Mayo | 2011
Logo Justicia y Concordia
Silver Freight

OTRAS NOTICIAS

Justicia, Concordia y... Fortaleza
Comunicación con y entre sus socios y amigos.
derechos humanos y legalidad
Por Alberto Solatet para LA NACION
un real peligro
Impecable artículo sobre lo que está ocurriendo en el país vecino.
EnsaÑamiento anti-terapeutico
Malos tratos al amparo de la justicia argentina.

Justicia, Concordia y... Fortaleza

Con este primer número, Abogados por la Justicia y la Concordia (AJyC) pone en marcha otro medio para la comunicación con y entre sus asociados y amigos. De ese modo será posible mantener actualizada la información acerca de las actividades de la asociación, así como recibir inquietudes y sugerencias, en particular de aquellos de los nuestros que por diversos (y atendibles) motivos no siempre pueden participar de las reuniones mensuales.

Todos nosotros sabemos que nos hemos propuesto objetivos difíciles, lo que no significa que sean inalcanzables. Esto último dependerá de nuestra perseverancia, de que seamos “inasequibles al desaliento” y de que no perdamos la convicción de que bregamos por una causa justa.

         Debemos aprender también a mirar más allá de lo que es puramente cotidiano y circunstancial. Cualquiera fuere el resultado de las próximas elecciones, sería insensato pensar que nuestros graves problemas van a tener una solución mágica e inmediata. Ninguno de los candidatos, más allá de ciertos matices, parece tener una idea clara acerca de lo ocurrido y lo que ocurre hoy en el país con el orden jurídico. Por lo tanto, nuestro combate por la recuperación de la justicia y el restablecimiento de la concordia no habrá de concluir en octubre.

        Esta postura realista nos obliga a templarnos en la práctica de las cuatro virtudes cardinales. Pero de éstas es posible que de la fortaleza tengamos mayor necesidad.

Sepamos sin embargo que Tomás de Aquino enseña que “es un acto más principal de la fortaleza resistir, esto es, permanecer inmóvil ante el peligro, que atacar”. Y entre las razones que da para justificar esa sentencia, enuncia que “el resistir implica mucho tiempo, mientras el ataque puede ser repentino, y es más difícil permanecer firme mucho tiempo que dejarse llevar por un impulso repentino para realizar una empresa ardua”.

Ánimo, pues, y a revestirse de coraje y de paciencia. Desde nuestro testimonio de abogados valientes, podremos apostrofar a nuestros compatriotas con aquél dicterio tan actual de Castellani: “¡Oh argentinos, que no sois capaces de airaros y os refugiáis en la pasividad resentida! No sois fuertes, ni sois tan siquiera pacientes.”

Hasta la próxima.

Derechos humanos y legalidad

Por Alberto Solanet para La Nación

Seguramente el jueves, 24 de marzo, el Gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La institución de ese feriado y su denominación muestran una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

Como siempre, la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de "lesa humanidad", figura difusa que alcanza, además de a los militares y fuerzas de seguridad que participaron en la guerra contra la subversión en los años 70, a cualquier ciudadano a designio del Gobierno. No es una afirmación retórica. Con esa calificación utilizada para alegar la imprescriptibilidad, la señora Herrera de Noble y sus hijos sufren una implacable persecución judicial; José Alfredo Martínez de Hoz y Jaime Smart están presos y desde la Presidencia de la Nación se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a los medios de prensa más importantes.

Esta política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento se intensificó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a cuya instancia el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales. Estas leyes habían sido sancionadas por gobiernos constitucionales y por parlamentos plenamente representativos, que interpretaron la voluntad ciudadana de superar un pasado de violencia y confrontación. Las leyes de amnistía fueron declaradas constitucionales por el mismo alto tribunal que luego, a través de los fallos "Arancibia Clavel", "Lariz Iriondo", "Simón" y "Mazzeo", obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos.

De esta forma se vulneró la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno y desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados. Se ha negado la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde. Se ha excedido en mucho el límite de dos años impuesto para la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria. Se ha ejecutado, además, un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. Así, hay hoy mil presos políticos y ciento veinte muertos en cautiverio. Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades.

