia la necesidad de un Tribunal Militar, la interpretación errónea que tiene la ilegitima querella sobre cual era la motivación de un militar para cumplir ordenes, subordinándola a motivos interesados o perversos como la búsqueda de prestigio, el logro de un ascenso o el sadismo a pesar de que yo aclare expresamente en mi manifiesto inicial, cual era esa motivación.

Esto demuestra una vez mas, aparte de su animadversión por lo militar, la ignorancia casi oscurantista de la ilegitima querella sobre este tema.

En efecto, la ilegítima querella, para tratar la cuestión, se refiere a lo que ella define como “autores de escritorio”. Acerca de este ultimo termino coincido con el mismo. Los autores referidos por la nombrada ilegítima querella son “de escritorio”, no teniendo ellos la menor idea de lo que es, como y porque funciona en la vida real una institución militar. Quizás, esos indignos valores relatados por la ilegítima querella, se apliquen a las corporaciones a la que sirve la misma. Si la ilegítima querella desea saber realmente los valores que mueven a un militar a cumplir ordenes, la invito que lea mi manifiesto inicial donde el tema esta tratado adecuadamente.

Si tiene razón la ilegitima querellante Varsky cuando dijo que en situaciones de guerra la disciplina se profundiza. En ese acto la abogada reconoció que los hechos de los cuales se habla aquí fueron una guerra e igualmente reconoció la obediencia debida, sobre todo en las situaciones de guerra referidas por la nombrada Varsky.

Al respecto, el nuevo Código de Justicia Militar, muy aclamado por ciertos sectores, algunos de los cuales se autodenominan “ humanistas”, le traspasa al subordinado las responsabilidades por las consecuencias del cumplimiento de la orden. Esta responsabilidad, que antes descansaba únicamente en el superior, actualmente, violando el principio de jerarquía y configurando un precepto de características inmorales, descansa en el subalterno. Esto, en una situación de guerra es completamente utópico. El subordinado no tiene ni la capacidad, ni los medios, ni el tiempo, ni la tranquilidad necesaria, en esos momentos limites para el adecuado análisis de la orden, pudiendo ser además, una excusa para no cumplirla, dado el lógico temor que le impone la situación.

Es decir, no tiene nada de humanitario.

Si algún día, las Fuerzas Armadas Argentinas se encuentran en una situación bélica, este nuevo código será completamente ineficaz y perjudicial para la defensa de nuestra Nación.

Todo este desconocimiento técnico sobre la organización y el valor de las ordenes en un ámbito militar, expuestos por la ilegitima querella, son una evidencia mas, como ya he dicho anteriormente, de que tendríamos que ser juzgados por un tribunal militar por ser el único capacitado para estas situaciones de guerra.

Ahora bien, en el caso de este tribunal especial, ni siquiera tuvo el cuidado de nombrar a un perito militar del tribunal, para tratar de disimular su ilegitimidad e incapacidad.

Contradicciones y falsedades de las Ilegítimas Querellas

En sus alegatos así como en las replicas, las ilegítima querellas, se han preocupado mas por sostener, la legalidad de estos simulacros de juicio y la validez de los falsos testigos, disfrazados bajo el eufemismo de “testigos necesarios”, que en los hechos fácticos que pudieran existir.

Es mas, en el comienzo de su replica, Ubiña manifiesta que lo único que se debería estar discutiendo en ese acto son las pruebas y las responsabilidades, siendo el primero en no cumplirlo durante su exposición.

Esto se explica, al saber la ilegítima querella que la condena de los imputados en este falso juicio se encuentra escrita antes de empezar el mismo, pero igualmente conoce, la citada querella, que en el futuro, cuando vuelvan las instituciones republicanas les va a ser imposible sostener la legalidad de estas parodias.

También declaró Ubiña que el tratamiento de la defensa sobre la legalidad de estos juicios no tenia sentido porque ese tema ya había sido dilucidado por la Corte de Justicia. Lo que no puede ignorar el ilegitimo fiscal es que en su momento la Corte Suprema de Justicia ya había resuelto acerca da la constitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida Y Punto Final. Sin embargo, los grupos de persecución y venganza efectuaron permanentemente recursos ante la Corte, siempre con resultados negativos, hasta que las nuevas circunstancias políticas que padece nuestro país revirtieron esa sabia resolución de la antigua Corte.

En el futuro, cuando la justicia vuelva a nuestra Nación, algunas de estas, innecesarias presentaciones, según el ilegitimo fiscal, serán la base para declarar la ilegitimidad de todos estos falsos juicios.

Contradictoriamente, en otra parte de su alegato, la ilegítima querella reconoció abiertamente que las llamadas leyes de “Obediencia Debida y Punto Final” eran constitucionales, por lo cual no se entiende que hayan continuado promoviendo las acusaciones, cabiendo, inclusive una condena a los responsables.

En lo que se equivoca la ilegítima querella es cuando asevera, sabiendo que no es cierto, que estos juicios son penales, no políticos, y los jueces son los apropiados y se ajustan a derecho.

De hecho, la ilegítima querella, también reconoció que la legislación nunca se adaptó, en el momento de los supuestos hechos, al juzgamiento, según ella, de estos crímenes, con lo cual esta reconociendo la retroactividad de estos actos.

Realmente, estos son jueces especiales y aplican leyes retroactivas, como reconoció inadvertidamente la propia e ilegítima querella.

Reafirmando el párrafo anterior, la ilegítima querella ha dicho asimismo que no somos delincuentes comunes. Inadvertidamente ha reconocido que no somos delincuentes, porque según nuestra Constitución no hay otra clase de delincuentes que los comunes.

La ilegítima querella hace referencia permanente a las supuestas investigaciones de Uki Goñi, como si fuera una opinión seria e indiscutible. Sin embargo, en un libro escrito por el mismo sobre mi persona, adolece de una multitud de datos incorrectos, hasta en referencias tan fáciles de averiguar como mi lugar y fecha de nacimiento. Es ridículo y malicioso otorgarle la calidad de experto a Uki Goñi. Sencillamente sus escritos no son creíbles y son tendenciosos.

Una de las dudas que me surgen es con respeto a los cadáveres encontrados en el cementerio de General Lavalle. Los terroristas y sus cómplices hablan permanentemente de los miles de desaparecidos. Sin embargo, encontraron “por casualidad”, en el citado cementerio, justamente los cuerpos que necesitaban para esta parodia de juicio.

Con respecto a los ya nombrados cuerpos encontrados me surge otra inquietud ¿ Cual es el motivo del misterio que rodeo a los exámenes de los cadáveres encontrados en el nombrado cementerio? Si están tan seguros de que el irregular examen de ADN que se hizo y que no cumplió las formalidades legales, es técnicamente correcto, como lo han afirmado hasta el cansancio, en repetidas oportunidades las ilegítimas querellas, porque no se efectúa de nuevo, con todas las formalidades que prevé la ley, entre ellas la de los peritos de parte, con lo que se despejaría cualquiera de las logicas dudas que actualmente existen sobre los nombrados exámenes.

A todo lo anterior se suma que el organismo técnico que hizo el examen, el Banco Nacional de Datos Genéticos, no es un organismo imparcial que dependa de la Corte, sino del Poder Ejecutivo. Este es el mismo poder que actúa como parte, a través de la Secretaria de Derechos Humanos, y que su titular, la presidente Kirchner, ha manifestado públicamente, y en reiteradas oportunidades, su animosidad hacia nosotros, así como sus intenciones de que continuemos privados ilegítimamente de nuestra libertad por tiempo indeterminado.