Quienes juzgaron a la junta de comandantes fueron entrevistados en el suplemento Enfoques, editado por este diario, el 15 de agosto de 2010, y Julio César Strassera afirmó: "Este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos". En tanto, Guillermo Ledesma dijo: "Nosotros, en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes". Y más adelante: "Yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que como dije viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión". Finalmente, sostuvo que "el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización". Por último, Luis Moreno Ocampo opinó: "Yo creo que es válida la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio, no se pueden utilizar para la prescripción. Aquí hay un problema grave de prescripción".

En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante ministros, políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado que "no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos", que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del Poder Judicial. Manifestó además que "el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado". Y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida, así como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por último, agregó que se había creado una comisión inter-poderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Con estas manifestaciones cometió un grosero prejuzgamiento, revalidó el funesto error en el que incurrió la Corte y evidenció que se ha operado la sustitución del Código Penal por una difusa política de derechos humanos.

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de derecho debería dejar de denunciarlo. Es necesario reaccionar con la fuerza de la ley para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia. © La Nacion

El autor es presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Fuente: La Nacion | Edición impresa - Lunes 21 de Marzo

Un real peligro

Impecable artículo sobre lo que está ocurriendo en el país vecino.

Julio María Sanguinetti

El oficialismo frentista ha dado un paso que es una divisoria de aguas. Habrá un antes y un después. Desconocer abiertamente dos pronunciamientos del máximo órgano del sistema institucional uruguayo, el cuerpo electoral, no es un episodio político más de la polémica vida de la democracia.

En este caso, los legisladores del Frente Amplio se atreven a cruzar un límite que ni la dictadura rebasó, cuando en 1980 el pueblo dijo NO a su propuesta constitucional y se allanó a reconocer que la situación de facto debía terminar.

El Senador Saravia calificó a esta presunta ley interpretativa como un "golpe de Estado técnico" y no está lejos de la verdad. La renuncia del Senador Eleuterio Fernández Huidobro, el compañero de guerrilla y prisión del Presidente Mujica, es la expresión viva del golpe moral que representa para un partido que hizo de la convocatoria popular su permanente instrumento de lucha política.

Ya poco importa que todo este desvío ocurra violando la plataforma electoral del gobierno, que comprometía el mantenimiento de la ley de Caducidad. Ahora la mayoría regimentada va mucho más allá, arrogándose un derecho que unánimemente la cátedra considera que no lo posee ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, una vez que un órgano superior a ellos se ha pronunciado.

Para peor, a esta violación en la raíz, se le añade el atropello de todos los principios del Estado de Derecho.

Se establece como "interpretación obligatoria" una ley que anula los efectos de otra. O sea que no interpreta sino que la borra del ordenamiento jurídico.

Se dispone la nulidad de las normas, o sea, su inexistencia desde el origen, que no existe en nuestro sistema y ya fue expresamente rechazada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 2009.

Se atropella el principio de irretroactividad de la ley penal, fundamental en los Estados democráticos. No otra cosa supone calificar de delitos de "lesa humanidad" a hechos ocurridos cuando no existía esa categoría legal.

Por supuesto, de la cosa juzgada nada queda, pues se reabren aquellos casos en que los expedientes se habían clausurado.

Se viola abiertamente la prescripción de los delitos, por un procedimiento de flagrante desviación de poder: específicamente no se cuenta para el plazo de prescripción el lapso transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 hasta ahora. La ley se introduce así en juicios concretos y establece que estos años de plena vigencia democrática han sido una especie de limbo jurídico en que ni los plazos corren.

La violación se trata de envolver bajo el manto de una supuesta obligación internacional. Y decimos supuesta porque nuestra Constitución no acepta ninguna supranacionalidad y en consecuencia aquello que se ha resuelto conforme a ella, de ninguna manera puede ser desconocido por un tribunal internacional.

Su sentencia, por otra parte, no le manda al Estado uruguayo anular o derogar la ley. Le manda que se investigue, cosa que se está haciendo y que jamás prohibió la ley de Caducidad, como machaconamente se repite con falsedad.

En otro orden, el fallo exhorta a indemnizar en dinero los daños causados por el Estado, aun cuando fuera bajo la dictadura.

Y esto ya lo viene haciendo desde hace años el Estado uruguayo, que lleva invertidos más de 6 millones de dólares en pagar indemnizaciones.

Uruguay amnistió a todos. Amnistió a los guerrilleros, aun aquellos que no estuvieron ni un día presos. Amnistió a los militares y policías, porque las amnistías son generales o no lo son.