Me gustaría saber, si en el conocido “Caso Noble Herrera”, de haberse hecho las pericias sin peritos de parte, las mismas hubieran dado negativo.

Con respecto al genocidio, son increíbles las disquisiciones, por lo rebuscadas, de los argumentos presentados por un abogado de la ilegítima querella. El mismo dice que si no se aceptan sus preceptos al respecto, tampoco tendríamos que estar sentados acá por los otros delitos de los que falsamente nos acusan. En esto tiene razón el abogado, no tendríamos que estar sentados acá. Tendríamos que estar en libertad.

La ilegítima querella expuso el respeto que debe tener el Poder Judicial por la división de poderes, pero por el contrario, no demandó la necesaria separación de poderes en la indisimulable y grosera intromisión del Poder Ejecutivo sobre la justicia, en especial sobre sus propias causas de corrupción así como en las causas surgidas a consecuencia de la Guerra Contra el Terrorismo.

Como ya lo hemos manifestado anteriormente, la propia presidente ha hecho, en forma abierta y amenazante, declaraciones sobre la “justicia” que debíamos recibir, las excarcelaciones que no debíamos tener y las penas que se nos debían aplicar, violando claramente el Art. 109 de la Constitución Nacional que dice: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

“Testigos Necesarios” o Falsos Testigos

He escuchado atónito en esta sala que ser “testigo necesario” es un privilegio. El ser “testigo necesario” no es un privilegio, es simplemente el eufemismo utilizado para tratar de encubrir a un falso testigo. Por ese motivo es que a la ilegítima querella le molesta el ataque sobre los mismos dada la hipocresía y debilidad de sus testimonios.

Este mecanismo del “testigo necesario” fue inventado por la Cámara Federal de Buenos Aires, convertida de hecho en un “tribunal especial”, en el ilegal juicio a los comandantes hecho durantes los años 1.984 y 1.985.

El engendro de los “testigos necesario” ha generado un inmenso plan sistemático de falsas declaraciones. Estas declaraciones hacían referencia a hechos que no padecieron los citados testigos a fin de obtener prestigio personal, relatando una resistencia heroica que nunca existió, obteniendo inclusive reparaciones económicas que no le correspondían. Todo esto fue realizado a través de una complicada coordinación y en un perverso contubernio entre, los falsos testigos, la ilegitima querella y algunos órganos del Poder Ejecutivo abocados a la persecución de las personas que combatieron al terrorismo. Esa es la única explicación de la uniformidad para declarar y de la memoria de los falsos testigos, que sorprendentemente mejora con el paso del tiempo.

Es sabido, que los “testigos necesarios” reciben emolumentos y van a “clase” para aprender y coordinar sus falsas declaraciones, siendo por lo tanto mas apropiado llamarlas “actuaciones”, apañadas por la impunidad de que gozan actualmente y configurándose de hecho en un increíble y repulsivo “derecho a la mentira” que los mismos poseen. Tanto es así que, frecuentemente, la ilegítima fiscalía llamo a los falsos testigos por su nombre propio, demostrando así el contubernio ya relatado.

De hecho, se han registrado casos de “testigos necesarios” en Mar del Plata, Necochea y Chaco, que se desdijeron y declararon que funcionarios gubernamentales les habían ofrecido dinero para declarar y les prometieron futuras indemnizaciones. Obviamente los tribunales especiales involucrados no tomaron ninguna medida ante estas gravísimas denuncias.

El objetivo del citado mecanismo fue asegurar una condena a los militares involucrados, o para expresarlo mejor, un “derecho a la condena”, que esta expresamente rechazado en la filosofía del derecho y que entra dentro del “Terrorismo Judicial’, que explicare posteriormente.

Esto se ve refrendado por las declaraciones de la ilegítima querella, cuando menciona que la principal fuente de conocimientos son los testigos, afirmando inclusive que debido, según ella, al método de eliminar pruebas, estas no existen

Como se dice frecuentemente en el ámbito judicial “a confesión de parte relevo de prueba”. No existen pruebas para sostener este ilegítimo juicio.

Es mas, los “testigos necesarios” poseían, de acuerdo con sus declaraciones, un detallado y conocimiento de las actividades secretas que se desarrollaban en los supuestos centros de detención, a pesar del rigor de sus detenciones y la incomunicación entre ellos, según lo expresado por los mismos testigos y la ilegítima querella. Todo esto me lleva a la conclusión de que ellos inventaron todo para vengarse de los integrantes de las F.F.A.A. y de S.S. que los combatieron por quebrantar la ley.

También le he escuchado decir, al ilegitimo querellante Méndez Carreras, que el tema de las supuestas religiosas de origen francés era uno de los secretos mejor guardado de la Armada. Sin embargo, en las declaraciones de los testigos necesarios, parecería que se los hubiera llevado a todos ante las mismas para que nadie dejara de tener la oportunidad de ver y hablar con ellas en el baño, lugar que parece que era en el que las supuestas religiosas se encontraban permanentemente. Esto es a pesar de que, en otras declaraciones, como ya hemos relatado en el párrafo anterior, los mismos falsos testigos dijeron que tenían prohibido tener contacto entre ellos. Es mas, uno de los falsos testigos manifiesto que la Armada le negó la información de esos supuestos hechos al Ejercito. En primer lugar no explica esta persona, como, según ella, estando detenida en condiciones inhumanas, logra obtener esa información. También esta diciendo que nos encargamos de divulgar la información a todos los terroristas detenidos pero no al Ejercito, lo que es muy poco creíble.

Para finalizar acerca de la ya manoseada figura del “testigo necesario”, el perverso sistema, creado, como fue expresado anteriormente, en el juicio ilegal perpetrado a los Comandantes, se ha seguido exagerando y degenerando cada vez mas, gracias a que, por la impunidad que los falsos testigos poseen, resulta imposible, actualmente, que se los procese por “falso testimonio”.

Actualmente esta impunidad ha dado a lugar, a que sigan apareciendo, interminablemente, a mas de treinta años de los supuestos hechos, nuevos recuerdos traumáticos de los falsos testigos, generando, por supuesto, nuevos hechos delictivos, en un curioso e irreal funcionamiento de la memoria. Muchos de estos falsos testigos, tienen además, como ya se ha dicho, la motivación de cobrar importantes sumas de dinero por sus actuaciones, disfrazadas bajo el nombre de “Indemnizaciones”.

Por supuesto estos supuestos nuevos hechos se agregan a las ilegitimas causas, creando esta perversa herramienta, nuevas figuras jurídicas, en forma extemporánea, de acuerdo a las necesidades del momento de los mandantes, para continuar con la persecución política.

Este perverso mecanismo ha causado que la ilegitima querella no quiere que los falsos testigos vuelvan a declarar, aduciendo falazmente el “trauma que pueden sufrir”. El verdadero motivo de la ilegitima querella es más simple. Saben que los falsos testigos se van a contradecir, demostrándose en consecuencia el falso testimonio y pudiendo sufrir en el futuro ellos las consecuencias de sus actos.

No se debe pasar por alto, además, que en algunas oportunidades, ciertos militares, aduciendo “problemas de conciencia” y de su “rectitud de proceder” hicieron denuncias escandalosas y en casi todos los casos inverosímiles sobre los pretendidos hechos ocurridos en los 70.

Casualmente, o no tanto, esos mismos militares, casi sin excepción, eran los que, ya antes de sus denuncias, estaban considerados por la mayoría de sus camaradas, como personajes corruptos en causas de delitos comunes, y carentes del más mínimo sentido ético.

Es decir, inventaron esas falsas denuncias, sin ninguna moral, de acuerdo a sus corruptas personalidades, para tratar de disimular sus deshonestas conductas.

Por todo lo expuesto anteriormente, las numerosas manifestaciones mencionadas por los falsos testigos son contradictorias y no creíbles.

Obviamente, como es evidente y era previsible, los testigos necesarios han cometido falso testimonio, requisito imprescindible para lograr las falsas condenas de las que hablare posteriormente.

Todo lo anterior va a ayudar en el futuro para demostrar la ilegalidad que todas estas persecuciones políticas tienen desde el punto de vista del derecho.

Presión sobre el Consejo de la Magistratura

La efectiva presión sobre la justicia, ejercida por el Poder Ejecutivo, se ha visto facilitada mediante la modificación del Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Ley 26.080, convirtiendo al organismo en una lamentable mascarada. Así, el Consejo se convierte en un apéndice del Gobierno, determinante para su dominio sobre el Poder Judicial, y trae como consecuencia la desaparición de toda noción de independencia y de separación republicana de poderes.

La noción de “mal desempeño”, previsto en la Constitución Nacional como causa de remoción de los jueces, se convirtió en un instrumento de coacción y persecución para los magistrados independientes, o bien en un instrumento de protección para los jueces obedientes. Este método va a proseguir mientras la Ley 26.080 no sea derogada.

Imprescriptibilidad

Estamos siendo irregularmente juzgado por hechos ocurridos hace mas de treinta años a cusa de la imprescriptibilidad que según algunos juristas tienen estas causas.

Sin embargo, aun algunos de los integrantes de la Cámara Federal de Buenos Aires, participantes del ilegal Juicio a los Comandantes, expresaron sus opiniones opuestas a la imprescriptibilidad en estas causas.

La imprescriptibilidad es un mecanismo ideado para poder juzgar a personas por delitos a los que era imposible denunciar oportunamente o por encontrarse los acusados prófugos, es decir “no a derecho”.

En mi caso particular, así como en el de la mayoría de mis camaradas, siempre estuve “a derecho”, en particular desde la asunción del gobierno democrático, habiendo sido los supuestos delitos ya denunciados en esa época. Tal es así, que llegue a ser juzgado en los años 1984 y 1985 en una causa motivada por la Guerra Contra el Terrorismo, por la Cámara Federal de Buenos Aires, la que dictamino mi sobreseimiento por “Prescripción”, fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, actualmente se me pretende juzgarme nuevamente, aduciendo la imprescriptibilidad de estas causas, no mencionada nunca por ningún estrado judicial en los años 80, con el agravante de que muchos de mis jefes, que eran mis responsables y hoy serian además testigos irremplazables de mi defensa, al presente se encuentran fallecidos.

No he tenido conocimiento, hasta el momento, en caso de que la tan repetida imprescriptibilidad fuera valida, que se hayan entonces iniciado actuaciones a los responsables, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, por la inacción que existió hasta el año 2003 en estas causas, que ha imposibilitado la resolución legal en tiempo de las mismas, ha impedido la posibilidad de llegar a la verdad, y ha limitado asimismo mis capacidades de defenderme.

Volviendo a la tan manoseada “Imprescriptibilidad”, en el ya mencionado anteriormente caso “Noble Herrera”, al no dar positivas las muestras de ADN, el jefe de Gabinete dijo, violando abiertamente la separación de poderes al darle ordenes a la jueza, que la causa no se cerraría hasta que no se comprobara la verdadera identidad de los hermanos.

Esto significa que si no se encuentran en el futuro los padres biológicos de los hermanos, gracias a la imprescriptibilidad, la causa va a quedar abierta durante toda la vida de ellos, y en consecuencia estarán sujetos a cualquier persecución judicial que cualquier gobierno, enemistado con la empresa periodística, decida hacer en cualquier circunstancia.

Por supuesto que en el citado caso “Noble Herrera”, hay intereses contrapuestos muy poderosos que pueden llegar a equilibrarse, pero hay otros hechos en los cuales las victimas no tienen el poder para oponerse a un estado autoritario.

Esta hipótesis demuestra claramente que la imprescriptibilidad es un arma que puede ser usada por un gobierno, de acuerdo a sus necesidades políticas, para violar los Derechos Humanos de los que considere sus enemigos.

Todo lo anterior me lleva a pensar, que la figura de la Imprescriptibilidad debería ser declarada inconstitucional, por ser potencialmente un arma jurídica que permite a cualquier Gobierno, en cualquier circunstancia, la persecución ilícita y la encarcelación de las personas, de acuerdo, como ya dije, con sus necesidades políticas.

Prevaricato de la Corte de Justicia

Antes que nada, quiero aclarar que la denominación “Corte de Justicia” se debe a que esta ha perdido el termino “Suprema”, por su subordinación al Ejecutivo, tal como lo explicare seguidamente.

He escuchado decir hasta el cansancio que, con respecto a la guerra contra el terrorismo, “el fin no justifica los medios”.

Sin embargo, para que el Estado pudiera lograr, entre otras cosas, una condena sobre los combatientes de antaño, removió a una gran parte de la antigua Corte Suprema de Justicia, haciendo que renuncien a través de una presión ilegal y publicitada por el propio Poder Ejecutivo, que inclusive se vanaglorio de la maniobra.

Este hecho, fue un verdadero “Golpe de Estado” contra la Corte Suprema, tal como lo califico el conocido jurista Marcelo Sancinetti, critico antes de su sanción de las leyes denominadas como de “Obediencia Debida” y de “Punto Final” y que fue citado inclusive, por la ilegitima querella que representa al terrorista Walsh, por lo que no se lo puede calificar ideológicamente como afín a nuestros pensamientos.

Por supuesto que muchos políticos y legistas que se “rasgaron las vestiduras” por los supuestos métodos de la Guerra Contra el Terrorismo, se mantuvieron callados ante esta ilegal remoción, que ha generado una verdadera “Corte de Facto”.

Obviamente, esta sustitución irregular de los antiguos y legítimos miembros de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo por nuevos abogados nombrados por el actual Poder Ejecutivo ha causado que este poder ignore las sentencias que no le convienen.

Tan es así, que a consecuencias de lo anterior, durante el transcurso de este año, la ministra de la Corte, Carla Argibay, expreso que, si queremos ser país democrático y republicano, las sentencias judiciales están para ser cumplidas. Son numerosos los desacatos efectuados hasta el momento por el Gobierno, siendo quizás uno de los mas resonantes, aunque no el único, el del fiscal general de la Provincia de Santa Cruz, donde la Corte exigió en siete oportunidades la reposición del mismo ante la abierta desobediencia, tanto del gobierno provincial como del nacional.

Otro de los casos escandalosos es la estafa que esta cometiendo la ANSES con los jubilados, donde la Corte aceptó que se forme una comisión para explicar lo inexplicable, es decir: ¿Por que el Gobierno no cumple las sentencias del máximo tribunal de justicia de la Nación? O asimismo, ¿Si en el futuro, un delincuente prófugo decide no cumplir con su sentencia, también la Corte va a conformar una comisión para estudiar el caso?