Quien haya visto la emocionante película "Invictus" podrá medir cómo Mandela pacificó Sudáfrica luego de los ominosos años del apartheid, sin castigo para nadie y perdón para todos. Lo mismo España en su tiempo, que fue nuestra fuente de inspiración.

Parecía que ese espíritu había llegado a nuestro país, luego del referéndum de 1989, cuando la propia comisión proponente dijo que acataría.

Desgraciadamente, una minoría revanchista, a la que se ha sumado una burocracia que vive profesionalmente de sostener una doctrina tortuosa y antidemocrática de los derechos humanos, provocó un nuevo plebiscito, volvió a perder, pero ahora arrastra al Frente Amplio a este paso que es jurídica, política y moralmente insostenible.

Lejos de cerrarse un capítulo, se ha abierto otro, grave y penoso. Un laberinto de recursos de inconstitucionalidad, citaciones y conflictos de poderes se hará inevitable, manteniendo al país atado a un conflicto artificial que la paz del país desconoce.

Estamos afuera del límite del Estado de Derecho. Por eso no es aceptable que a todos los errores se sume ahora el del Presidente que relega el tema al Parlamento y al Frente Amplio, como si él no fuera co- legislador y además Jefe de Estado, responsable último del equilibrio institucional.

Hacía años que nuestra orgullosa democracia no vivía una situación tan peligrosa.

Es preciso advertirlo para que podamos eludir este mar de Sargazos al que se nos está llevando.


Ensañamiento anti-terapéutico

Malos tratos al amparo de la justicia argentina.

La bioética llama “ensañamiento terapéutico” al incorrecto y excesivo tratamiento que, generalmente en las Unidades de Terapia Intensiva, se realiza a veces a enfermos terminales que ya no tiene sentido tratar. Sucede con menos frecuencia de la que se menciona porque, en realidad, el médico está para apostar por la vida aún con pocas posibilidades; pero alguna vez sucede.

        Lo que no es concebible es que los médicos se ensañen en no tratar. No, por lo menos, sin dejar de inmediato de ser médicos; aunque más no fuera por grosera violación del juramento hipocrático (o su superfluo sucesor de la Organización Mundial de la Salud) que prestaron el día en que recibieron su diploma. Por él quedan obligados a brindar atención a todo enfermo que la solicite, cualquiera fuese su condición.

        Sin embargo, la negativa de ser tratados es lo que sucede con buena parte de los presos políticos alojados en el penal de Marcos Paz. A demoras inconcebibles que han costado, se nos asegura, la vida de muchos de los ciento veinte muertos en cautiverio; al daño psicológico de hacer sentir desprotegidos a muchos mayores de sesenta y setenta años, se suma ahora el retaceo de instituciones públicas y privadas de internarlos cuando lo solicitan. Cabe recordar que a ellas deben recurrir los que no son militares y, por ende, no cuentan con instituciones sanitarias dependientes de las Fuerzas Armadas.

        Los presos de Marcos Paz relatan que en los hospitales públicos Argerich y Municipal de San Isidro, y en las instituciones privadas Instituto Médico Platense y Fundación Favaloro se les ha recortado la atención. En algún caso hasta se ha negado la cirugía a quien tenía indicación quirúrgica precisa hecha en el mismo hospital, como sucedió en San Isidro debido –dicen- a una orden del intendente local.

        Por lo demás, declaran malos tratos por parte de profesionales, “médicos de buena memoria”, como se certifica con malsana sorna respecto del padre von Wernich en el periódico Sur (5/XII/2010, pág 27). Si a eso se suma que, según testimonio de los presos, se han evacuado muertos no tratados en el penal hacia el hospital de Marcos Paz en lo que entienden como una maniobra de ocultamiento de la desidia de la sanidad carcelaria, podrá tenerse una idea de la tortura adicional que se hace pesar sobre este grupo de detenidos que promedia más de sesenta años.

        Ensañamiento, no hay duda.  


Tucumán 1650 1º D | C1050AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL | FAX (54 11) 5273-9978 | INFO@justiciayconcordia.org | www.justiciayconcordia.org
Facebook Logo
VISITE LA PÁGINA DE JUSTICIA Y CONCORDIA EN FACEBOOK.

Haga click en el botón para seguirnos.

¿No posee cuenta? Click AQUÍ