No sorprendentemente, la “Nueva Corte” también es subordinada a las instrucciones del Poder Ejecutivo en los temas de la Guerra Contra el Terrorismo, llegando al extremo absurdo de declarar “Inconstitucional“ leyes votadas al respecto por el Congreso Nacional, que la propia Corte había declarado “constitucionales” anteriormente al menos en cinco oportunidades y por lo tanto poseían efectos irrevocables.

Las que se declararon inconstitucionales fueron, en rigor, verdaderas leyes de amnistía, aunque no se les haya dado ese nombre. Las leyes se definen por su contenido y no por la denominación ocasional que se les otorgue. Y las leyes de amnistía, como lo ha reconocido siempre la doctrina, son actos políticos dictados por el Poder Legislativo por razones de interés nacional, de lo cual se deduce que no son susceptibles de revisión judicial.

Además, la Corte ignoró al legislador, convirtiéndose ella misma en legisladora al violar el Art. 75 de la Constitución Nacional, usando un supuesto derecho consuetudinario para instituir el llamado delito de “Lesa Humanidad”, no legitimado por ninguna ley en el momento de los supuestos hechos, ignorando el derecho positivo para los casos penales, y estableciéndolo con el único fin de poder condenarnos.

La Corte no puede legislar, de acuerdo con lo manifestado por la ilegítima querella sin embargo, no dudo en hacerlo, de acuerdo con las ordenes recibidas del Poder Ejecutivo.

A causa de todo lo anterior, nos encontramos acá sentados, con el pretexto de ser juzgados, un grupo de militares y policías a causa del absurdo fallo “Arancibia Clavel” de la Corte de Justicia, que fue descalificado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales mediante un categórico dictamen con fecha 7 de diciembre de 2.004.

Otra muestra de la subordinación del organismo judicial al Ejecutivo, es el “congelamiento” de mi excarcelación y la de varios de mis camaradas, que “duerme” hace casi tres años, en los cajones de la Corte, violando el Art.332 del Código Procesal Penal. Este caso es una evidencia de que algunos miembros de la Corte son participes necesarios de la privación ilegitima de la libertad de los militares, policías y civiles involucrados en la Guerra Contra el Terrorismo.

Una situación absurda es que, los aquí falsamente imputados, que no juramos por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, nos encontramos acá sentados por haber reconocido las ordenes impartidas por el susodicho Proceso. Sin embargo, la abogada Elena Highton de Nolasco, actual miembro de la Corte de Justicia, fue funcionaria y posteriormente juez durante el citado Proceso. En el colmo de la incoherencia y la hipocresía, el principal ideólogo de la Corte, que promovió esta aberración jurídica invocando la ilegalidad de lo actuado por el Proceso, el actual juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, también fue juez durante el mencionado Proceso, siendo incluso acusado de no haber resuelto algunos “Habeas Corpus” durante el cumplimiento de sus funciones, justificando su inacción en uno de ellos al manifestar que: “...el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es victima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad que son el principal blanco de esta agresión”.

Debe señalarse que ambos funcionarios, a diferencia de los aquí acusados ilegalmente, SI juraron por el Proceso.

No debe dejarse asimismo de pasar por alto, que el mencionado Juez Zaffaroni ha reconocido abiertamente ser amigo del ministro de economía Amado Boudou, y que ha mantenido con el conversaciones políticas en sus domicilios privados. Creo que es innecesario mencionar que el ministro antes nombrado forma parte del Poder Ejecutivo, que es parte querellante e interesada políticamente, en estas ilegitima causas de la Guerra Contra el Terrorismo que fueron reabiertas, como ya se ha dicho antes, gracias al voto del juez Zaffaroni.

Por supuesto que al citado juez se le permiten licencias y privilegios que no se les dan a personas con grados de responsabilidad mucho menores. Me estoy refiriendo a, cuando en estas causas, la ilegitima querella, refiriéndose al personal militar y policial subalterno, expuso que: “... no podían no saber”. Sin embargo, parece que un juez de la Corte de Justicia, con las altísimas responsabilidades jurídicas y morales que ello implica, “... tenia derecho a no saber”, según sus palabras, cuando se lo acuso, en diversos medios de prensa, de regentear prostíbulos en departamentos de su propiedad.

Parecería que para la justicia Argentina, ese viejo principio que dice “A mayor jerarquía mayor responsabilidad” no tiene validez. Es mas, ni siquiera rige el mas importante principio de que “todos somos iguales ante la ley”.

Con respecto al presidente de la Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el mismo afirmo que, el país posee una política de estado en materia de Derechos Humanos, donde, según sus propias palabras “... los tres poderes y los partidos políticos llegaron a una coincidencia básica”. O sea, que el presidente de la Corte reconoció que va a aplicar los mismos criterios y políticas que el Gobierno, que además es ilegitimo querellante, en los llamados juicios de “Lesa humanidad”. Cualquier principio fundamental de la republica, como el de la división de poderes, o el de que la justicia es la ultima defensa de cualquier individuo contra el avasallamiento del Ejecutivo, ciertamente no son tenidos en cuenta por el abogado Lorenzetti. Para ratificar lo ya expresado, el citado abogado también afirmo que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos, conllevando sus declaraciones un grosero prejuzgamiento.

Recientemente, el abogado Lorenzetti ha escrito un libro, prologado por el abogado español Garzón, típico representante del colonialismo judicial que pretenden imponer sobre nuestro país y que ya fue explicado en otra parte de este trabajo. No se puede dejar de mencionar que actualmente en este libro, el autor ha plasmado sus pensamientos ajenos al ideario de nuestra Constitución.

De esto surge la pregunta: ¿para que se efectúan estos largos y costosos simulacros de juicio, si ya el presidente de la Corte ha expresado cual va a ser el resultado del mismo en un claro prejuzgamiento?.

Lo anterior me lleva a pensar que el abogado Lorenzetti no solo cumple las ordenes del Poder Ejecutivo, sino también los del colonialismo judicial que imponen potencias extranjeras.

Otro caso vergonzoso para el dudoso prestigio de esta “Nueva Corte de Facto” es el de un integrante de la misma, el abogado Enrique Santiago Petracchi, que voto consecutivamente, primero por la constitucionalidad y luego por la inconstitucionalidad de las llamadas Leyes de Obediencia debida y Punto Final, configurando, creo yo, un precedente inédito en los anales de la Justicia Argentina.

Como consecuencia de la actuación de la Corte y algunos de sus miembros, se ha instalado en nuestra patria, dos tipos de derecho, en el que las garantías constitucionales rigen para unos, pero son letra muerta para otros, entre otros los aquí ilegalmente imputados.

Entre los principios básicos violados se encuentran los de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos, que no solo están en texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, mas aun, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que tienen varios siglos de vigencia y que nunca fueron cuestionados.

Todos estos procesos y conductas de la “Nueva Corte” y sus miembros han generando un retroceso en el camino de superar los daños que el terrorismo causo a nuestra Patria así como en el camino de lograr la concordia anhelada por la mayoría del pueblo argentino. Va a ser funesto que los fallos judiciales reabran antiguas heridas y se reinstale una atmósfera de tensiones y odios en el seno de la sociedad.

Para finalizar con el tema, el principal prevaricato cometido por la Corte en estos juicios ilegales, es haber consentido que “El fin justifica los medios”.

A la Constitucional Nacional se la respeta y se la cumple o se la ignora y se hace lo que resulta “políticamente correcto”, como es en este caso. Esto implicara a futuro la desaparición de la Ley Fundamental de la Republica.

TERRORISMO JUDICIAL

La activa participación en estos falsos juicios, a más de los ilegítimos querellantes, de la Secretaria de Derechos Humanos como litigante, reviste gravedad institucional. Por una parte porque su titular, Eduardo Luis Duhalde, fue un notorio apologista de las organizaciones terroristas de los años 70 como director de la revista ¨Militancia¨, con un interés particular en tergiversar los hechos. Por otra parte porque actúa por expresas ordenes de Poder Ejecutivo, como ha quedado demostrado en numerosas oportunidades.

Entre las irregularidades cometidas por la nombrada Secretaria se cuentan las denuncias por falsificación de documento publico para perjudicar a los ilegítimamente imputados en estos hechos. También se debe mencionar las invitaciones para viajar al extranjero, financiadas por la misma secretaria, a muchos de los jueces federales involucrados en estas causas, los que no tuvieron ningún reparo en aceptarlas. Obviamente, esos jueces no tuvieron el decoro de excusarse de intervenir posteriormente, en causas donde la secretaria de Duhalde oficiaba de ilegitimo querellante.

También son funcionales al “Terrorismo Judicial” las ya descriptas políticas aplicadas por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, de subordinación de la misma al Gobierno, disimuladas bajo una hipotética “Política de Estado”. La misma fue elaborada y establecida por el Poder Ejecutivo, pero fue presentada por el abogado Lorenzetti como si fuera su creación.

En consecuencia, a las acciones del Gobierno, a través de diferentes actores, usando la justicia como un arma, mediante el hostigamiento, la persecución, la privación ilegitima de la libertad y las falsas condenas, contra los que el citado Gobierno considera sus enemigos, lo he denominado “Terrorismo Judicial”.

Parafraseando a Clausewitz, se puede afirmar que “Terrorismo Judicial es la guerra terrorista librada por otros medios”.

A continuación se darán ejemplos de hostigamiento, persecución, privación ilegitima de la libertad y falsas condenas que muestran la aplicación del “Terrorismo Judicial” sobre los aquí falsamente imputados.

Hostigamiento

Como parte de las maniobras de hostigamiento enunciadas arriba, la ilegitima querella menciona permanentemente la palabra “represores” en termino peyorativo. Mas allá de que tal palabra en si misma no es peyorativa, es incorrecta. Los militares, y las fuerzas de seguridad mientras se encuentran a sus ordenes, no reprimen, sino combaten. Esta inexactitud es una demostración mas de que deberíamos ser juzgados por un tribunal militar y no por uno especial como es el caso actualmente.

Dentro del plan de hostigamiento del terrorismo judicial, figura la difamación de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Actualmente la misma se encuentra usurpada por los grupos de persecución y venganza, en connivencia con el gobierno, usándose el lugar para una exhibición perversa y falsa.

Lo que fue hasta su usurpación, un instituto de excelencia para la formación de los suboficiales de la Armada, deberá volver en el futuro, a cumplir esa tarea.

Se debe mencionar, además, que durante la mayor parte de este supuesto juicio, algunos integrantes de los grupos de persecución y venganza, usaban con ostentación símbolos claramente visibles que los identificaban manifiestamente como integrantes de esos grupos. Su objetivo era ejercer presión sobre el Tribunal Especial. Por supuesto que ninguna integrante del citado tribunal tomó ninguna medida ni hizo alguna observación al respecto. Supongo que la presion hizo efecto.

No debe pasarse por alto el ilimitado y extemporáneo ingreso de fotógrafos al recinto, cuya intención, al sacarnos fotos de manera repetida e innecesaria, era evidentemente incomodarnos y violentarnos a los falsamente imputados.

De la misma manera se califica a la entrada esposado a esta sala, ya que de habernos sacado las esposas en el pasadizo subterráneo, antes de ingresar, no se hubieran perjudicado en nada las innecesarias condiciones de seguridad. Se nos hacia ingresar así al solo propósito de buscar nuestra humillación tal como lo reclamaron, airadamente, los grupos de persecución y venganza que se encontraban presentes.

Persecución

La ilegitima querella cuestiono las condiciones de los enfrentamientos, pretendiendo demostrar que los terroristas no representaban peligro alguno, al tratar de exhibirlos como inocentes e inofensivos políticos. Eso no es verdad, el enemigo terrorista se encontraba habitualmente armado con armas de puño y/o granadas, estas últimas generalmente producidas por ellos mismos en sus propias fábricas de armamento. En algunos casos los terroristas emplearon armas largas, explosivos y hasta lanzagranadas con capacidad antitanque.

Se debe agregar que para quedar “encuadrado” en la organización terrorista, los nuevos postulantes debían realizar la ejecución, a sangre fría, de un policía desprevenido en alguna esquina, o la voladura, con explosivos, de algún objetivo policial o militar.

El ilegitimo querellante Zamora, en un momento expresó “que busca la verdad”. Es muy sencillo, que me juzgue un tribunal militar y va a aparecer la verdad. En el fondo, nadie de la ilegitima querella esta interesado en la verdad y la justicia, a pesar de sus reiteradas afirmaciones. Lo que les interesa, como lo he manifestado en numerosas oportunidades es el escarnio y la venganza.

Por supuesto que en sus panfletos políticos y declaraciones, los ilegitimos querellantes Rico y Yanzon, no se privaron de dar ordenes sobre las condenas a imponer, así como las consecuencias que los abogados que integran el Tribunal Especial Oral Federal Numero 5 sufrirían, de no cumplir con las instrucciones de su mandante, es decir, del Poder Ejecutivo.

En sus declaraciones, el abogado Rico, trasmisor de las ordenes del Poder Ejecutivo, manifestó que estos actos no eran una persecución y venganza contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus integrantes. Sin embargo, en otro momento de la exposición, otro integrante de la ilegitima querella, reconoció que este acto pretende ser un juicio a las Fuerzas Armadas, confirmando lo que todos sabemos: Que esto no es un juicio, sino un simulacro del mismo para tratar de desmoralizar y destruir las Fuerzas Armadas y de Seguridad así como para tratar de justificar las privaciones ilegitimas de la libertad, ordenadas por el Estado, que estamos sufriendo algunos de los militares, policías y civiles que combatimos contra el terrorismo.

Obviamente, no debe sorprenderse la sociedad por el escandaloso grado de inseguridad existente, que supera, en la cantidad de muertos por año en hechos violentos, al conflicto del Atlántico Sur. Mientras se mantenga esta política de persecución sobre las fuerzas encargadas de cuidar el orden, que se articula no en una política de derechos humanos, sino en una deformación tendenciosa de la misma, la grave inseguridad que soporta y sufre el pueblo argentino va a seguir vigente.

Tan fiscalizado esta este acto por la política, sobre todo por las necesidades electorales del Ejecutivo, que la lectura de la condena esta prevista, casi deshonrosamente, para antes de las elecciones buscando una repercusión en el sufragio.

No se puede dejar de pasarse por alto, que para poder llegar a esta fecha, en momentos pareció que se “corría un maratón judicial”. No importo por lo tanto que los aquí falsamente imputados tuviéramos que dormir cuatro horas por día hasta por tres días seguidos, alimentarnos impropiamente, soportar el frío y la humedad del calabozo por varias horas al día y ser trasladados en celulares inadecuados, dada la edad promedio de los acá presentes. Como era previsible, estos hechos trajeron consecuencias médicas, algunas de ellas de importancia.

Por supuesto, por todo lo relatado, era una imposibilidad física que los acá citados prestaran atención a lo que se decía en el ilegal acto, como contradictoriamente lo pedía el Tribunal Especial.

Todo se supeditaba para llegar a la fecha ordenada por el mandante.

Los ilegítimos querellantes se remiten frecuentemente, para acusarnos, a lo dictaminado por el Tribunal Militar de Nuremberg, a pesar de haber sido el mismo un tribunal militar. Contradictoriamente, ellos mismos no aceptan que seamos juzgados por un tribunal de ese tipo, que es el que nos corresponde, por la situación de guerra en que se desarrollaban los supuestos hechos.

Por otra parte, además debe ser dicho, que la Republica Argentina no era parte ni reconoció nunca al citado tribunal.

Si hablamos de Nuremberg, también debemos recordar que la función de ese tribunal, para la Unión Soviética era simplemente “determinar la medida de la responsabilidad de cada persona en particular y establecer el castigo necesario”. Afirmaba la justicia soviética, que todos los que resultaran convocados a comparecer ante el tribunal para ser juzgados eran inexorablemente criminales.

Esta prejuzgamiento, de naturaleza profundamente totalitaria, supone que la justicia es apenas la ejecutora de la voluntad del poder político, al que debe estarle subordinado de manera sumisa, de acuerdo a lo que sucede todavía en Cuba y en otros países con características similares.

La concepción soviética apuntada posee un llamativo parecido con la opinión de los grupos de persecución y venganza existentes en nuestro país, que manifiestan permanentemente la exigencia de que exista “juicio y castigo”. Como si la mera iniciación de un proceso debiera necesariamente finalizar en la condena de los injustamente acusados, sin que exista en su favor la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Nacional. Como si la ilegitima querella fuera, simultáneamente, juez.

Sus presentaciones rememoraran a los juicios revolucionarios llevados a cabo por la dictadura cubana, en el que no existía el derecho a la defensa.

En definitiva, la ilegitima querella, va creando y manipulando la acusación para tratar de acomodarla a la “sentencia”, ya ordenada desde el Poder Ejecutivo. No hay lugar para pensar ni en el error ni en la buena fe. Los mismos estrados judiciales, al aceptar asustadizamente entrar en este juego, no reaccionan como deberían, enérgicamente, ante la evidente temeridad y malicia con que proceden los falsos acusadores y por lo cual deberían ser sancionados.

Ha quedado así en evidencia, un conjunto perverso de manipulaciones que demuestra que el Gobierno no vacila en violar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho con tal de continuar con una persecución cuyo objetivo es vengarse de las personas que combatimos al terrorismo e intimidar a los posibles opositores. Es otra forma de terrorismo.

Tan convencida esta la ilegitima querella de la falsedad de este juicio, que para tratar de disimularlo, citaban frecuentemente los aparentes derechos constitucionales que tenemos. Eso sí, lo hacían como si fuera una graciosa concesión que ellos, y no la Constitución, nos otorgaban.

Al principio pensé que este festival de prisiones y reclusiones perpetuas solicitadas por los abogados de los terroristas eran una ridiculez. Seguidamente me di cuenta que cada uno de esos pedidos de perpetua eran verdaderamente medallas, que como soldado atesoro en mi corazón.

Privación Ilegitima de la Libertad

Los mas de ocho años que llevo privado ilegítimamente de mi libertad, en un vulgar secuestro ordenado por el Estado, sin ninguna condena, han vulnerado las leyes así como todos los acuerdos internacionales afines al tema firmados por nuestro país, con los que la ilegitima querella se “llena la boca”, y por supuesto, los interpreta arteramente, de acuerdo con sus perversas necesidades políticas

Al respecto, el arbitrario e ilegal alargamiento de las llamada “prisiones preventivas”, violando la Ley 24.390, es una excusa usada para disimular una privación ilegitima de la libertad, lo que demuestra cabalmente que no se busca la justicia.

Queda entonces claro que uno de los objetivos de estas parodias es la persecución y el encarcelamiento ilegal de los ilegítimamente perseguidos, cualquiera sea el costo para la justicia y el derecho que estas medidas causen.

Asimismo, según la Constitución Nacional, las cárceles son “para seguridad y no para castigo de los presos”. En teoría se nos encarcela no para sancionarnos, como se cree habitualmente, sino para “resocializarnos”, lo que no deja de ser una inmensa hipocresía y, además, innecesaria. Esto es así porque desde que tengo uso de razón siempre fui una persona adaptada a la convivencia en sociedad, tal como lo pueden atestiguar las numerosas personas que he tratado, tanto en los ámbitos civil como militar.

Por supuesto que hay un grupo de personajes que nos van a difamar, pero ellos son los terroristas que aun hoy siguen aprobando la violencia y la crispación como métodos políticos, así como sus cómplices, muchos de ellos parte de los grupos de persecución y venganza presentes en esta sala, siendo todos ellos algunos de los promotores de este terrorismo judicial.

Por lo tanto, la imprescriptibilidad, que se pretende aplicar absurdamente, a un grupo de militares, policías y civiles, que no han delinquido por mas de treinta años, desde la fecha de los falsos delitos que se nos imputan, es a los evidentes fines de lograr un tormento y no una resocializacion.

Todo este castigo se agrava al ver, como ya dije en otra oportunidad, en la prisión donde estoy detenido, muchos septuagenarios y aun octogenarios cruelmente encarcelados, violando las leyes escritas al respecto, en un lugar inadecuado para ellos, que lo que se busca no es la justicia sino la venganza a través del martirio y en algunos casos la muerte de los mismos.

También creo que el Prefecto Febres fue una mas de las victimas de este plan. ¿Porque es tan misteriosa la autopsia sobre su muerte a causa de un aparente suicidio o asesinato, como se pretende hacernos creer?¿Cuál es la causa que se encarcelo a los miembros de la familia como si fueran los autores? ¿Alguien puede creer seriamente que la familia lo asesino? ¿No se estará intimidando a la familia para que no investigue los motivos reales de la muerte del oficial?¿Cuál es el estado actual de la causa?

La persecución, martirio y en algunos casos, como ya dije, la muerte sobre este grupo social; esta vulnerando sus derechos humanos, y es, en consecuencia, un “delito de lesa humanidad”.

Falsas Condenas

El terrorismo judicial busca cumplir con una de sus objetivos al obtener las falsas condenas de los militares policías y civiles que combatieron al terrorismo. Por supuesto que para llegar a consumar este objetivo, se deben violar normas casi “sagradas” de la justicia y el derecho para los países civilizados, como son los principios, ya nombrados anteriormente, de ilegalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos.

El método usado para lograr las falsas condenas normalmente se fundamenta en cuatro requisitos que ya fueron desarrollados separadamente en este trabajo: El colonialismo judicial, la ideología de las falsas querellas y sus representados, los testigos necesarios y la imprescriptibilidad.

El primer requisito, el colonialismo judicial, es necesario para que bajo el artilugio de la llamada “Justicia Universal” la Corte de Justicia, ignore el derecho positivo, único legitime para las causas penales y use un impreciso “Derecho Consuetudinario”, ilegal para estas causas,

Una vez instituido el derecho consuetudinario, la Corte ignora al legislador, tipificando un llamado delito de “Lesa Humanidad”, vigente según la Corte desde el año 1948, fecha de ingreso de Argentina a las Naciones Unidas, con el único fin de tratar de eludir la obvia irretroactividad en que se incurría, al no estar este delito tipificado por ninguna ley en el momento de los supuestos hechos. En todo este proceder, la Corte violo claramente el principio de legalidad para poder procesarnos ilegítimamente de acuerdo a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo.

El segundo requisito, la imprescriptibilidad, es necesario para que la Corte pueda calificar con esta característica a los ilegítimamente legislados delitos de “Lesa humanidad”.Esto permite, perpetrar nuevas falsas acusaciones, en forma extemporánea, a cualquier militar, policía o inclusive civil, que por su edad pudiera estar involucrado en la Guerra Contra el Terrorismo.

Se debe decir que, permanentemente nuevos hechos se van evocando en forma casi milagrosa, provocando nuevas acusaciones, de acuerdo a las necesidades políticas, no importando la cantidad de años que hayan transcurrido desde los supuestos hechos aquí tratados.

El tercer requisito, la ideología de las falsas querellas y sus representados, es necesario para que, mas allá del afán de lucro, a causa del deseo de venganza de algunos de los antiguos terroristas y sus allegados, los mismos se encuentran predispuestos, representados por las ya nombradas ilegitimas querellas, a presentar falsas denuncias, en muchas oportunidades de acuerdo a las instrucciones recibidas de las organizaciones de persecución del Poder Ejecutivo.

El cuarto requisito, los falsos testigos o testigos necesarios, es imprescindible para darle a los terroristas y sus allegados nombrados anteriormente, la capacidad de atestiguar en contra de los falsamente acusados, con el consiguiente procesamiento y posterior condena, a pesar de comprenderles las generales de la ley, obstáculo legal sorteado, como ya fue explicado anteriormente mediante el eufemismo del “testigo necesario”. Ya habiendo obtenido esa categoría, los antiguos terroristas o sus allegados quedan habilitados por el Tribunal Especial para declarar, pudiendo entonces, no solo presentar falsamente hechos y tipos legales nuevos, sino que además asumen el papel de victimas, lo que les permite evitar la pena que les debería corresponder por el evidente falso testimonio en que incurren.

En definitiva, este perverso mecanismo de cuatro pasos fue creado, como una “Espada de Damocles” para asegurar una falsa condena a los militares, policial y civiles que considere necesario el Poder Ejecutivo de acuerdo con sus intereses políticos.

Las publicitadas declaraciones de la presidente Kirchner con respecto a los resultados que deberían tener estos pretendidos juicios, no hacen mas que reafirmar las características políticas de los mismos.

Por lo tanto, la ilegal condena que va a dictar el Tribunal Especial es parte del plan del Poder Ejecutivo de usar la justicia como arma, por lo que sus integrantes serán participes necesarios del ilegal acto.

Consecuencias del Terrorismo Judicial

Como conclusión a lo dicho, se puede inferir que la interpretación ideológica o la forzada recreación histórica de los hechos del pasado por el Gobierno, para usarlos contra algunas personas, abriendo la puerta a la tiranía y a la utilización del sistema represivo para la persecución del adversario al que ellos identifican como enemigo, es un delito que deberá tipificarse como de “Lesa Humanidad”. Por supuesto se va a decir que ese tipo de delitos no se encuentran incorporados con ese carácter actualmente en nuestro código. Eso es así, pero tampoco estaban los delitos de los cuales somos falsamente acusados hoy, en forma anticonstitucional. ¿Quién puede asegurar que muchos de los presentes en esta sala no van a ser juzgados en el futuro por delitos de “Lesa Humanidad”?

OBJETIVOS DEL TERRORISMO

En realidad, el Gobierno, así como los terroristas, sus cómplices y allegados, buscan alcanzar, con algunas de las maniobras explicadas en este trabajo, entre otros, varios objetivos.

El primer objetivo es continuar con la guerra comenzada por el terrorismo, con apoyo de estados extranjeros que se desarrollo a partir de los años 70.

Lo reflejo el propio ex presidente Kirchner cuando, al haber asumido la primera magistratura, en el momento de entrar en la Casa Rosada, dijo “Volvimos”, en una clara reivindicación del grupo terrorista Montoneros, que habían sido echados de la Plaza de Mayo por el General Perón, por estar en contra, este grupo terrorista, de la pacificación anhelada por la mayoría del pueblo argentino.

Hoy, esa guerra se desarrolla ordenada por el Poder Ejecutivo y con la complicidad temerosa del Poder Judicial. Para el actual gobierno en la guerra no hay reglas, vale todo, actuando de acuerdo a estos preceptos.

El segundo objetivo es justificar los métodos del terrorismo y lograr la impunidad judicial de los terroristas.

El tercer objetivo es la venganza. Este hecho fue confirmado por las palabras del ilegitimo querellante Yanzon, al cometer un error mostrando sus resentimientos y rencores, cuando afirmo que era imposible la resocializacion de los uniformados aquí sentados y de que la privación de la libertad ilegitima, solicitada por el mismo abogado, buscaba la reparación de los terroristas y sus familiares.

Voy a traducir las palabras de Yanzon al español. Eso en lenguaje claro se llama venganza.

Inclusive, cuando Yanzon dice que por las características de nuestros crímenes no podemos ser juzgados en forma normal, sino que merecemos un sistema especial. Parece que olvida el mismo, el Articulo 18 de la Constitución Nacional, confirmando que esto es un tribunal especial

El cuarto objetivo es lograr el enriquecimiento de los terroristas, sus familiares y agentes o abogados, a través de las falsas y desmedidas indemnizaciones solicitadas.

Últimamente se han publicitado escandalosos casos de corrupción en los grupos de persecución y venganza, como fue en el caso del movimiento acaudillado por Hebe de Bonafini, no siendo, sin embargo, el único grupo que ha hecho, una ostentación casi morbosa, de cruceros de placer y autos de lujo. Es mas, el diario “La Nación” editorializo el dieciocho de junio de este año el siguiente comentario: “Las organizaciones de derechos humanos jamás pueden ser una patente de corso que otorgue impunidad para delinquir o encubrir a quienes delinquen”.

Todo lo anterior hace que se pueda denominar, a todas estos grupos de persecución y venganza, como “Derechos Humanos S.A.”, figurando los mismos como integrantes de la “patria contratista”.

Se debe agregar que para la justicia y los fiscales, esas organizaciones están por sobre la ley, en complicidad con los manejos irregulares del Poder Ejecutivo.

Por supuesto que los costos económicos para el cumplimiento de este plan ilícito, fueron, son y serán pagados por el pueblo argentino en su totalidad. Al respecto, hasta el momento, el estado argentino, o sea, su pueblo, ha pagado aproximadamente la suma de 1.800 millones de dólares a los terroristas, sus cómplices y allegados. Tan escandalosa es la cifra mencionada, mucho mas dadas las carencias elementales de nuestra patria, en el aspecto de salud, de jubilaciones, de educación, habitacional, etc., que el gobierno se ha negado taxativamente a dar cualquier información de ella, la que debería estar a disposición del que pago, es decir, del pueblo, en una detallada rendición de cuentas.

Por supuesto que los que nos encontramos, falsamente imputados sentados en este salón no vivimos de esto a diferencia de muchos de los aquí presentes.

Me podrán acusar de muchas cosas, pero no de enriquecerme a costa del Pueblo Argentino, o de la sangre de mis camaradas.

PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

Cuando en el futuro las instituciones republicanas se recuperen plenamente, se deberá tratar y condenar a estos actos aberrantes y a sus autores.

En el caso de que el terrorismo judicial se hubiera realizado solo sobre mi persona, yo estaría dispuesto a perdonar, pero hay otros casos en que no me corresponde hacerlo, y que si no se solucionan, dificultaran obtener la necesitada concordia de los argentinos:

El primer caso son nuestros muertos en cautiverio, que fallecieron en un secuestro denigrante, lejos de sus familias y en muchos casos privados de los mas mínimos cuidados médicos, llegando en algunos casos a configurar abandono de persona o tormento.

El segundo caso son las causas que se inventaron contra numerosos suboficiales de todas las fuerzas, que no tienen, por su grado, ninguna responsabilidad, se encuentran sentados en el banquillo de los acusados y, como ya dije en otra oportunidad, muchos de ellos no entienden ni de que están acusados.

El tercer caso es el gran daño que todas estas maliciosas distorsiones al derecho y sobre todo a la justicia y a la Constitución Nacional han causado a nuestro país al quitarle la confianza del pueblo argentino en la imparcialidad de su aparato judicial, como es de publico conocimiento.

El cuarto caso es la desmoralización e inseguridad que se esta creando en las actuales Fuerzas Armadas y de Seguridad, al exhibir que las leyes que están acatando actualmente, podrán ser cambiadas en el futuro en forma retroactiva, para perjudicarlos e inclusive encarcelarlos, en caso de que existan en ese momento, como ahora, espurios intereses políticos, no cabiéndoles entonces en ese caso, ningún derecho ni garantía. Esta desmoralización se refleja continuamente en el alto grado de inseguridad que actualmente padecen las vidas y los bienes del Pueblo Argentino.

NULIDAD Y CONSECUENCIAS DE ESTE ACTO

Como ya he afirmado al principio de este ilegal acto, he confirmado las peores expectativas que tenia de esta persecución disfrazada de acto judicial.

Mas allá de los numerosos argumentos que demuestran la ilegalidad de este acto, hay algo que escapa al sentido común: No se pueden juzgar hechos de una guerra como si fueran una causa común, Esta arbitrariedad genera situaciones fuera de contexto, resultando en un claro galimatías jurídico. Podrá servir como un laboratorio político, usando los antiguos combatientes como conejillos de indias, pero no servirá para hacer justicia.

Por otra parte ¿Qué se puede esperar de una justicia que cambia absoluciones por votos en el Senado, de acuerdo a las conveniencias del Poder Ejecutivo?

De hecho, en este trabajo he usado mucho la palabra “hipócrita”, y eso es así porque se me agotaron los sinónimos.

Tal como dice el viejo dicho popular “todo lo que empieza bien termina mal, todo lo que empieza mal termina peor”. Estamos claramente ante este segundo caso. Todo esto va a terminar peor.

Por todo lo anterior, quiero ratificarles a los abogados sentados a mi izquierda, que componen el Tribunal Especial Federal Numero 5, que no reconozco como licito nada de lo que se hizo ni se haga en esta sala, aun en el irreal caso, por la clara persecución política de la que soy objeto, de que se me otorgara el sobreseimiento, por no cumplir este acto lo especificado por la Constitución Nacional en su Articulo 18,referido a la formación de comisiones especiales. De la misma manera no estoy interesado en un nuevo sobreseimiento o indulto.

Lo único que exijo es que se cumpla la Constitución Nacional.

Hasta ahora, uno de los principales responsables de la ya nombrada persecución política era el Juez Torres, del Juzgado Especial de Instrucción Federal Numero 12. Ahora ustedes pasan a ser también participes de la citada persecución política.

De todas maneras, en mi caso personal, creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el Penal de Marcos Paz acompañado de dignos camaradas, y no en lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas.

Lo que sí, paradójicamente, tengo que agradecerle a los grupos de persecución y venganza, es que, gracias a este absurdo confinamiento, he dejado de ser un militar en situación de retiro para volver a ser un militar en situación de actividad.

Quiero expresarles, que mi fuerza se fortalece en mi debilidad, por eso me complazco en las injurias, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces es cuando estoy fuerte.

Este falso juicio no va a quedar como un ejemplo, como se ha dicho en forma grotesca. Por el contrario, va a quedar en el futuro como una vergüenza para la Republica, que afectara el derecho, la defensa y la seguridad de la Nación.

La paz, buscada por la mayoría del Pueblo Argentino, entre los que me incluyo, se debe buscar a través de la justicia.

Esto acto es un linchamiento.

Este acto no es justicia.

Alfredo Ignacio Astiz

Capitán de Fragata

Declaración del Teniente Coronel (R) Juan Carlos Amelong, tras su juzgamiento y condena, a 12 años de prisión, por el Tribunal Oral Federal de Paraná.

"Los años 70 se caracterizaron por la guerra revolucionaria armada, los 2000 hasta hoy se caracterizan porla anomia jurídica, como consecuencia de la existencia de gran cantidad de magistrados federales atemorizados y preocupados por cuidar sus intereses pesonales. Ha dicho expresamente el doctor Lorenzetti, en su cáracter de presidente de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que las causas por(supuestas) violaciones a los derchos humanos, se siguen "cumpliendo una política de estado".

"En la causa que se nos llevo a cabo en estos días en Paraná, se violaron mis derechos humanos, cuando:

1ro. Se me enrostró, un delito, cuyo tipo, en aquella época era inexistente, la "lesa humanidad", que no se había imputado en el juicio a las Juntas Militares, que no está tipificado en el Código Penal y que ahora está en los Tratados Internacionales, que no tenían vigencia en el país en los años 70, todo ello violando la Ley de Reforma de la Constitución N°24.309 y la propia Constitución Nacional.

2do. Se me mantuvo con prisión preventiva, violando los Tratados Internacionales, las leyes nacionales y lajurisprudencia de Instancias superiores, nacionales e internacionales.

3ro. Se me sometió a jueces incompetentes, violando el principio constitucional del juez natural y la Ley 23.049; como también cuando se me rechaza uma recusación contra el doctor Gustavo Ibañez, fundada en que no puede integrar la Cámara de Apelaciones, cuando en la misma causa intervino como Juez de Primera Instancia, e incluso adoptó resoluciones de mérito.

4to. Se me violó el debido proceso penal, violentando el Art. 12 de la Ley 24.121, la ultra actividad del Código de Justicia Militar, los artículos 18 y 118 de la Constitución Nacional.

5to. Se violaron los "principios del derecho penal", tales como la igualdad ante la Ley, inocencia, irretroactividad, defensa en juicio, etc; en síntesis todos los derivados del principio de "LEGALIDAD".

6to. Se me agravaron arbitrariamente las condiciones de detención.

7mo. Se me achacó una responsabilidad objetiva, por el mero hecho de haber revistado en una determinada Unidad Militar, retrotrayendo el derecho a lo más vil del sistema inquisitivo.

8vo. Se invocaron pruebas falsas, se prepararon y presionaron testigos, se dio verosimilitud a testimoniales amañadas e interesadas, mientras no se valoró la validez de pruebas documentales con carácter de instrumente público.

9no. Se pretendió ocultar que incumbían las "generales de la Ley", a testigos que también eran querellantes, presentándolos como terceros ajenos, sin intereses personales, políticos, ideológicos y económicos.

Todo ello en un contexto de una brutal campaña campaña mediática, subvencionada con dineros públicos, engañando a buena parte de la población y creando, al decir de Daniel Pastor, "la octava maravilla del mundo", poniendo en acto un gran negocio para pocos, mediante la política kirchnerista de los derechos humanos.

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